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Comunicar Igualdad. 16/04/2015
¿Le corresponde a un varón ocupar la vacante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación?
 

La nominación por parte del Poder Ejecutivo de Roberto Carlés como posible integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –que acaba de ser dejada en suspenso por falta de apoyo en el Parlamento- generó muchísimas críticas de diferentes sectores. En este artículo nos concentramos en las referidas a la falta de perspectiva de género del candidato y en la necesidad, acorde a un decreto del mismo Poder Ejecutivo del año 2003, de que la vacante sea ocupada por una mujer.

Por Laura Loncopán Berti

Si bien parece diluirse la posibilidad de que el Parlamento trate el pliego de Roberto Carlés como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), la nominación realizada por el Poder Ejecutivo planteó una alerta a las organizaciones feministas, ya que el candidato no sólo no tiene formación en género sino que explicitó públicamente su oposición al derecho al aborto. Por otra parte, acorde al Decreto 222/2003, las designaciones de la CSJN deberían contemplar la diversidad de género y actualmente hay una sola mujer entre las personas que integran el máximo organismo de justicia.

Por esta razón, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para el Estudio de la Mujer (FEIM) y la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) objetaron la nominación del abogado penalista Roberto Manuel Carlés como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entienden que la designación significaría un retroceso respecto de la participación de las mujeres en espacios de decisión y que sus antecedentes reflejan una “ajenidad con el enfoque de género.”

Carlés fue postulado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 28 de enero pasado en reemplazo de Eugenio Zaffaroni. La Corte tiene actualmente cuatro miembros y debe estar compuesta por cinco, según la reducción del número de jueces dispuesta en la ley 26.183 de 2006.

A partir de que se oficializó la candidatura y, tal como prevé el decreto 222/2003, se abrió un período de participación para que organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, entidades académicas y de derechos humanos opinen sobre el postulante. En ese contexto ELA, FEIM y MEI hicieron sus aportes. También enviaron preguntas para que fuesen formuladas a Carlés durante la audiencia en la Comisión de Acuerdos del Senado, que se realizó el 31 de marzo.

El pliego logró despacho pero no fue tratado en el recinto todavía. Para que sea aprobado necesita los votos de los dos tercios de senadores y senadoras presentes en la sesión. Al parecer el oficialismo no contaría con la cantidad necesaria para prestar acuerdo a la designación, pero no retiraría el pliego. Senadores y senadoras de la oposición, 28 en total, firmaron un compromiso de no avalar ninguna postulación hasta que no asuma el próximo gobierno.

En este contexto político, teñido por las elecciones presidenciales más que por la discusión de perfiles, es que las organizaciones del movimiento de mujeres pugnan porque sus argumentos sean oídos.

El cargo que quedó vacante debe ser cubierto por otra mujer porque tras la muerte de Carmen Argibay quedó solo una mujer en la Corte (Elena Highton de Nolasco). El país debe cumplir con las normas y tratados internacionales que obligan a garantizar que exista diversidad de género en la designación de integrantes para el máximo tribunal”, aseguró Mabel Bianco, presidenta de FEIM.

El propio decreto 222/2003 que establece el mecanismo de nombramiento dice en su artículo tercero que “al momento de la consideración de cada propuesta, se tenga presente, en la medida de lo posible, la composición general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”.

Se trata de un compromiso asumido por el Estado argentino que le otorgó rango constitucional a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) que exhorta en su artículo 7 “a tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los varones el derecho a: ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales”.

Las designaciones de Argibay y Highton llevaron a que la participación de las mujeres en la Corte ronde el 30%, si ingresara ahora un hombre la representación disminuiría al 20%.

Constituye un retroceso para un tribunal que fue pionero en adoptar políticas de género con la creación de las oficinas de la Mujer y de Violencia Doméstica. Ambas iniciativas fueron impulsadas por las dos ministras mujeres, quedando demostrado una vez más que cuando las mujeres acceden a espacios de decisión se ocupan de temas que los hombres no consideran relevantes, como el de la violencia hacia mujeres y las dificultades para las mujeres para acceder a la justicia”, sostuvo Bianco.

En relación al no tratamiento del pliego en el Parlamento, decidido en los últimos días por el Poder Ejecutivo por no contar con votos suficientes para aprobarlo, la presidenta de FEIM destacó que “no es una  buena práctica dejar el pliego en stand by, ya que esto lleva a pensar que si en algún momento se logran condiciones favorables, o sea que se logran los votos para aprobarlo, se saca rápidamente. El gobierno debería retirar el pliego o se lo debería tratar y rechazar”.

La vida comienza en la concepción

Cecilia Gebruers, responsable del área jurídica de ELA, hizo hincapié además del aspecto de la paridad en el acceso a los cargos, en que los antecedentes de Carlés denotan una carencia de formación en lo que derechos humanos de las mujeres concierne.

Mencionó que el postulante fue coordinador de la comisión redactora del anteproyecto de reforma del Código Penal en la que no se incorporó una mejor regulación del aborto. Sus declaraciones relativas al tema en la comisión de Acuerdos revelaron que el abogado no lo concibe como un derecho.

Dijo que es obligación del Estado proteger la concepción de la vida, lo cual no es jurídicamente cierto. La discusión no es, como él dijo, sobre ‘cuáles son los medios más adecuados para proteger esa vida sino sobre la igualdad de trato que deben recibir todas las mujeres en todo el país cuando deben tomar decisiones sobre su cuerpo, su salud y sus vidas.  Además de garantizarles el ejercicio de su derecho a la vida, a la salud, a la integridad corporal, entre otros. Se ocupó mucho del derecho del por nacer y pareciera privilegiar la protección del feto más que la de la vida de la madre”, indicó Bianco.

Otras organizaciones no gubernamentales que impugnaron la candidatura de Carlés, como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), también subrayaron su posición sobre el aborto.

En su sitio web, ADC marcó que el abogado consultado en la audiencia dijo que: “nuestro derecho positivo establece que la vida comienza en el momento de la concepción y que es obligación del Estado proteger a la persona por nacer desde ese momento; desde el momento en que el derecho positivo le brinda protección”. Sin embargo, ninguno de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado argentino establece un momento específico para el inicio de la protección del derecho a la vida. Sólo el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) protege la vida “en general, desde el momento de la concepción”. Al interpretar esta disposición en el caso “Artavia Murillo”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó en claro que “no es procedente otorgar el estatus de persona al embrión” y que “la protección del derecho a la vida con arreglo [al artículo 4.1 de la CADH] no es absoluta, sino es gradual e incremental”. En el mismo sentido, la CIDH en el conocido caso “BabyBoy” señaló que la frase “en general” dejaba abierta la posibilidad de que los Estados incluyeran en su legislación nacional “los casos más diversos de aborto”.

 
 

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