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La integración de la Corte Suprema es fundamental para avanzar en la igualdad de género
 

ELA junto con FEIM y MEI presentaron ante el Ministerio de Justicia de la Nación sus observaciones a la propuesta del Dr. Roberto Manuel Carlés para cubrir la vacante de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

(Buenos Aires, 25 de febrero de 2015) - La vacante creada en la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) a partir de la renuncia del Dr. Zaffaroni en diciembre pasado, dio lugar a la propuesta del Dr. Roberto Manuel Carlés por parte de la Presidenta de la Nación.

ELA, junto con la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y Mujeres en Igualdad (MEI), presentamos nuestras observaciones a la propuesta del Dr. Roberto Manuel Carlés para ocupar el cargo vacante en la CSJN en el marco del proceso participativo que propone el Decreto 222/2003, al establecer un procedimiento para el ejercicio de la facultad que el artículo 99 inciso 4 de la Constitución de la Nación Argentina le confiere a la Sra. Presidente de la Nación para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la presentación, indicamos que en nuestra opinión el Dr. Roberto Manual Carlés no reúne los antecedentes para el cargo en el que ha sido propuesto, de acuerdo con algunos de los criterios que fueran indicados por el propio Decreto 222/2003: diversidad de género e integración con un sentido regional y federal.

El Poder Judicial argentino no está exento de un problema de dimensión mundial en relación con las condiciones que aseguren la efectiva participación social y política de las mujeres, que queda en evidencia en las pocas mujeres que ocupan lugares de decisión en todos los ámbitos del estado, tanto a nivel nacional como provincial[1]

Con la llegada de dos mujeres a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la creación de la Oficina de la Mujer (inicialmente a cargo de la Dra. Carmen Argibay) el máximo tribunal de justicia del país dio pasos fundamentales para documentar la situación estructural de discriminación de género, y para promover formas de revertirlo. 

El “Mapa de Género de la Justicia Argentina”, un relevamiento periódico que realiza la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema desde el año 2010, ha permitido confirmar con bases empíricas un problema ya reconocido en diferentes ámbitos: pese a que la composición del Poder Judicial es mayoritariamente femenina esta representación no se ve reflejada en la distribución jerárquica de los cargos que ocupan, existiendo un marcado descenso de la presencia de mujeres en los estamentos superiores[2].

Los datos del Mapa de Género del año 2013 muestran que las mujeres constituyen la mayoría del personal del Sistema Judicial: el 55%. Sin embargo, se presenta una visible disminución de la participación de las mujeres a medida que aumenta la jerarquía escalafonaria. En el personal administrativo y el funcionariado las mujeres son el 60%, mientras que en la magistratura las mujeres son solo el 41%. Analizando en detalle estos datos se observa que en el caso de la Justicia Provincial, el 56% de los/as jueces/zas son varones y el 44% mujeres; en tanto los/as camaristas son el 67% varones y solo el 33% mujeres. En el caso de la Justicia Nacional y Federal, el 66% de los/as jueces/zas son varones y el 34% mujeres; en tanto en el caso de los/as camaristas son el 76% varones y el restante 24% mujeres. Mientras que los Tribunales Superiores y Cortes Provinciales el porcentaje de magistradas es del 22% frente a un 78% de magistrados que ocupan el cargo de ministro/a.

La Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la participación de la mujer en la política exhorta a todos los Estados a fomentar la participación política de las mujeres con el objetivo de acelerar el logro de la igualdad entre varones y mujeres y los alienta a que

se comprometan a establecer el objetivo del equilibrio entre mujeres y varones en los órganos y comités gubernamentales, así como en las entidades de la administración pública y en la judicatura, incluidas, según corresponda, la fijación de objetivos concretos y la aplicación de medidas a fin de aumentar sustancialmente el número de mujeres con miras a lograr una representación paritaria de las mujeres y los varones, de ser necesario mediante la adopción de medidas positivas en favor de la mujer, en todos los puestos gubernamentales y de la administración pública[3].

Frente a la oportunidad de proponer a una/un jurista para ocupar el cargo vacante en laCSJN, un tribunal que ha sido pionero en la región en materia de políticas de género, es importante que se consolide un lugar de relevancia para las mujeres. El nombramiento de las Dras. Argibay y Highton llevó la participación de las mujeres a cerca del 30% entre sus integrantes por primera vez en la historia. Con el fallecimiento de la Dra. Argibay y la reducción de su número a 5 integrantes, actualmente esa representación ha disminuido al 20%.

No es sencillo desmontar el andamiaje cultural enquistado en las instituciones y que dificulta el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los cargos decisorios, por lo tanto, respondiendo a la exhortación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es imprescindible aprovechar las oportunidades que se presentan para promover esa mayor participación a través de políticas activas, como es la nominación de candidatas para los cargos más altos de la justicia. El solo paso del tiempo no cambiará este profundo desbalance en la composición del Poder Judicial entre mujeres y varones.

Por otra parte, más allá de allá del objetivo de contar con una Corte Suprema (y un Poder Judicial) balanceado en términos de género, es fundamental avanzar en la integración de este poder del estado con magistrados y magistradas que tengan un claro compromiso con la igualdad de género, y que puedan incorporar al trabajo de la magistratura un enfoque de derechos humanos que es inescindible de un enfoque de género.

De los antecedentes del Dr. Carlés no se desprende tal compromiso con un enfoque de género que, por otra parte, es esperable de todo profesional que aspire a sumarse al más alto tribunal del país. Esta ausencia es significativa teniendo en cuenta que por su juventud la formación académica del Dr. Carlés ha sido contemporánea con el desarrollo más reciente del enfoque de género en el derecho, del que pueden ser (y son) parte y protagonistas en particular las nuevas generaciones de juristas.

En el extenso CV sólo hay una breve referencia al género y las mujeres o a temas de igualdad, cuando menciona su participación en el Congreso de la IUSY (International Union of Socialist Youth) en Kamena Vourla, Grecia (julio - agosto 2003). La referencia genérica a los temas tratados en el Congreso (que incluyen, tras una larga enumeración de temas muy diversos, la “Igualdad de género”, “aborto” y la “Prostitución infantil”) no indican que haya tenido una participación en estos paneles o que hubiera dado lugar a la presentación de algún trabajo o publicación, de la que en todo caso no se da cuenta en el CV.

En todo caso, esa ajenidad con el enfoque de género en el análisis del derecho se encuentra presente también en su antecedente profesional más relevante: su participación en la Comisión de reforma del Código Penal. Allí, como sabemos, se retrocedió en aspectos relevantes en relación a los derechos de las mujeres como fue la reciente reforma del art. 80 del Código Penal que incorporó agravantes para el homicidio en casos de violencia contra las mujeres. A su vez, no sólo no se incorporó una mejor regulación del derecho al aborto[4], sino que se introdujeron nuevos tipos penales que van en detrimento de los derechos de las mujeres. Posiciones que son claramente opuestas a los intereses mayoritarios de las mujeres de nuestro país, que ven comprometida su vida y su salud.

Por lo tanto, en nuestra opinión el candidato no reúne los requisitos necesarios para integrar el máximo tribunal ya que de sus antecedentes no se desprende interés por los derechos de las mujeres y la igualdad de género, algo que ningún candidato mujer o varón, debería dejar de tener.

En caso de no recibir el Dr. Carlés el acuerdo del Senado, esperamos que la propuesta de la Sra. Presidenta para integrar la Corte sea una mujer, con un claro compromiso por la igualdad de género.

 

[1] En ese sentido, la CEPAL ha informado recientemente la situación en su Informe regional sobre el examen y la evaluación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y el documento final del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General en los países de América Latina y el Caribe, disponible en su página web http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/4/53234/14-20867_Informe_regional_Beijing_WEB.pdf . Antes, la CIDH advirtió sobre las dificultades para el acceso de las mujeres en espacios de poder en su informe El camino hacia una democracia sustantiva: la participación política de las mujeres en las Américas (2011), disponible en http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/MUJERES%20PARTICIPACION%20POLITICA.pdf

[2] El Mapa de Género se puede acceder desde http://www.csjn.gov.ar/om/mapa_genero/index.html

[3] Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución aprobada el 19/12/2011, A/RES/66/130.

[4] Esta posición fue explicada en diversas entrevistas (como en http://www.diariojudicial.com/reportajes/La-incorporacion-de-la-figura-del-aborto-culposo-es-para-proteger-a-la-mujer-20140228-0008.html) donde muestra su acuerdo con la subordinación de los derechos de las mujeres a otros intereses que se consideran superiores: “La prioridad de la comisión ha sido la de cumplir con la tarea de darle a la Argentina un Código Penal que hoy no tiene, y se creyó que la inclusión de este debate que a diferencia de otras cuestiones despierta muchas pasiones y cuestiones emocionales, era mejor mantenerlo al margen.”

 
 

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