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La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires condena un caso de violación marital
 

El 29 de agosto de 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dictó una sentencia en la que recorre los tratados internacionales y las sentencias de tribunales internacionales que condenan la violación en el matrimonio.

(Buenos Aires, 24 de octubre de 2014) - El proceso contra el Sr. JDR comienza en Necochea, donde se lo condena a 6 años de prisión por ser responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal cometido contra su esposa. La defensa apela esta sentencia alegando que no fueron probadas las violencias ejercidas para resistir la defensa de la víctima y que no se probó que el hecho (es decir, la relación sexual) no fue consentido. La defensa del Sr. JDR sostuvo que el contexto de violencia de género no inhabilita a la mujer, ni afecta su libre consentimiento y que de esto no puede derivarse que en este caso hubiera habido  oposición al acto sexual, al no acreditarse el ejercicio de violencia física sobre la víctima.

La Suprema Corte rechaza el recurso de la defensa apoyándose especialmente en los tratados internacionales. Sobre ellos afirma que, en procesos penales como este que analiza, el estándar probatorio exige la aplicación de la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer  (CEDAW por sus siglas en ingls); además de la Ley integral de protección contra todas las formas de violencia (Ley 26.485) y la Ley provincial de violencia familiar (Ley 12.569).

Con este marco normativo, la Suprema Corte provincial hizo una valoración del testimonio de la víctima llegando a la siguiente conclusión: “(…) no es posible concebir un derecho penal moderno sin contemplar los derechos de las víctimas y, en particular, frente a la violencia de género, la revisión de la valoración probatoria debe efectuarse con especial cautela, otorgando singular relevancia al testimonio de la mujer.” En este sentido, el tribunal argumenta la necesidad de prestar especial atención a las víctimas por ser delitos que se cometen al amparo de la privacidad, además de identificar los hechos imputados como violencia de género.

Sobre el consentimiento de la víctima alegado por la defensa, sostienen que debe evaluarse el contexto en el que se dio la relación sexual y que en el marco de una relación marital, alegar que esta aquiescencia se deriva del “débito conyugal” constituye un prejuicio y concepción estereotipada que el estado argentino se ha comprometido a erradicar. Señalar lo contrario sería minimizar una historia precedente y un círculo de violencia hacia la mujer. En ese sentido, la sentencia de la Corte evoca a la falsa dicotomía entre la esfera pública y la privada, según la cual a la justicia penal no le correspondería inmiscuirse en los “asuntos de pareja”.

Por el contrario, el tribunal retoma la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales que se detienen en el contexto de coerción en el que pudo estar sumida la víctima y no en la resistencia física como forma de probar la violación. En este sentido remiten al caso Furundzija del Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia donde se sostiene que para que se configure la violación basta con que “…[se coloque] a la víctima en una situación de temor razonable de que ella o una tercera persona sean sujetas a violencia, detención, coacción u opresión psicológica…”

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dicta así una sentencia valiosa, que reconoce el contexto del contínuo de violencia en el que se encuentran muchas mujeres en las relaciones de pareja.

La sentencia completa en nuestro Observatorio de Sentencias Judiciales.

 
 

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