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Clarín. Opinión. 06/09/2015

Responsabilidad del Estado, compromiso de todos

 

Por Natalia Gherardi, abogada, directora ejecutiva de ELA

Las historias de vida en las que el maltrato en las relaciones de pareja se acumula a lo largo de los años están presentes en las experiencias de mujeres jóvenes y adultas muy diversas. Son historias que comparten conductas habituales de control y dominación ejercidas por los agresores, imponiendo formas de aislamiento, dependencia emocional y en ocasiones económica, hacia las mujeres. Estas historias impactan en la opinión pública cuando los episodios de tortura psicológica y física acaban con las vidas de estas mujeres, en un femicidio anunciado. ¿Anunciado para quién?

Sólo 3 de cada 10 mujeres residentes en el área metropolitana de Buenos Aires que sufrieron situaciones de violencia psicológica, física y/o sexual por parte de parejas actuales o pasadas a lo largo de sus vidas buscaron ayuda de personas cercanas. Solo 1 de cada 10 concurrió a alguna institución, ya sea para buscar atención a su salud, contención o protección de la justicia. Estos datos cobran especial relevancia cuando la misma encuesta realizada entre noviembre de 2014 y enero de 2015 por el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad da cuenta de la dimensión del problema: 1 de cada 2 mujeres sufrió violencia psicológica por alguna pareja a lo largo de su vida, y 2 de cada 10 sufrieron violencia física y/o sexual. Es decir, la enorme mayoría de las mujeres que vive situaciones de violencia no comparten este pesar con nadie, y menos aún con una institución pública.

Uno de los logros luego de años de trabajo en diversos niveles es la importante presencia que el tema de la violencia contra las mujeres ha cobrado en la agenda pública. Pero estos avances no están libres de grandes dificultades para que los mecanismos de denuncia, atención y protección cumplan con sus objetivos a través de un trabajo articulado y eficaz.

Tal vez una historia pueda ilustrar parte de los obstáculos habituales: una mujer residente en un municipio del Gran Buenos Aires, madre de dos hijas, con un empleo y un matrimonio cargado de agresiones, finalmente decide plantear una denuncia judicial. La justicia pidió testigos para otorgarle la exclusión del hogar y una prohibición de acercamiento. El hombre tomó conocimiento de la denuncia y prometió cambiar. Pero la promesa duró poco tiempo y a los días volvió a desatarse la violencia verbal y física, frente a las hijas de la pareja. Con dificultades, la mujer logra escapar y pide ayuda a la comisaría, que la lleva al hospital para atender sus heridas. Pero al intentar formalizar la nueva denuncia en la comisaría, aseguran que él hizo una denuncia previa por el mismo hecho y por lo tanto no reciben la de ella. Siguieron días entre el juzgado y la fiscalía, debatiendo quién tomaría las medidas para recuperar su derecho a reingresar al hogar y proteger a las hijas que quedaron con la familia del agresor. La exigencia de contar con representación de un abogado y los gastos de traslado, tiempo y desamparo fueron sorteados gracias al compromiso de la empleadora de la mujer, clave para sostener el proceso.

Cuando las mujeres han superado las innumerables barreras emocionales para buscar ayuda, la respuesta que reciban no puede ser la entrada a un laberinto. Las dificultades para atravesarlo, lo sabemos, pueden terminar de la peor manera.

La agenda para trabajar en la erradicación, sanción y prevención de la violencia es contundente: producción de información; compromiso político desde el máximo nivel de autoridad, evidenciado en disponibilidad de recursos económicos, humanos y técnicos, capacitados y con la articulación necesaria no solo entre las diversas jurisdicciones sino también entre las variadas instituciones que brindan servicios, que administran justicia, que disponen de espacios de contención. A esto se suma la necesidad de contar con monitoreo y evaluación de las políticas.
La agenda es clara e imperiosa su concreción, pero pocas veces es prioritaria para las autoridades. La responsabilidad es del Estado. El compromiso necesario es de la sociedad toda. 
 

 

 
 

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