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Un protocolo para garantizar un derecho
 

El Ministerio de Salud de la Nación publicó el nuevo Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Sostiene que la “decisión de la mujer es incuestionable”. 

(Buenos Aires, 26 de junio de 2015) - A partir de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “FAL”  de 2012 se exhortó a las autoridades públicas de todo el país (tanto a nivel nacional como provincial) para que dicten las normas necesarias para garantizar la debida atención y realización de abortos no punibles. Desde entonces, muchas provincias adhirieron a la guía para la atención de abortos no punibles que había difundido el Ministerio de Salud de la Nación en 2010, mientras que otras provincias resolvieron no adherir a la misma o crearon sus propias versiones, en algunos casos, más conservadoras o restrictivas.

El pasado 18 de junio el Ministerio de Salud de la Nación publicó la actualización del protocolo redactado originalmente en 2007, actualizado luego en 2010 y que ahora se denomina Interrupción Legal de un Embarazo (ILE).

El nuevo protocolo se diferencia del anterior al incorporar los estándares fijados por la Corte Suprema de Justicia: explica que la práctica es un derecho de las mujeres cuya decisión no puede ser cuestionada. Establece que es de “aplicación obligatoria en todo el territorio argentino” y debe ser puesto en práctica “por todas las instituciones sanitarias” ya sean públicas, privadas o de alguna obra social. También busca incluir en el derecho a las mujeres trans que tienen la posibilidad de procrear.

Recordemos que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación despejó las dudas que se planteaban con respecto al alcance del Código 86 del Código Penal, y sostuvo que en nuestro país las mujeres tienen derecho a la interrupción legal del embarazo cuando hay peligro para la vida o peligro para la salud de la mujer y en todos los casos de violación. Ni el fallo en sí, ni la aprobación de este nuevo Protocolo de atención amplían los casos de legalización del aborto sino que aclaran el alcance del derecho al aborto tal como lo establece el Código Penal desde 1921, como un derecho de la mujer al cual ni médicos ni instituciones se pueden oponer.

 

Tras conocerse la noticia de la publicación de este Protocolo, la Conferencia Episcopal Argentina emitió un comunicado  titulado La vida, primer derecho humano, en el cual afirma: “Con sorpresa constatamos que, en lugar de procurar caminos de encuentro para salvar la vida de la madre y su hijo, y de buscar opciones verdaderamente terapéuticas y alternativas, las autoridades obligan a impulsar el aborto".

El 24 de junio, Página12 publicó una nota titulada Clérigos contra un protocolo de salud donde la autora (Soledad Vallejos) consultó a la abogada Soledad Deza quien formó parte del equipo que redactó la guía. Deza explica: “Los protocolos no crean derechos, como sugiere la Comisión Episcopal, sólo estandarizan buenas prácticas médicas para adecuarlas a los lineamientos nacionales e internacionales vigentes en derechos humanos”.

Entre otras objeciones, la CEA asegura que el texto limita el derecho a la objeción de conciencia a lo cual Deza contestó “No es verdad que limite la objeción de conciencia, y menos la objeción de conciencia institucional, que no puede existir porque las instituciones no tienen conciencia”. La abogada agregó: “La guía, en ese sentido, recepciona los lineamientos que establece el fallo F.A.L. en sus considerandos 29 y 30, que estipulan que, frente a un aborto permitido por la ley, la objeción de conciencia no puede impedir ni dilatar la práctica”.

La nueva guía se encuentra en el sitio web  del Ministerio de Salud de la Nación y, según se ha informado, será entregada en formato impreso a las y los profesionales de la salud que asistan a las capacitaciones. La presentación de esta guía es un avance importante en particular si tenemos en cuenta que el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito no llega a debatirse en el Congreso aunque cuenta con las firmas de más de 60 diputadas y diputados. El protocolo pareciera así estar en sintonía con la sociedad en general, dispuesta a que se abra el debate: según una encuesta realizada por Amnistía Internacional 8 de cada 10 argentinos/as “consideran ‘importante’ que se debata la despenalización del aborto en el Congreso”.

 
 

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