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La justicia ratifica la obligación del Gobierno porteño de asegurar el derecho de las mujeres con discapacidad a los abortos legales

 

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Nro 2 dictó una nueva resolución en el marco de la causa que impulsan ELA, ADC, CELS y REDI que busca que la reglamentación del aborto legal en la Ciudad de Buenos Aires sea acorde a los lineamientos dados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso FAL.

(Buenos Aires, 13 de enero de 2014) - Una nueva resolución ordena al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a que de efectivo cumplimiento a los lineamientos brindados con anterioridad por la justicia, para la reglamentación del Sistema de Apoyos para mujeres con discapacidad que quieran acceder a abortos legales.

El Ministerio de Salud de CABA debía implementar un sistema de apoyo y salvaguarda para las mujeres con discapacidad intelectual/psico-social que solicitan que se les practique un aborto en los términos previstos en el artículo 86 del Código Penal. Por eso, dictó la Resolución n° 1860-MSGC-2013 a través de la cual se conformó un “Equipo interdisciplinario de apoyo”, que estaría integrado por diversos profesionales designados por la Dirección de cada Hospital.

Sin embargo, esta medida tomada por el gobierno porteño no se ajustó a los lineamientos dados por la justicia. Esto es así ya que, tal como se le indicó, los sistemas de apoyo deben ser elegidos por la mujer con discapacidad entre las personas de su confianza. En virtud de ello fue que, en el marco de la causa, se le ordenó al Gobierno local que se ajuste a los lineamientos. Una disposición del juzgado, una vez más ordenó –en lo principal- modificar dicha Resolución de forma que se establezca que el sistema de apoyos es un derecho de la mujer y no una obligación que pueda imponerse contra su voluntad, así como también que dicho sistema debe estar integrado por personas con las cuales la mujer tenga una relación de confianza previa y con su acuerdo.

De esta forma, se requiere que la regulación ministerial se adecúe al paradigma del ‘sistema de sustitución en la toma de decisiones’ que manda la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que constituye un pilar imprescindible para garantizar la igualdad de las personas con discapacidad en el ejercicio de sus capacidades jurídicas y de sus derechos.

La decisión del Juzgado sostiene que "(…), según las características particulares que presente cada mujer con discapacidad, la necesidad del apoyo que requerirá así como el grado de intensidad del mismo variará, sin perjuicio de lo cual resulta esencial dejar establecido -una vez más- que el sistema se endereza a expandir y potenciar la autonomía y la voluntad de las personas con discapacidad y, bajo ningún aspecto, a sustituir su voluntad."

A partir de esto, con fecha 16 de septiembre de 2014, el Gobierno de la Ciudad dictó una nueva resolución, pero sin derogar la anterior. Así, la Resolución n° 1312-MSGC-2014 expresa:

“Ratificase por la presente que el sistema de apoyo previsto por la Resolución N° 1860/13-MSGC es un derecho de la mujer (…) tiene por finalidad asistir a la mujer con discapacidad en la toma de sus propias decisiones (…) y puede ser desempeñada por familiares, amigos, asistentes personales o cualquier otra persona de confianza de la mujer discapacitada. (artículo 1). También dispone que en caso de no existir personas de confianza, el Director del efector correspondiente, deberá designar una persona idónea para prestar el apoyo requerido, tomando especialmente en cuenta la opinión de la mujer con discapacidad (artículo 2)  

En suma, ambas resoluciones, con disposiciones contradictorias, generan una reglamentación que abona al clima de confusión que existe en relación al acceso a abortos legales, y en particular para el acceso a  la práctica para mujeres con discapacidad. Así, mientras una se refiere a la conformación de un “Equipo interdisciplinario de apoyo”, conformado por profesionales elegidos por la dirección del hospital, la otra indica que el sistema de apoyo “tiene por finalidad asistir a la mujer con discapacidad en la toma de sus propias decisiones (…) y puede [el resaltado es propio] ser desempeñada por familiares, amigos, asistentes personales o cualquier otra persona de confianza de la mujer discapacitada”.

A este planteo responde la nueva resolución del juzgado que compartimos, advirtiendo que del análisis de las dos resoluciones dictadas por el departamento de salud del Ejecutivo porteño “le asiste razón a la actora cuando sostiene que las mismas, lejos de complementarse resultan palmariamente contradictorias y se inscriben en el marco de paradigmas diferentes y aún contrapuestos”.

De este modo,  “la obligación de la demandada de crear un sistema de apoyo que dé primacía a la voluntad y las preferencias de la mujer con discapacidad y que asegure el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención, en la manda cautelar y en el decisorio de fecha 11 de junio de 2014, no ha sido debidamente cumplimentado por el GCBA”. Como consecuencia de ello, intima al gobierno porteño a que en un plazo de 15 días de cabal cumplimiento a lo ordenado por el juzgado.

La resolución completa en nuestro Observatorio de Sentencias Judiciales.

 
 

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