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El femicidio en las trampas de la ley
 

Un fallo del Tribunal Oral Número 26 de la Ciudad de Buenos Aires muestra, una vez más, los límites de las normas protectoras de los derechos de las mujeres en el proceso de interpretación por operadores de la justicia. 

(Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014) - El 11 de diciembre el Tribunal Oral Número 26 de la Ciudad de Buenos Aires, dictó sentencia en un caso de femicidio cometido por la ex pareja de la víctima. Para condenar al acusado, Giujuza, a prisión perpetua el Tribunal aplicó el artículo 80 inciso 1 del Código Penal, por tratarse de un homicidio cometido contra una expareja. Sin embargo, en la sentencia se pone en discusión si debe aplicarse el inciso 11 del mismo artículo  del Código Penal, que establece también el agravante de la figura de homicidio a quien matare “a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

Este es uno de los supuestos en los que se agravó la figura del homicidio con la reforma introducida por la Ley 26.791 (otros supuestos incluyen el homicidio cometido contra ex parejas, con odio de género o a la orientación sexual e identidad de género). Sin embargo, la poca poca aplicación del supuesto contemplado en el inciso 11 del artículo 80 sumado a la interpretación que se hace del concepto de violencia de género permite ver los límites de la reforma 26.791 al ser aplicada por operadores judiciales.

Los tres integrantes del tribunal coinciden en la aplicación del artículo 80.1, que a partir de la ley 26.791 fue modificado para que comprenda –además de casos de ascendientes, descendientes y cónyuges- también los de “ex cónyuges, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia.”

“Con relación al requisito ‘relación de pareja’, se ha probado que Andrea Melo y Maximiliano Giujuza, mantenían esa relación desde hacía unos 7 años, que convivían en la casa de propiedad de la madre del imputado, junto con los dos hijos que tuvieron en común. Esta circunstancia no ha sido cuestionada por las partes.” (Voto de jueza Yungano)

No coinciden respecto de la aplicación del supuesto de alevosía y ensañamiento (inciso 2), y de “femicidio” en los términos en que se incluyó ese agravante en el inciso 11 del Código Penal, referido al asesinato cometido por un varón contra una mujer cuando “mediare violencia de género”. Resulta interesante ver los diferentes argumentos que plantearon los integrantes del Tribunal para considerar que no debía aplicarse tal inciso. 

En su voto,  la jueza Yungano menciona al pasar la “dudosa constitucionalidad de la norma”, sin brindar mayores argumentos al respecto y continúa afirmando que:

“(…) viola el principio de igualdad ante la ley, el fundamento de la mayor penalidad, debemos buscarlo en la condición del sujeto pasivo y en las circunstancias especiales de su comisión: violencia ejercida en un contexto de género.” (Voto de jueza Yungano)

Si bien el Tribunal no se detienen en analizar su constitucionalidad, lo cual podría haber sido sin dudas un ejercicio interesante, prosigue evaluando la configuración de los requisitos, en particular aquel que exige que se de en un contexto de violencia de género ejercida contra ‘el sujeto pasivo’ ya que el homicidio contra una mujer no siempre implicaría que se cometa femicidio y que resulte aplicable el inciso en cuestión.

Por su lado, la jueza Llerena se refiere a este punto:

“(…)cuando el tipo penal hace mención al homicidio agravado cometido por un hombre contra una mujer y cuando mediare violencia de género, se tiene que haber acreditado en forma fehaciente, el elemento normativo contenido en el tipo penal, esto es que en el suceso “medió violencia de género”. (Voto de jueza Llerena, el destacado es nuestro).

Nuevamente, se sostiene Llerena que debe probarse que el homicidio se haya dado en un contexto de violencia de género: “el que está caracterizado por una situación de subordinación o sometimiento de la mujer al varón”

Pero continúa su análisis diciendo que no se encontró probado que entre ambos exista una situación desigual de poder:

“En el caso concreto, de los elementos de prueba, surgió que hubo actos de violencia  entendiendo por ellos no sólo la física contra Melo, sino también llamados reiterados por teléfono, hostigamiento a su lugar de trabajo, por ejemplo, sobre lo que no corresponde explayarse ya que nada dijo la defensa al respecto. A diferencia de ello, no encuentro – en este caso- y más allá de un discurso retórico, la acreditación de los extremos que permitan sostener que Guijuza consideraba inferiores a las mujeres, requisito que entiendo necesario para que se verifique el supuesto del inciso 11 del Art. 80 del C.” (Voto de jueza Llerena, el destacado es nuestro).

Lo que parece  indicar que aún probados actos de violencia como los mencionados, esto no supondría que se obre a partir de la creencia en la inferioridad de las mujeres.

Mención aparte merece el voto del juez Fernández, quien mostrando un importante desconocimiento de lo que implica el concepto “violencia de género”, sostiene que en este caso Giujuza no obró matando a su ex pareja por ser mujer: sino que lo hizo por que se trataba de ‘su’ mujer. Y por tanto no se puede aplicar el agravante del inciso 11.

“(…) no fue el género mujer lo que determinó su accionar sino que mató a su pareja …  que no era cualquier mujer sino alguien con quien se había interrelacionado durante unos siete años”. (Voto de juez Fernández).

La afirmación es sorprendente  ya que el mismo juez se encuentra repitiendo una de las principales características de la violencia contra las mujeres, que implica para los varones considerarlas de su propiedad y, por tanto, creerse con derecho a disponer (aún) de sus vidas.

Esta sentencia, donde por primera vez se discute la aplicación de la reforma introducida por la ley 26.791 y se esboza un cuestionamiento sobre la constitucionalidad de algunos de sus incisos, nos debe llevar a preguntarnos sobre la efectividad de leyes que intentan introducir la perspectiva de género en el derecho, en el marco de su interpretación por operadores que le harán decir a las leyes lo que la cultura patriarcal quiere que digan. 

La sentencia completa en nuestro Observatorio de Sentencias Judiciales.
 
 

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