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Comunicar Igualdad. 11/12/2014
Claros y oscuros en la implementación de la Ley de Protección Integral de la Violencia
 

Muy poca producción y sistematización de datos, falta de implementación de un Plan Nacional y de encuestas de prevalencia, limitación presupuestaria y ausencia de liderazgos comprometidos. Estas son algunas de las conclusiones de un estudio de evaluación de la implementación de la Ley 26485 de Protección Integral de la Violencia, presentado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA) a más de 5 años de sanción de la ley.

Por Sandra Chaer

COMUNICAR IGUALDAD- La Ley 26485de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollan sus Relaciones Interpersonales fue aprobada por el Parlamento en marzo del 2009 y reglamentada un año más tarde. Desde entonces, se ha avanzado en la implementación de algunos aspectos de la misma, pero aún estamos lejísimo de una puesta en práctica integral y acorde a la gravedad de la problemática para la cual fue creada.

Con la intención de analizar este proceso- y como parte de una investigación en curso cuyos resultados definitivos se conocerán el próximo año- el Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA) presentó -con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNFPA)- los resultados de la investigación Claroscuros en las políticas contra la violencia de género, el miércoles 10 de diciembre.

La ley significó un cambio de paradigma en el abordaje de la violencia de género en Argentina: una ley integral, ambiciosa y abarcadora de distintas manifestaciones de la violencia contra las mujeres, que colocó a nuestro país entre aquellos que dieron el paso hacia legislaciones de segunda generación” señala el informe.

Sin embargo… cinco años después hay muchísimas deficiencias en la implementación de la misma. La más evidente es que aún no ha sido aprobado y puesto en práctica un Plan Nacional. Según mencionó Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, durante la presentación del informe, el Plan estaría actualmente realizado y validado y esperando ser firmado por las autoridades responsables para ser puesto en práctica en el año 2015. Sin embargo, como bien señala la investigación, ya en otras oportunidades desde el Poder Ejecutivo (PE) se señaló que el Plan estaba a la firma, y aún no se lo conoce.

Otra cuestión planteada por Gherardi es la ausencia de información sobre la implementación de la ley en cada provincia. Las fuentes de información principal del trabajo de ELA fueron los informes nacionales presentados por Argentina ante el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Informe Nacional Beijing + 20, presentado recientemente a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe  (CEPAL), y en ambos la información sobre implementación de las disposiciones de la Ley 26485 refieren al ámbito nacional, mientras que se sabe que en las provincias también se están llevando adelante acciones para implementar la norma.

Gherardi también planteó la necesidad de liderazgos políticos fuertes para la implementación de los temas de género y de formación específica en el tema de quienes presiden estos espacios. “A nadie se le ocurriría poner al frente del Ministerio de Economía o de Justicia a una persona que no sea experta en el tema. En relación con género deberían tomarse las mismas consideraciones” afirmó.

No se informa

La investigación de ELA cotejó las disposiciones de la Ley 26485 para cada ministerio -ya que si bien el organismo articulador de la misma es el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), la ley establece obligaciones para seis ministerios y otros organismos del Estado- con la efectiva implementación reportada por el Poder Ejecutivo en los mencionados informes presentados a la OEA y la CEPAL.

De 49 disposiciones previstas para los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Salud, Justicia, Trabajo y Defensa; y para la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Secretaría de Comunicación Pública y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), sobre 38 (77,5%) de las mismas el Poder Ejecutivo informó que no se habían realizado acciones, aunque desde ELA se recabó que en muchos casos sí había implementación de programas específicos, lo cual evidencia una falla importante en la sistematización de las políticas públicas.

Acciones existentes

Algunas de las políticas existentes reportadas en el informe son la creación del Programa Ellas Hacen que, según señala el Poder Ejecutivo (PE), abarca a 100 mil mujeres de todo el país que, entre otras características de ingreso al programa, son víctimas de violencia. Desde ELA se resalta, sin embargo, la necesidad de contar con mayor información demográfica y evaluaciones de impacto del mismo.

Otras políticas reportadas por el PE son la creación de refugios para víctimas de violencia; las acciones de acceso a la justicia implementadas por la Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el Seguro de Capacitación y Empleo para Víctimas de Violencia del Ministerio de Trabajo; y la creación de un Registro Único de Víctimas que llevaría adelante el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), entre otros programas.

Sobre el Registro Único de Víctimas, el informe de ELA señala que el convenio para su realización entre el INDEC y el CNM fue firmado hace más de 2 años y aún no se conoce en qué etapa del mismo estamos. “Se trata de un proyecto muy ambicioso para la generación de estadísticas -señaló Gherardi- y una cosa que deberíamos saber es qué se está haciendo en cada etapa y una estimación de cuándo arrojará resultados.”

La directora ejecutiva de ELA también advirtió cómo la mayoría de las políticas públicas implementadas hasta la fecha se focalizaron en la violencia que sufren las mujeres en las relaciones interpersonales, particularmente de pareja, y cómo aún no se ha enfatizado lo suficiente en las nuevas formas de violencia que la ley describe, como la institucional o la obstétrica. Destacó, sin embargo, que dentro de esas nuevas figuras la que ha recibido mayor atención es la de violencia mediática.

También fue particularmente valorado el funcionamiento y la producción estadística de la Línea Nacional de Violencia 144 que, entre septiembre del 2013 y abril del 2014 atendió más de 13 mil llamadas telefónicas, las cuales fueron derivadas a servicios de asistencia de todo el país.

 
 

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