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Claroscuros en las políticas contra la violencia de género

 

A cinco años de la sanción de la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia es tiempo de promover la rendición de cuentas

(Buenos Aires, 25 de noviembre de 2014) - En 2014 se cumplen cinco años desde la aprobación de la Ley 26.485 para protección integral frente a todas las formas de violencia contra las mujeres en sus relaciones interpersonales.

La sanción de esta ley significó un cambio de paradigma en el abordaje de la violencia de género en Argentina: una ley ambiciosa y abarcadora de distintas manifestaciones de la violencia contra las mujeres, colocó a nuestro país entre aquellos que dieron el paso hacia legislaciones de segunda generación, luego de una primera década concentrada a la violencia familiar o doméstica, de la que las mujeres eran de todas maneras las principales víctimas.

El marco regulatorio logrado con la sanción de la Ley 26.485 se complementó un año más tarde con la aprobación del Decreto Reglamentario 1011/2010, luego de un proceso abierto a la participación de diversos actores institucionales. En el territorio de las provincias, se avanzó en la aprobación de normas locales para adherir al texto de la Ley Integral de Violencia, en ocasiones adaptándola a las particularidades propias de cada contexto local.

La Ley 26.485 es una herramienta sumamente interesante que planteó un ambicioso plan de acción que se proponía coordinar a diversas instituciones (Ministerios, Secretarías, Poderes del Estado) y jurisdicciones (a nivel nacional, provincial y local) para abordar las diversas formas de violencia que sufren las mujeres en el marco de sus relaciones interpersonales.  La ley propuso acciones dirigidas a articular las acciones de generación de información, capacitación y asistencia (social, económica y jurídica), todas estrategias imprescindibles en el trabajo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia.

A cinco años de la sanción de la Ley Integral de Violencia, es momento de realizar una evaluación inicial de su implementación y efectividad. Es tiempo de impulsar acciones de monitoreo y rendición de cuentas.

Si bien se ha avanzado en la creación de ciertas herramientas e implementación de políticas sumamente relevantes, es necesario indagar sobre su coordinación, cobertura y alcance.  Hay una cantidad importante de acciones previstas en la  Ley 26.485 que aún no han sido abordadas de un modo suficiente. Del mismo modo, se registra una importante disparidad en las diversas jurisdicciones, con superposición de recursos en algunos casos y escasa cobertura en muchos otros. Conocer los déficits y brechas existentes en relación con las políticas dirigidas a la implementación de la Ley Integral de Violencia es un paso imprescindible para establecer un curso de acción para el futuro, avanzando hacia el compromiso de la erradicación de la violencia contra las mujeres.

En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, ELA presentará un documento que brinda un panorama general del estado de avance en la implementación de la Ley 26.485 a nivel nacional y en las provincias, abordando algunos temas fundamentales:

  • Los avances que significó la ley en términos de definiciones, propuestas y políticas
  • La situación en relación con la obligación del estado de producir y difundir información
  • La disparidad en la disponibilidad de servicios en distintos puntos del país
  • La violencia contra las mujeres en los discursos públicos
  • El femicidio, los datos y las condenas
  • El impacto de la violencia en las adolescentes y mujeres jóvenes
  • Los avances en el trabajo con los medios de comunicación

Argentina es uno de los 9 países de la región que cuenta con una ley integral para el abordaje de la violencia contra las mujeres, y el único que no ha difundido todavía su Plan Nacional para la lucha contra la violencia. Además, Argentina es uno de los pocos países de la región que, a pesar de contar con normas penales que sancionan con mayor severidad el femicidio, no ha tomado aún acciones para la medición oficial de esta forma extrema de violencia.

Para erradicar al violencia contra las mujeres transformando una cultura de discriminación y tolerancia, es preciso conocer la real dimensión de la situación, planificar acciones coordinadas y adoptar una práctica constante de monitoreo y evaluación de las medidas que se tomen.

El documento de ELA se propone constituir un aporte en ese sentido.

 
 
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