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Agencia NOVA. 20/05/2015

Emergencia por violencia de género en la Provincia: piden explicaciones a la Procuradora Falbo

 

Ante los crecientes casos de violencia hacia niñas, adolescentes y adultas, diversas organizaciones sociales presentaron un pedido de informe a la Procuradora General de la provincia de Buenos Aires, Carmen Falbo, para que dé cuenta cuáles son los procedimientos y/o mecanismos destinados a garantizar la idoneidad y probada experiencia de las personas designadas al frente de las Fiscalías Especializadas en Violencia de Género en el territorio bonaerense.

Según datos aportados por La Casa del Encuentro, en el último año la provincia de Buenos Aires fue la que más femicidios registró. Fueron 91 crímenes -de un total de 277- cometidos contra mujeres que se enmarcaron en agresiones sexistas.

En virtud de lo establecido por el artículo 8 de la Resolución 346/14, la Procuradora General  instruyó a los y las fiscales generales a conformar fiscalías temáticas, unidades o secretarías especializadas en la investigación de delitos de "violencia familiar" por lo que queda a criterio de cada uno de ellos la forma de instrumentación en función de la extensión territorial, la densidad demográfica y la realidad delictual de su departamento judicial.

En diálogo con NOVA, Rosario Castelli, integrante de la Comisión “Libertad para Yanina” informó que a partir del caso de Yanina González -una joven de 23 años con discapacidad mental que fue acusada de abandonar a su hija de dos años, quien murió por los golpes que presuntamente le propinó su ex pareja, Alejandro Fernández- comenzaron a investigar  el proceso de actuación de la fiscal Carolina Carballido Calatayud, al frente de la Unidad Fiscal Descentralizada Especializada en Violencia de Género del Departamento Judicial de San Isidro.

“Su actuación fue un desastre total. Se comportó mal a nivel ético y profesional”, indicó Castelli, al tiempo que agregó que la funcionaria se privó de contemplar la discapacidad de González durante el juicio, cargando contra ella sin investigar al presunto femicida, quien sigue libre, cuando todas las pruebas apuntan a él.

“A partir de la difusión de este caso, tomamos conocimiento de otros hechos similares por lo que decidimos presentar un pedido de informe para determinar con qué criterios se selecciona a los fiscales. No hay ningún proceso que lo regule. Es totalmente a dedo y por resolución de la Procuradora”, indicó Castelli.

Asimismo, señaló que el camino que transita una mujer al denunciar a su pareja es “tremendo”: “La Comisaría de la Mujer y las Fiscalías Especializadas, que tendrían que defenderlas, se encargan de revictimizarlas y culpabilizarlas, sobre todo si son pobres y madres”.

A casi un año de haber sido tomada esta medida, desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Comisión Provincial por la Memoria (CPM), y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) consideran que hubo un recrudecimiento de la violencia, ya que quienes se desempeñan al frente a dichas fiscalías son responsables por no contar con la capacitación necesaria para contener y brindar seguridad a las mujeres, niñas y adolescentes en situación violentas.

En este sentido, las organizaciones sostienen que las designaciones deberían ser a través del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, para garantizar que quienes se postulen tengan el conocimiento necesario para ocupar ese cargo.
 
 

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