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Clarín. Opinión. 08/03/2015
Un derecho que las mujeres no pueden ejercer
 

Debates: Aborto, ¿cuándo corresponde?

Natalia Gherardi

La maternidad puede ser un acontecimiento transformador en la vida de una mujer. Ser madre significa que, en el 80% de los casos, estará a cargo del cuidado de su hija/o durante la niñez y que sumará, muchas veces, un rol activo en el cuidado de sus propios progenitores, ya sea en forma directa o gestionando otros apoyos. La maternidad implicará mayores posibilidades de perder el empleo o tener uno precario sin acceso a licencias pagas. Las responsabilidades de cuidado la dejarán en condiciones agravadas de vulnerabilidad si su pareja se disuelve y peor aún si es víctima de violencia.

La maternidad debe ser elegida. El dispar acceso a la educación sexual, la anticoncepción, la prevención de la violencia, la atención de la salud, condicionan el contexto en el que tomamos decisiones fundamentales. Este es el marco en el que el Congreso debe dar el debate.

El aborto está  parcialmente despenalizado en Argentina. Desde hace casi un siglo, es legal cuando corre peligro la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo es resultado de una violación. No se trata solo de una disculpa al castigo previsto en el Código Penal: es un derecho. En el fallo “FAL”, la Corte Suprema sostuvo en 2012 que las mujeres tienen derecho a interrumpir un embarazo y que el Estado (en todos sus niveles) tiene la obligación de garantizarlo. La Corte afirmó que no solo no se infringe la ley si se realiza un aborto en los casos previstos sino que, por el contrario, se incurre en responsabilidad si no se establecen los mecanismos para hacerlo.

Las noticias de distintos lugares del país prueban que las barreras institucionales e ideológicas para garantizar el acceso al aborto legal siguen vigentes debido a la falta de decisión política de autoridades sanitarias, a pesar de ciertos esfuerzos por superarlas. Las mujeres tienen un derecho que no pueden ejercer por falta de condiciones institucionales y políticas. El Congreso no debe debatir si el aborto se legaliza en un país donde rige una prohibición absoluta. Debe debatir si se abandona una norma exclusivamente basada en causales (las situaciones que el Código Penal hoy prevé) por una norma que contemple plazos.

La diferencia es importante, y al mismo tiempo no es abismal. Nuestro marco normativo ya admite la interrupción del embarazo. Por tanto, la determinación del inicio de la vida no es relevante para este debate porque nuestro marco jurídico reconoce su protección incremental: es posible proteger la vida en gestación y al mismo tiempo permitir la interrupción de un embarazo en circunstancias en que continuarlo requeriría una conducta heroica por parte de las mujeres afectando su libertad y dignidad.  Los principios constitucionales de igualdad y privacidad no autorizan imponer esas cargas a las mujeres.

Lo que debe debatir el Congreso es la eliminación de la actual necesidad de explicitar las razones para la interrupción, bajo amenaza de sanción penal. Debe decidir cambiar un modelo regulatorio de indicaciones por uno de plazos. Así, las razones íntimas que cada mujer o niña tenga para interrumpir un embarazo no deberán someterse al escrutinio de los servicios de salud, dentro del primer trimestre. Mejorar el acceso a la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas permitiría no solo dar un paso hacia el reconocimiento de la igualdad de las mujeres respetando su autodeterminación reproductiva, sino que daría certeza al sistema de salud sobre sus obligaciones para actuar en condiciones de legalidad, confidencialidad y seguridad.

Sobre todo, significaría avanzar hacia una sociedad que no impone concepciones morales o religiosas a otras personas bajo amenaza de prisión, sino que garantiza las condiciones para elegir.Por eso, el debate del aborto debe acompañarse de la efectiva educación sexual integral,  acceso a la anticoncepción y transformación de las desigualdades estructurales que condicionan la vida de las mujeres.

Natalia Gherardi es abogada. Directora Ejecutiva de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género).

 
 

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