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Carta al Consejo Nacional de las Mujeres
 

Reproducimos la carta que ELA junto a otras 26 organizaciones presentó ayer dirigida a la Presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres exigiendo la inmediata y amplia difusión pública del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, tal como establece la ley N° 26.485.

Buenos Aires, 8 de junio de 2015

Sra. Mariana Gras Buscetto
Presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres

CC.
Dra. Alicia Margarita Kirchner
Presidenta Honoraria del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

 

De nuestra consideración:

Las instituciones y agrupaciones que suscribimos esta nota trabajamos –desde hace muchos años– en la promoción de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, a través del acceso a la justicia y la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas a través de la investigación, la incidencia en ámbitos nacionales e internacionales y la asistencia a quienes atraviesan distintas manifestaciones de violencia en Argentina.

El motivo de esta comunicación es requerir la inmediata y amplia difusión pública del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, cuya elaboración, implementación y monitoreo ha sido -de conformidad con el texto del artículo 9(a) de la ley N° 26.485- asignada al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM).

Tanto en algunas de sus declaraciones públicas como en presentaciones oficiales realizadas por el Estado argentino ante organismos internacionales se encuentran referencias al "Plan Nacional de Acción", del cual se afirma haber sido aprobado y encontrarse en ejecución. 

Por ejemplo, en el Informe de seguimiento requerido por el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y presentado por Argentina (enero 2013), el Estado afirmó lo que sigue:

“El Plan Nacional de Acción plasma y procura que el trabajo contra la violencia y la discriminación hacia las mujeres se realice en forma coordinada entre diversos espacios de gestión institucional, desplegados a lo largo y ancho del territorio de nuestro país. Con ese objetivo, en el ámbito del Consejo Nacional de las Mujeres, se establecieron oportunamente las “líneas de acción del Plan Nacional” con ministerios y secretarias, para promover una atención y una asistencia adecuadas a las mujeres víctimas de violencia. Se ha trabajado con los siguientes Ministerios: Salud, Defensa, Desarrollo Social, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, entre otros. Asimismo, se han establecido líneas de trabajo conjunto con las siguientes secretarías: Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia Familia (SENNAF) y Secretaría de Medios (1).

Hasta el momento, el Plan de Acción se halla en la etapa de validación por parte de los ministerios y organismos gubernamentales y no gubernamentales intervinientes y señalados por la propia Ley.

(1) La elaboración del Plan Nacional de Acción ha recibido los aportes de los encuentros, los talleres y las jornadas organizadas por el Consejo Nacional de las Mujeres, en las que participaron 38.072 asistentes.(el subrayado no es del original)

En igual sentido, en el Informe de seguimiento al Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Belém do Pará (MESECVI), en el año 2013, la República Argentina indicó que:

“En el transcurso de fines del año 2011 y desarrollo del 2012 se realizó el proceso de validación del Plan Nacional de Acción, que permite unificar los recursos y esfuerzo en el trabajo contra la violencia y la discriminación hacia las mujeres, fortaleciendo las responsabilidades de las distintas instancias de gobierno y de las jurisdicciones en la temática. De esta manera, se generan las articulaciones ministeriales necesarias a fin de definir acciones y responsabilidades de las mismas. Ya superada la validación técnica, en el transcurso del 2013 se ha comenzado con el proceso de alineación a otros planes nacionales para la creación de indicadores transversales que nos permitan durante su implementación medir el alcance de las políticas públicas en su conjunto”(el subrayado no es del original)

Finalmente, en su último Informe al comité de la CEDAW  (enero 2015) Argentina señaló:

“El CNM está abocado a la puesta en marcha del Plan Nacional de Acción previsto por la Ley 26.485, en ese sentido se informa, que durante el 2014 se reunieron en dos oportunidades, Julio y Septiembre, el Consejo Federal de las Mujeres y las Representantes de las Áreas Mujer de 20 provincias de nuestro país y la ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de validar el Plan que integre, articule y defina acciones para el abordaje de la problemática con las particularidades que cada jurisdicción presenta para reflejar el espíritu  federal y colectivo del plan” . (el subrayado no es del original)

Expresamos nuestra preocupación frente al hecho de que el referido "Plan Nacional de Acción" no haya sido difundido públicamente. Cabe mencionar que tampoco lo hemos encontrado disponible en la página de internet del CNM; allí sólo se enumeran diversas acciones realizadas por el organismo, sin explicitar cómo se enmarcan en una estrategia más amplia que involucre la definición de objetivos, etapas, plazos, alcance geográfico, coordinación de las iniciativas nacionales, provinciales y locales, e indicadores de proceso y de resultado, todos estos elementos de presencia imprescindible en cualquier Plan con pretensión de  política pública.

Enmarcamos esta petición en el derecho que nos asiste a pedir y recibir a información bajo control del Estado, así como en la obligación positiva del mismo de suministrarla de modo de hacerla accesible, que se encuentra reconocido tanto por las leyes nacionales como por los tratados de derechos humanos firmados por el Estado argentino. El pleno ejercicio de este derecho, tal como lo ha entendido –entre otros– la Corte Interamericana de Derechos Humanos permite "que [la información] circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado..."

No escapará a su criterio la transcendencia social que la información que se solicita reviste, toda vez que se encuentra directamente relacionada con el cumplimiento del Estado de su obligación de prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, mandato indubitablemente asignado al CNM por la Ley N° 26.485 y obligación asumida por todo el Estado argentino al hacerse parte de la Convención de Belem do Pará .  

Consideramos que el acceso al referido Plan reviste un claro interés público. Se trata de información básica para poner en acto uno de los principios rectores establecidos en el artículo 7, inciso e) de la Ley N° 26.485 que requiere "incentivar la cooperación y participación de la sociedad civil", y es condición necesaria para que la ciudadanía pueda llevar adelante un exhaustivo control social sobre el modo en que el organismo competente de la implementación de la Ley N° 26.485 organiza la asignación de recursos, la coordinación interinstitucional e interjurisdiccional de las acciones encaminadas para el cumplimiento de su obligación de prevención, sanción y erradicación de la violencia. Adicionalmente, los indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención de Belém do Pará aprobados por el Comité de Expertas de Violencia del MESECVI en 2013, enfatizan la importancia del acceso a la información y la participación de la sociedad civil en el proceso de monitoreo y evaluación de las obligaciones del Estado, de acuerdo con la Convención.

En síntesis, el objetivo de esta presentación es muy concreto: solicitarle en su carácter de Presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, autoridad de aplicación de la Ley N° 26485 que de manera inmediata ponga a disposición de las organizaciones firmantes y de la sociedad en general el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, incluyendo sus objetivos, etapas de implementación, alcance, recursos asignados e indicadores de proceso y de resultado, así como las evaluaciones anuales realizadas desde el inicio de su aplicación.

 

A la espera de su pronta respuesta, la saludamos atentamente,

 

Natalia Gherardi. ELA - Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
Mariela Belski. Amnistía Internacional Argentina
Liliana Tojo. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
Raquel Vivanco. MuMaLá
Mabel Bianco. FEIM
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.
Virginia Pedraza. FUNDEPS
Monique Altschul. Mujeres en Igualdad
Milena Páramo Bernal. CLADEM
Torcuato Sozio. ADC
Gabriela Liguori. CAREF
Paola Bergallo. PIAF – Universidad de Palermo
Daniela Fagioli. Movimiento Popular la Dignidad Tupaj Katari
Marcia Baranovsky. Fundación Siglo 21
Dalile Antunez. ACIJ
Norma Chiaparrone. FIFCJ
Yanina Waldhorn. Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional.
Julieta Guglieri. Red Nacional de Adolescentes y Jóvenes por la salud sexual reproductiva
Patricia González. Asociación Descosidas
Silvia Juliá. Católicas por el Derecho a Decidir
Ruth Zurbriggen. Colectiva Feminista La Revuelta.
Romina Sckmunck. Cátedra Libre de Géneros. Sexualidad y DDHH Universidad del Comahue
María Eugenia Miranda. Walk Free
Silvina Ramos. CEDES - Área Salud
Susana Pastor. Feministas en Acción
Silvia Corbalán - Asociación Civil El Agora
Eva Gamboa. CONAMI Consejo Nacional de la Mujeres Indígena

 

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