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Para que no haya más muertes es imprescindible garantizar más derechos
 

Esta semana diez nombres se sumaron a la lista de femicidios, a más de cuatro meses de la multitudinaria convocatoria que exigió Ni Una Menos. Los derechos de las mujeres siguen siendo vulnerados. Y las políticas públicas integrales, coordinadas, financiadas y sostenidas a lo largo del tiempo en el marco de un Plan Nacional de acción la gran deuda pendiente.

(Buenos Aires - 16 de octubre de 2015) - Los femicidios de los últimos días nuevamente conmueven a la opinión pública. Mujeres jóvenes,  adultas, adolescentes, activistas por la identidad de género y los derechos de las personas trans, fueron asesinadas en distintas circunstancias por sus parejas, ex parejas o en crímenes todavía por investigar.

Las historias se repiten, en distintas localidades y con distintos nombres.  Siempre se trata de mujeres que habían hecho denuncias contra sus acosadores y que, aún con una orden de restricción para su agresor, fueron alcanzadas por la violencia. Mujeres que no habían logrado todavía salir del círculo de la violencia en la que se encontraban y que los vecinos habían llegado a naturalizar, sin alertar a la policía para buscar ayuda. Mujeres que aparecen descartadas como basura en los pastizales. Mujeres que lucharon con su cuerpo por los derechos propios y ajenos, víctimas de tanta discriminación y ahora también de la violencia más extrema.

La sociedad acompañó una manifestación masiva cuando el 3 de junio miles de personas diversas marchamos exigiendo políticas públicas contra la violencia de género. La clase política pareció comprender el reclamo cuando se sumaron sus manifestaciones de apoyo a la convocatoria, y en algunos casos difundieron consignas (más que propuestas de políticas) en el marco de sus respectivas campañas.

Pero el trabajo que deben hacer las autoridades públicas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres requiere mucho más que marchas, consignas y declamaciones. Requiere políticas públicas integrales, coordinadas, financiadas y sostenidas a lo largo del tiempo en el marco de un Plan Nacional de Acción que le brinde coherencia y articulación a tantas iniciativas aisladas.

Lo cierto es que poco de esto se verifica en la realidad. Los derechos de las mujeres se declaman pero no se cumplen. La igualdad de género es apenas un ideal para una parte todavía muy pequeña de la sociedad. Y esto es así justamente porque, en el mejor de los casos, apenas se reacciona frente a los femicidios.

La seguidilla de femicidios que culminó con el de Diana Sacayán incluyó dos crímenes cometidos en Mar del Plata, mientras en esa ciudad tenía lugar el XXX Encuentro Nacional de Mujeres. Más de 65 mil mujeres coparon las calles el domingo por la tarde en una marcha que revivió, entre otros, el reclamo de Ni Una Menos. La alegría de los cantos de las manifestantes que se encontraban frente a la Catedral fue acallada de la peor manera: las mujeres fueron reprimidas por la policía bonaerense y golpeadas por un grupo de ultraderecha. Incluso hubo tres mujeres que permanecieron detenidas ilegalmente en el interior de la Catedral hasta la madrugada. Es la primera vez en treinta años de Encuentros que las manifestantes son reprimidas por las fuerzas de seguridad.

Mientras tanto, los derechos políticos de las mujeres continúan siendo ignorados y vulnerados, por los propios partidos políticos que se proponen como nuestros representantes y que violan las leyes de cupo que imponen la presencia de un mínimo de mujeres en las listas electorales, sin que la justicia electoral cumpla con su obligación de fiscalización. La maternidad obligatoria para las niñas y mujeres sigue imponiéndose en el cuerpo y las vidas de aquellas a quienes se les niega el acceso al aborto legal, a pesar de la violencia y de los riesgos para su salud y para su vida. Como sucede en otras áreas, los derechos conquistados para las mujeres no se cumplen, la información que puede permitir su fiscalización difícilmente es pública, el presupuesto es inaceptable y los organismos públicos responsables de su cumplimiento no rinden cuentas ante la sociedad.

Las políticas para la equidad de género no están entre las prioridades de nuestra clase política y no hemos logrado articular una demanda social contundente que busque esa definición con tanta firmeza como se busca saber quién será el próximo/a ministro/a de economía.  Candidatos que pujan por entrar en la segunda vuelta de las elecciones nacionales, están hace días difundiendo los nombres de quienes les acompañarán eventualmente en su gobierno: prácticamente todos varones, por supuesto.  Pero más allá de eso, a ninguno le ha parecido todavía importante señalar quien llevaría adelante una política por la igualdad de género. O qué jerarquía darían a ese ámbito institucional, al parecer menos relevante que la promoción del Turismo y el Deporte.

En la medida en que los derechos de las mujeres y la equidad de género no se comprendan como base fundamental de la democracia, las violencias seguirán reproduciéndose. Y el femicidio será solo su expresión más visible.

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