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Comunicado de la Alianza Nacional de Abogadxs por los DDHH de las mujeres por el Día Internacional de Lucha por la Violencia contra las Mujeres
 

(Buenos Aires, 25 de noviembre de 2014) - Desde la Alianza Nacional de Abogadxs por los DDHH de las mujeres, integrada por 186 profesionales, reclamamos en este día internacional de lucha, un compromiso serio de parte del Estado en resguardar el derecho de toda mujer a vivir una vida libre de violencia.

Exigimos resortes institucionales judiciales y extrajudiciales eficaces para hacer frente a las denuncias de violencia que formulan a diario las mujeres argentinas en el marco de la ley 26.485.

Reclamamos que los Poderes del Estado tributen con respeto la “obligación de investigar”todas las denuncias de violencia que lleguen a su conocimiento y de proporcionar un juicio oportuno a las víctimas (art. 7 ley 24.632), de conformidad con los estándares nacionales e internacionales señalados como “debidos” tanto para la violencia doméstica como para la que victimiza a la mujer en el resto de sus relaciones interpersonales. Un rol activo de parte del Estado frente a este flagelo, resulta imprescindible para construir un mensaje social que disuada  y no que facilite este tipo de patrones culturales que resultan propicios para recrudecer la violencia contra las mujeres.

Repudiamos todo tipo de re-victimización en el marco de los procesos judiciales que sustancien investigaciones sobre violencia sexual, para lo cual debe el Poder Judicial en todas sus instancias contar con operadores/as del derecho capacitados técnicamente en la materia.

Exigimos se desarticulen las violencias que se perpetúan dentro del ámbito de la salud, principalmente las que afectan el uso y goce de los derechos sexuales y reproductivos. Indisponer  o crear barreras para el acceso al aborto de embarazos riesgosos o forzados, dificultar el acceso a métodos anticonceptivos reversibles o irreversibles, medicalizar innecesariamente procesos naturales, promover un trato deshumanizado en la atención de embarazo, parto, puerperio y aborto y negar atención post aborto, son comportamientos usuales dentro del ámbito de la prestación de salud y constituyen  violencia obstétrica y violencia contra la libertad reproductiva.

Reclamamos agilidad en los procesos que sustancian contingencias del derecho de familia, puesto que la lentitud en resolver estos casos depara dependencia de las víctimas con sus maltratadores y con ello, violencia económica entre otras tantas.

Erradicar la violencia contra las mujeres requiere de una acción política diseñada estratégica y técnicamente de forma transversal desde los tres poderes del Estado, para impactar en la de-construcción de un entramado social plagado de violencia simbólica, que favorece las jerarquías entre los sexos y coloca en un lugar de inferioridad a las mujeres. 

La Sociedad Civil puede acompañar, pero jamás reemplazar las acciones políticas de gobierno. Basta de tolerar, desde el Estado, la violencia contra las mujeres.

 
 

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