Subscribite a nuestro newslatter
 
La salud de las mujeres en la agenda
 

En un nuevo 28 de mayo mientras la sociedad se muestra conmovida por la dimensión que ha tomado la expresión más brutal de la violencia de género, nos preguntamos cómo avanzar en la garantía del derecho a la salud sin la violencia institucional presente en las prácticas que  obstruyen el acceso al aborto.

(Buenos Aires, 28 de mayo de 2015) - El 28 de mayo se conmemora el Día Internacional por la Salud de las Mujeres, un derecho que sintetiza la expresión de otros, como el derecho a una vida digna y libre de violencias para las niñas y mujeres de nuestro país. 

En días en que la sociedad se muestra conmovida por la dimensión que ha tomado la expresión más brutal de la violencia de género, los femicidios, y preparándonos para una marcha que esperamos sea tan contundente en sus resultados como en las declamaciones de personalidades públicas y en puestos de decisión, nos preguntamos cómo avanzar en la garantía del derecho a la salud sin la violencia institucional presente en las prácticas que  obstruyen el acceso al aborto, principal responsable directo de las muertes de mujeres en ocasión de embarazos. 

La maternidad puede ser un acontecimiento transformador en la vida de una mujer. Ser madre significa que, en el 80% de los casos, estará a cargo del cuidado de su hija/o durante la niñez y que sumará, muchas veces, un rol activo en el cuidado de sus propios progenitores, ya sea en forma directa o gestionando otros apoyos. La maternidad implicará mayores posibilidades de perder el empleo o tener uno precario, o de tiempo parcial, sin acceso a licencias pagas. Las responsabilidades de cuidado que asumen mayoritariamente las mujeres la dejarán en condiciones agravadas de vulnerabilidad, en particular si su pareja se disuelve y peor aún si es víctima de violencia.

La maternidad debe ser elegida. El dispar acceso a la educación sexual, la anticoncepción, la prevención de la violencia, la atención de la salud, condicionan el contexto en el que tomamos decisiones fundamentales. Así, la penalización del aborto y los obstáculos para su ejercicio en las situaciones en que éste es legal, es una enorme deuda pendiente de la democracia Argentina.

El aborto está  parcialmente despenalizado en Argentina. Desde hace casi un siglo, es legal cuando corre peligro la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo es resultado de una violación. No se trata solo de una ‘disculpa al castigo’ previsto en el Código Penal: se trata de un derecho.

Hace ya tres años, en su sentencia en el caso “FAL”, la Corte Suprema sostuvo que las mujeres tienen derecho a interrumpir un embarazo y que el Estado (en todos sus niveles) tiene la obligación de garantizarlo. La Corte afirmó que no solo no se infringe la ley si se realiza un aborto en los casos previstos sino que, por el contrario, se incurre en responsabilidad si no se establecen los mecanismos para hacerlo.

Sin embargo, las noticias de distintos lugares del país prueban que las barreras institucionales e ideológicas para garantizar el acceso al aborto legal siguen vigentes debido a la falta de decisión política de autoridades sanitarias, a pesar de ciertos esfuerzos por superarlas. Las mujeres tienen un derecho que no pueden ejercer por falta de condiciones institucionales y políticas.

En un año electoral, las y los políticos son en términos generales renuentes a manifestarse por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.  Esta falta de compromiso muestra un desinterés general con las condiciones para el ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas, y no solo con su derecho al aborto.

El compromiso de mujeres y varones en la política y en lugares de decisión con la eliminación de la violencia hacia las mujeres, debe expresarse también en un compromiso por reformar el Código Penal con el fin de eliminar la actual necesidad de explicitar las razones para la interrupción legal de un embarazo, bajo amenaza de sanción penal. Es preciso concretar el cambio de un modelo regulatorio de indicaciones (en caso de peligro para la vida, la salud, o violación) por uno de plazos. Así, las razones íntimas que cada mujer o niña tenga para interrumpir un embarazo no deberán someterse al escrutinio de los servicios de salud, dentro del primer trimestre. Mejorar el acceso a la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas permitiría no solo dar un paso hacia el reconocimiento de la igualdad de las mujeres respetando su autodeterminación reproductiva, sino que daría certeza al sistema de salud sobre sus obligaciones para actuar en condiciones de legalidad, confidencialidad y seguridad.

Sobre todo, significaría avanzar hacia una sociedad que no impone concepciones morales o religiosas a otras personas bajo amenaza de prisión, sino que garantiza las condiciones para elegir.  En definitiva, el debate del aborto debe acompañarse de la efectiva educación sexual integral,  acceso a la anticoncepción y transformación de las desigualdades estructurales que condicionan la vida de las mujeres.

 
 

Volver