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Clarín. Tema del día. 04/06/2015
Las deudas que todavía tiene la Ley
 

Análisis Natalia Gherardi (*)

La consigna “Ni una menos” reunió a una parte importante de la sociedad en el rechazo hacia la violencia de género. Un reclamo antiguo para el movimiento de mujeres.
El desafío es pasar del estupor frente a sus expresiones más evidentes a una reflexión profunda sobre las condiciones de desigualdad estructural que sostienen la subordinación social, económica y política de las mujeres, permitiendo la perpetuación de la violencia.
¿Cómo se vincula la educación, una distribución justa del trabajo, el acceso al empleo, por nombrar algunos aspectos, con la lucha contra la violencia? Educando en valores de igualdad, niños y niñas aprenderán el sentido de la autovaloración, y la libertad para elegir el curso de sus vidas. Una distribución más igualitaria del cuidado en las familias, con mejores políticas públicas, permitiría superar la identificación de “lo femenino” con la idea de abnegación, para que las mujeres elijan cómo invertir su tiempo y esfuerzo en la realización de sus aspiraciones. Las oportunidades reales de empleo les permitirán gozar de la independencia económica necesaria para que actuar sobre sus deseos sea posible.
A partir de esta movilización más personas conocieron la Ley 26.485 para la protección integral contra la violencia, sancionada hace más de 5 años.
Una ley moderna y ambiciosa que tiene muchas promesas incumplidas: El Consejo Nacional de las Mujeres debe implementar un Plan Nacional de Acción que aún no se ha difundido y por lo tanto es imposible de monitorear a través de la verificación de información pública. Su difusión y puesta en marcha es una herramienta indispensable para ordenar las iniciativas que se están implementando.
La Ley “garantiza” el acceso a la justicia y el patrocinio jurídico gratuito, escasamente disponible fuera de Capital.
Se aprobaron protocolos de actuación en diversos ámbitos, pero no hay información sobre su aplicación. Esto es fundamental para la contención y atención de las mujeres después de la denuncia.

(*) Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

 
 

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