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¿Cuánto valen los derechos de las mujeres?

 

ELA junto a ACIJ y el CIEPP organizó una mesa sobre género en el marco de la Semana Presupuesto y Derechos convocada por ACIJ. Allí se debatió sobre el presupuesto destinado a las políticas públicas de género  a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires.

(Buenos Aires, 19 de octubre de 2015) – Del 13 al 16 de octubre tuvo lugar la Semana Presupuesto y Derechos organizada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en el anexo de la Cámara de Diputados en la que se realizaron 6 mesas temáticas para discutir el presupuesto público y su impacto en la igualdad, la democracia y los derechos. ELA junto a ACIJ y el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP) convocaron al encuentro del jueves 16, Presupuesto y género: ¿Cuánto valen los derechos de las mujeres?, en el que se debatió sobre el presupuesto destinado a las políticas públicas tendientes a promover la igualdad de género a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires. Participaron del encuentro funcionarias públicas, legisladoras, periodistas, académicas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.

Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, y María Emilia Mamberti, coordinadora del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ACIJ presentaron un mapeo de programas y áreas vinculadas con los derechos de las mujeres y la promoción de la igualdad de género, a partir de las cuales es posible comenzar a esbozar un panorama de las políticas públicas cuya asignación presupuestaria debería monitorearse. Ambas coincidieron en señalar como uno de los principales problemas la imposibilidad de acceso a los montos y el porcentaje del gasto público asignado a programas dirigidos a promover la igualdad de género.  A partir del relevamiento realizado se comprobó que la variable de género permanece ampliamente invisibilizada en las partidas presupuestarias.

Por su parte la economista Corina Rodríguez Enríquez, investigadora principal del CIEPP, especificó algunas pautas a definir a la hora de analizar el presupuesto desde la perspectiva de género, como los criterios acerca de qué se entiende por impacto positivo en equidad de género y plantear indicadores estratégicos y relevantes. También destacó la importancia de impulsar análisis presupuestarios que transversalicen la perspectiva de género y mecanismos para incorporar a las mujeres en el proceso presupuestario.

Raquel Vivanco, integrante de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa) presentó algunos de los resultados del informe Deudas pendientes en la eliminación de la violencia contra las mujeres en Argentina, que analiza el estado de situación de la Ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Entre otras cuestiones, el informe analiza las partidas presupuestarias anuales asignadas al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), órgano de aplicación de la ley en todo el territorio nacional entre los años 2008 y 2015. Vivanco señaló que a pesar de la sanción de la ley en 2009, el presupuesto del CNM no aumentó e incluso disminuyó en alguno de los períodos analizados. En un sentido similar, la Catalina Smulovitz presentó algunos de los resultados de su trabajo de investigación realizado en las provincias de Argentina, que buscaba identificar el presupuesto destinado a asegurar la aplicación de las leyes contra la violencia de género. A pesar de coincidir con las dificultades señaladas anteriormente en cuando a las dificultades de acceso a la información, entre las conclusiones de su trabajo se destaca el valor de la capacidad asociativa de la sociedad civil para impulsar procesos de monitoreo y exigibilidad en el cumplimiento de los derechos sociales, entre ellos, los derechos de las mujeres.

Es innegable el impacto que la asignación y ejecución efectiva del presupuesto tiene sobre la efectividad en el ejercicio de los derechos. Quienes participaron del encuentro coincidieron en la imperiosa necesidad de que las diferentes etapas del ciclo presupuestario sean concebidas desde un enfoque de derechos y una perspectiva de género, así como también garantizar la transparencia y acceso a la información. 

 
 

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