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Carta Abierta al Senado de la Nación Argentina

 
Desde la Alianza Nacional de Abogadas y Abogados por los Derechos Humanos de las Mujeres1
 

Nos dirigimos a ustedes apremiadas por hacerles llegar nuestro pedido formal y debidamente justificado, para que se rechace la postulación como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del Dr. Roberto Manuel Carlés. En cuanto abogadas aliadas en pos de la causa de hacer permeable a la justicia y al campo del derecho argentino a las razones, los intereses y los derechos de las mujeres, esta nominación nos compromete de manera ineluctable.

Las razones que fundan nuestra solicitud pueden resumirse en las siguientes:

1. El nombramiento que objetamos significaría un serio retroceso en la democratización de la justicia, y consolidaría un nuevo “techo de cristal para las mujeres” en el campo del derecho

Las mujeres son mayoría en las grandes facultades de derecho del país, y sus credenciales académicas les permiten iniciar la carrera profesional en igualdad de condiciones que sus colegas varones. Sin embargo, rápidamente son relegadas en esa carrera. Alguna “mano invisible” del mercado legal, a la que las  feministas solemos llamar el “techo de cristal”, detiene el ascenso de las abogadas en el campo judicial y en el de la profesión legal, dejándolas fuera de los puestos de jerarquía.

Menos del 30% de los puestos de Camaristas son ocupados por mujeres y solo un 22 % de lxs jueces de Tribunales Superiores de las Provincia son mujeres. Nombrar al Dr. Carlés como juez de la Corte Suprema de la Nación, dejaría la más alta de las instituciones judiciales con una sola jueza mujer. Ello consolidaría un techo de “cristal de  diamante" para el ascenso de las mujeres.

Les pedimos que tengan presente a ese 30% de mujeres Camaristas, así como a ese 22% de Juezas Superiores al momento de emitir su voto sobre esta postulación. Que se pongan en su lugar y observen el ascenso de Carlés a la Corte Suprema. Le pedimos que consideren su voto desde la mirada de las decenas de investigadoras post-doctorales del CONICET, Titulares, Asociadas y Adjuntas de cátedras por concurso de las Facultades de Derecho de todo el país o las decenas de exitosas abogadas de 33 años o menos con mejores credenciales que el postulante en sus carpetas y comprometidas con la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres, que no olviden a todas las mujeres, que tengan en mente que ellas, junto a cada una de nosotras, lxs estarán mirando votar este 15 de abril. Y consideren que todas nosotras recordaremos este día, como el día en que el Senado de la Nación tuvo la oportunidad de tomarnos en cuenta, frente a un postulante con las credenciales del Dr. Carlés.

 

2. Este nombramiento socavará el camino emprendido por la Corte Suprema de Justicia en el caso F.A.L., y con ello, el reconocimiento como sujetas de derecho de las mujeres con embarazos involuntarios

Las feministas hemos aprendido hace tiempo que en materia de abortos, en el campo jurídico argentino parece haber sólo dos posiciones claras: aquellas que contabilizan de alguna forma a la mujer, su interés y/o voluntad en el silogismo de la decisión; y por otro lado, aquellas que la ignoran totalmente, o sólo la consideran sólo un medio para otro fin.

Cuando la llamada Corte Menemista dictó en el año 2002 aquel lamentable fallo en el caso "Portal de Belén", fuimos testigos y víctimas de esta última posición. En una decisión en la que se prohíbe el uso de un medicamento anticonceptivo de uso de femenino no se consideró siquiera una vez, en toda la fundamentación, el interés que podría tener una mujer en el uso de la llamada "pastilla del día después" para al menos dar cuenta de los intereses involucrados o sopesados.

Desafortunadamente esta es la misma aproximación que se evidenció en la audiencia del Dr. Carlés ante la Comisión del Senado durante la defensa de su pliego. Para el postulante, las mujeres que mueren en abortos inseguros, o que salen seriamente dañadas a causa de la clandestinidad a la que están obligadas, no son otra cosa que una evidencia. En todo caso, la evidencia de que el aborto como “política de protección del niño por nacer” está funcionando mal. En efecto, para quien pretende ser el próximo juez supremo, la vida y salud de las mujeres no cuentan en sí, sino solo como dato instrumental para el “fin superior”.

Lo desolador, para nosotras, es que estamos seguras que Carlés se tomará muy en serio los intereses legítimos de cualquier otro imputado por un delito. Tanto para considerar su derecho de defensa, su estado de necesidad, e incluso la inaplicabilidad de ciertas penas (por ejemplo, la pena de muerte) Carlés será un jurista progresista;  confiamos en que él es el tipo de juristas que dará cuenta de cómo la situación socio-económica y otras formas de exclusión social mueven discriminatoriamente la mano de la persecución penal. Pero también estamos tristemente seguras, de que los fallos de Carlés retrotraerán la jurisprudencia a la época de la Corte Menemista en materia de invisibilización de los derechos e intereses legítimos de las mujeres embarazadas. Excluirá nuevamente de la ecuación legal sobre el aborto la situación de las mujeres como sujetos de derechos y con intereses legítimos en juego.

No estamos solamente deduciendo esto de sus declarados vínculos con la jerarquía de la Iglesia Católica a nivel institucional y personal (muchas de nosotras somos católicas, o practicamos otras religiones, pero reivindicamos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos). Estamos refiriendo a sus declaraciones explícitas en la audiencia pública de las que surge incontrovertible que su pensamiento en materia de derechos de las mujeres y aborto está manchado por la perspectiva de la Corte Menemista y sutilmente sub-interpreta los avances de la actual Corte Suprema.

Carlés se equivoca en sostener que lo que la Corte hizo en el caso F.A.L. fue sólo despejar el debate sobre la correcta interpretación del artículo 86 del Código Penal. La Corte, en su largo y detallado fallo, rompió con la lamentable tradición judicial de ignorar la vida, la situación, el interés y la voluntad de las mujeres en la interpretación de la figura del aborto. La honorable Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso F.A.L. hizo exactamente lo contrario a lo que Carlés hizo en la defensa de su pliego ante ustedes. Nuestra Corte dio un giro inclusivo en su argumentación, empezó a hacer permeable al campo jurídico frente a los intereses legítimos de las mujeres.

Le pedimos a lxs honorables Sendadorxs de la Nación, que no permitan que se retroceda al respecto, permitiendo que las viejas concepciones confesionales que invisibilizan a las mujeres en el razonamiento legal, reingrese a nuestra Corte.

3. No se necesita un/a penalista en la Corte. Se necesita una publicista

El rol central de la Corte en el proceso democrático es el de control de constitucionalidad, no el de casación penal. Es en los principios constitucionales donde se encuentran los engranajes para la democratización social y jurídica, no en la teoría del delito. Sin embargo, el único publicista que hay en la Corte hoy está por cumplir 98 años.

El 90% de los casos que interesan a las mujeres y que llegan a la Corte tienen que ver con discriminación y control de constitucionalidad en base al principio de igualdad. Dejar sin publicista la Corte, es dejar sin juez/a expertx a los casos que interesan a las mujeres. Es borrar toda posibilidad de que los principios de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) florezcan en nuestra cultura jurídica, que la idea de igualdad ante la ley trascienda un mero formalismo contractual, o a la dogmática penal.

Pero además, es sabido que el derecho penal es en el campo del derecho, lo que la cirugía es en el campo de la medicina: un territorio masculino. La abrumadora mayoría de penalistas y cirujanos son hombres. Por ello es inevitable que las construcciones conceptuales y teóricas del campo penal, sus lógicas dominantes, y su plataforma de análisis nunca sean hospitalarias con las mujeres, sus intereses y derechos.

En efecto, el ejemplo de manual del caso de "emoción violenta" por generaciones ha sido el del "marido que encuentra a su mujer con un amante y lo mata"2. En tanto, una joven pobre del norte del país, como Romina Tejerina, es condenada sin atenuante alguno por homicidio agravado por el vínculo. No es mucho lo que la experiencia de las mujeres puede esperar de estas estructuras jurídicas no-cognitivas de las mujeres.

Insistimos a lxs señorxs Seandorxs del Honorable Congreso Nacional en abandonar la vulgar convicción que se ha difundido, en el sentido de que es necesario un/a penalista en la Corte. No se necesita unx penalista, más de lo que se necesita unx comercialista o unx tributarista en la Corte. Lo que en verdad se necesita antes y de forma imperiosa, es la democratización de la justicia, de las perspectivas y lógicas del campo. Unx jurista publicista, demócrata e inclusivx, y en lo posible, feminista, serviría mucho mejor a este fin (sea penalista, laboralista, o de otra especialidad).

 

4. No todo progresismo jurídico incluye a las mujeres, y aquel que no las incluye las niega dos veces

El juez Zaffaroni ha sido un ejemplo claro en ese sentido. Llegado el momento, junto al mismo Carlés, y en nombre del supremo "interés progresista" cedieron totalmente las reivindicaciones y los intereses de las mujeres en el proyecto del Nuevo Código Penal. No hubo escrúpulos en aumentar las figuras que persiguen a las mujeres por el delito de aborto, agregando ahora la sanción a la tentativa de aborto. No hubo escrúpulos en ceder a las presiones conservadoras para continuar con la persecución penal de cientos de miles de mujeres pobres con embarazos involuntarios que se someten a abortos en condiciones inseguras.  

Como lxs honorables representantes de las Provincias Argentinas bien saben, el llamado progresismo jurídico viene observando con incisiva crítica que el derecho penal tiende a "criminalizar la pobreza", a lo "diferente” y a los excluidos". Las visiones progresistas del derecho suelen advertir que el discurso moderno de la ciencia jurídica tiende a excluir la mirada del “niño” y la del “joven", que las "cárceles son para castigo en lugar de re socializar", y que resultaría inconstitucional el agravamiento de penas por reincidencia. Sin embargo, ese mismo progresismo nunca da cuenta de que la mayoría de lxs pobres (en toda América Latina) son mujeres. No se tiene en cuenta que un porcentaje desahuciante de mujeres jóvenes pobres son madres múltiples, y que una gran porción de ellas se embarazan involuntariamente. Por ello, la criminalización de las mujeres que se hacen abortos en estas circunstancias apremiantes, no parece entrar en la ecuación crítica del sistema penal para un progresista como Carlés, salvo que sirva para la protección del supremo valor de "la vida." Invisibilizando a las mujeres, sus experiencias y sus decisiones del análisis legal, el postulante puede darse el lujo de pretenderse progresista, y asociado a la jerarquía de la Iglesia Católica que pretende que el feminismo es una “ideología” perniciosa.

Es por ello que durante mucho tiempo el uso preferido que se daba en los tribunales a figuras de la probation, artefacto jurídico típicamente progresista, era beneficiar a maridos/parejas que ejercían violencia sobre las mujeres. Es precisamente en esta sintonía que en lugares con altísimos índices de delitos sexuales como el norte del país, el índice de condena a delincuentes sexuales es casi nulo.

Insistimos ante ustedes en que no se trata sólo de que el derecho penal no es hospitalario para las mujeres. Se trata de que el progresismo jurídico, en particular, jamás ha incluido el particular interés de las mujeres entre sus múltiples consideraciones críticas, y con ello las niega dos veces, aplastando las esperanzas que su discurso despierta.

El tipo de progresismo que necesita la Corte no es el penal, ni el confesional, sino el feminista. La experticia democratizadora a incluir no es la del progresista sesgado y confesional, sino la de una feminista jurídica. Necesitamos una feminista en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para avanzar las políticas igualitarias en materia de género.

 

5. La democratización de la Corte necesita de un progresismo realmente inclusivo

Creemos que es importante mantener en la Corte el ala de diversidad teórica que aportaba Zaffaroni. Necesitamos una magistrada con una perspectiva jurídica crítica y no meramente formalista.

Es evidente que la Corte Suprema ha estado y estará dominada por juristas formalistas, quienes regimentarán la mayor parte de la construcción del campo. Es por ello sano para la democracia incluir a juristas con formaciones más eclécticas en la Corte, inclinados a las ciencias sociales y/o humanidades, que muestren sensibilidad a las consecuencias prácticas del derecho y su ineludible sentido político. Juristas que sean críticxs de los actuales mecanismos de producción y reproducción del campo (en particular los que excluyen a las mujeres) y de las formas de construcción del Poder Judicial, como a su tiempo lo fueron Zaffaroni y Argibay.

Estamos seguras que las razones y propuestas que humildemente traemos ante ustedes, están en el camino del progreso moral del derecho y el sistema de Justicia en la Argentina.

Entendemos que el Senado de la Nación no solo tiene la decisión en este asunto, sino que es la institución más apropiada para dirigir este tipo de apelación.

Nosotras, junto a miles de abogadas y juristas, como de mujeres que son excluidas de las lógicas del derecho, estaremos esperando la reacción de vuestros mejores escrúpulos morales, y no sólo políticos, al momento de votar esta candidatura.


1.La Alianza reúne a más de 190 abogados y abogadas con pertenencia además en organizaciones de mujeres, feministas y de derechos Humanos comprometidos con la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres en diferentes provincias del país.

2. El amante de ella, claro, porque cuando el amante era de él, hasta hace poco no era siquiera adulterio a menos que fuera manceba, y mientras el adulterio contaba como delito.

 

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