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El Consejo de la Magistratura afirma que obstruir el acceso al aborto legal constituiría mal desempeño
 

En una resolución dictada a mediados de diciembre pasado, el Consejo de la Magistratura dio respuesta a las denuncias presentadas contra la ex jueza Miriam Rustán de Estrada. Es sin dudas un valioso precedente para limitar el uso del Poder Judicial por parte de actores que buscan la obstruir el acceso al derecho.

(Buenos Aires, 24 de febrero de 2015) - El Consejo de la Magistratura dictó el 18 de diciembre pasado una Resolución en la que dictamina sobre las denuncias presentadas contra la ex jueza Miriam Rustán de Estrada como consecuencia de su intervención en la obstrucción de un caso de aborto legal en octubre de 2012. El caso en el que intervino la jueza surgió a partir de la interposición de una medida cautelar por parte de la Asociación Civil para la Promoción y Defensa de la Familia (Pro Familia), ante la negligencia del Jefe de Gobierno Mauricio Macri de dar a conocer el día y el lugar en que iba a realizarse el supuesto "primer aborto no punible en la Ciudad", en octubre de 2012. El juzgado Nacional en lo Civil Nº 106, a cargo de la jueza Rustán de Estrada, recibió la medida sin que su juzgado haya sido sorteado y dictó una  medida cautelar para suspender las prácticas de aborto no punible en todos los hospitales de la Ciudad. De este modo la sentencia suspendió la práctica del aborto que iba a realizarse a una mujer de 32 años, víctima de trata.

En su decisión la jueza desconoce los fundamentos dados por la Corte Suprema de Justicia Nación (CSJN) en el fallo del 13 de marzo de 2012, FAL s/ medida autosatisfactiva. Por el contrario, la decisión de la jueza Myriam Riustan de Estrada sostiene: "si la madre necesita reparar el trauma sufrido mediante su desvinculación completa del hijo engendrado, podrá hacerlo en cuanto el niño nazca mediante el instituto de la adopción, pero no puede hacerlo mediante su eliminación de la faz de la tierra."

El caso llegó rápidamente a la CSJN para revocar la medida cautelar dictada y el conflicto de competencia suscitado a raíz de las presentaciones simultáneas realizadas por la Asociación Civil Pro Familia en la justicia civil de la nación y en la justicia contencioso administrativo de la ciudad, persiguiendo en ambas el mismo objetivo. La Corte Suprema, en una decisión contundente, deja sin efecto la decisión de Rustán de Estrada y ordena que se respete el derecho de la mujer a un aborto legal.

Un año más tarde la CSJN vuelve a pronunciarse, esta vez sobre el fondo, y sostiene que, si bien el caso ya había devenido en abstracto –puesto que ya se había solucionado el conflicto en concreto- "es necesario tomar todas las medidas necesarias para desmantelar toda posible consecuencia que pretenda derivarse de  esas actuaciones judiciales deformadas." En este sentido, declara la nulidad de todo lo actuado por el juzgado de primera instancia en lo civil 106, y ordena que se examine la conducta de la Asociación peticionaria (Asociación Pro Familia) y de su letrado patrocinante, y que por su parte, el Consejo de la Magistratura intervenga respecto del desempeño de la jueza Rustán de Estrada.

El accionar de la jueza generó que se presentaran cinco denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura, entre las cuales se encontró la denuncia presentada por ELA. Sin embargo, la magistrada presentó su renuncia al poco tiempo de trascendido el caso.

En la resolución del Consejo de la Magistratura se afirma que, si bien la jueza renunció a su cargo, su conducta habría sido encuadrada en el supuesto de mal desempeño –art. 25 incs. 1, 3 y 4 de la Ley 24.937- por demostrar un desconocimiento inexcusable del derecho, negligencia grave en el ejercicio del cargo y realización de actos de manifiesta arbitrariedad. En sus fundamentos el Consejo de la Magistratura señala que

“su postura se convirtió un obstáculo judicial para la realización de una práctica médica permitida por la legislación vigente, poniendo en riesgo la salud y la propia vida de quien la reclamaba y desconociendo el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL sin dar mayores fundamentos”[1]

En otro de sus pasajes puede verse una clara denuncia al accionar obstructivo a través de la utilización de la justicia

“La judicialización de esta cuestión, que por su reiteración constituye una verdadera práctica institucional, además de ser innecesaria e ilegal, es cuestionable porque obliga a la víctima del delito a exponer públicamente su vida privada, y es también contraproducente porque la demora que apareja en su realización pone en riesgo tanto el derecho a la salud de la solicitante como su derecho al acceso a la interrupción del embarazo en condiciones seguras.”[2]

También se denuncia la práctica obstructiva a la que se refiere como “fomentada por operadores de la salud y convalidada por distintos operadores de poderes judiciales nacionales como provinciales”.

La resolución del Consejo de la Magistratura muestra que hay consecuencias para la vulneración de los derechos de las mujeres: en los casos contemplados por el Código Penal, el aborto es un derecho de las mujeres. Todas las obstrucciones (judiciales y de otro tipo) para el ejercicio pleno de ese derecho constituyen supuestos de violencia institutcional y no serán toleradas.

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[1] Pág. 12

[2] Pág. 14

 
 

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