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La interpretación del femicidio frente al ideal de buena víctima

 

La sentencia de la Cámara 11 del Crimen de Sala Colegiada en la provincia de Córdoba, integrada por jurados populares, resolvió el caso por el femicidio de Paola Acosta. La joven fue asesinada por una ex pareja que también intentó matar a la hija de ambos de un año y medio, cuando se encontraron para que él pagara la cuota alimentaria. A pesar de la condena a prisión perpetua, los fundamentos niegan que se trate de un femicidio.

(Buenos Aires, 28 de octubre de 2015) -  La causa llegó al tribunal bajo las figuras de homicidio calificado por la relación de ex pareja con la víctima, por mediar violencia de género contra una mujer por el hecho de serlo –femicidio- y por alevosía (artículos 45, 80 inciso, último supuesto, inciso 11 e inciso 2, segundo supuesto, del Código Penal) en contra de Paola Acosta; y de homicidio calificado por el vínculo, por mediar violencia de género contra una niña por el hecho de ser mujer –femicidio- y por alevosía, en grado de tentativa (artículos 45 y 42, art. 80 inciso 1, segundo supuesto, inciso 11 e inciso 2, segundo supuesto del Código Penal) en contra de su hija M.L.

El Tribunal, sin embargo, condenó al acusado a prisión perpetua y confirmó los cargos de homicidio con alevosía cometido contra Paola Acosta y de homicidio calificado por alevosía y agravado por el vínculo en grado de tentativa, en relación con la niña M.L. No se condenó por aplicación del agravante por la relación de ex pareja (artículo 80 inciso 1) ni por mediar violencia de género (contemplado en el artículo 80 inciso 11).

El rumbo que tomará la sentencia se puede empezar a vislumbrar desde el apartado “circunstancias jurídicas relevantes”. Allí, el tribunal se detiene en varios puntos pero primeramente señala que la relación entre Gonzalo Lizarralde y Paola Acosta fue poco duradera. Que sólo hubo dos o tres encuentros sexuales. Que no hubo violencia física anterior a que la esperara con un arma blanca para atacarla al salir Paola de su casa para recibir la cuota alimentaria de su hija, con la nena en brazos. Y que no hubo violencia psicológica ni económica, pese a que Paola tuvo que emprender el camino judicial para que Lizarralde reconozca su paternidad y asuma la responsabilidad económica correspondiente. Pero, aclara el tribunal, esto era entendible: “Pues como ya se vio no tenía una relación estable de pareja con Paola Acosta, sus encuentros fueron casuales y no tenía certeza sobre la paternidad de M.L”. Y los 22 días en que Gonzalo Lizarralde incumplió la orden judicial de enviar la cuota alimentaria es un “Escaso margen de tiempo en el cual el acusado desplegó conductas mentirosas, tardías y hasta mezquinas para evitar cumplir con alguna de sus obligaciones”. No obstante, concluye, estos hechos no constituyen violencia psicológica o violencia económica.

Son innegables las dificultades del acceso a la justicia para las mujeres y sus múltiples obstáculos. ¿Es acaso un deber de la mujer tener que afrontar un juicio por paternidad para que el varón acceda a reconocer a su hija y otorgue la correspondiente cuota alimentaria? ¿No es ésta una conducta que demuestra la intención de obstruir el cumplimiento de sus responsabilidades? Pareciera, según el razonamiento judicial, que una mujer está obligada a tener que acudir a la justicia para que un varón cumpla con sus obligaciones parentales. La actitud desinteresada por cumplir con sus obligaciones está absolutamente naturalizada en la lectura del tribunal, cuando esa conducta es sin duda violencia económica. Sin embargo, el tribunal sostiene: “él no tenía la obligación de contener psicológica ni económicamente a las víctimas, más allá de que eventualmente pudiera caberle algún reproche de tipo moral”.

Por otro lado, que la relación haya sido “ocasional”, -algo que por cierto el tribunal no deja de resaltar repetidamente- parece ser un motivo por el cual la mujer debe atravesar un juicio para que la paternidad sea reconocida. Esto nos lleva a otro punto que merece ser señalado de esta sentencia. Es inadmisible que el Estado tome esta postura que supone que la mujer, al señalar quien considera el padre de su hija, está en principio mintiendo, y que la reacción de sospecha del varón es en principio fundada. El razonamiento del tribunal en este punto opera bajo el estereotipo de que las mujeres mienten cuando firmemente sostienen a quién corresponde la paternidad de un/a hija/o. Dudar de las palabras de las mujeres sigue siendo otra violencia naturalizada, y en este caso, avalada por el tribunal. ¿O, acaso se trata de un castigo a la mujer que ejerce su sexualidad libremente en relaciones “ocasionales”? Algo de esto está presente en esta sentencia, con una clara inclinación dirigida a analizar la conducta de la víctima para ver si califica de “buena víctima”.

Otro punto importante es la forma en que el tribunal evalúa la aplicación del inciso 1 del artículo 80 del Código Penal, agregando requisitos que no están presentes en la letra del Código, en particular, para la aplicación del agravante en el caso de “pareja o ex pareja, mediare o no convivencia”. Llamativamente recurre al nuevo Código Civil y Comercial, y a la regulación de la “Uniones convivenciales” establecidas en el artículo 509 y 510 según la cual la relación debe ser de al menos dos años. A su vez, recurre a “la buena doctrina”, que afirma, sin mayores fundamentos, que no cualquier relación pasajera puede ser incluida en el concepto de pareja, aunque la norma no exija que haya o no haya habido convivencia.

“… para que se configure este delito, el sujeto activo debe estar manteniendo o haber mantenido una relación de pareja “estable”, es decir que “la pareja o ex pareja debe haber tenido cierta estabilidad. Así lo revela una interpretación sistemática: si se asimilan esas situaciones a las de los cónyuges o ex cónyuges, no cualquier relación pasajera puede ser incluida en el concepto de pareja, aunque la norma no exija que haya o no haya habido convivencia” (Cf. Fontán Balestra, Carlos y Ledesma Guillermo, Tratado de Derecho Penal-Parte Especial, Tomo I, Ed. La Ley, Bs.As., 2013, p. 76)”.

Entendemos que el derecho penal sin dudas debe interpretarse acorde al principio de legalidad.  Esto es algo que no se discute en este caso. La interpretación elaborada por el tribunal recurre a la definición que da el Código Civil y Comercial respecto de las Uniones Convivenciales, lo cual es claramente más que lo que puede entenderse por “pareja, mediare o no convivencia”.

Ahora, al momento de aplicar el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal, la interpretación no es menos desafortunada. Comienza su análisis identificando que: “En esta nueva norma, a diferencia de cualquier otro homicidio, la víctima deber ser una mujer y el sujeto activo debe ser un hombre. Pero el tipo penal se completa con la exigencia de que mediare violencia de género”. Recurre nuevamente a cierta doctrina (muy lejana a la doctrina especializada que define y precisa los conceptos de violencia de género) que realiza la siguiente afirmación:

“La expresión violencia de género no es muy feliz, puesto que no refiere a ninguna relación previa entre víctima y victimario; no alude al momento en que debe ejercerse la violencia; no menciona si esa violencia pudo ser previa y no manifestarse expresamente en el acto homicida. Por eso, la regla no es clara y acarreará dificultades interpretativas (Cf. Fontán Balestra, Carlos y Ledesma Guillermo, op. cit., p. 126 y 127)”.

Luego de identificar este “problema”, para aclarar su alcance recurre a varias definiciones de violencia contra las mujeres, y se detiene en aquella que afirma que “… para que exista “violencia de género” … se exige la presencia de una “víctima mujer vulnerable” y la existencia de “relaciones de desigualdad y de poder asimétricas entre los sexos, que subordinen a la mujer”. De este modo, agrega que “el femicidio implica la muerte de una mujer en un contexto de género, caracterizado por la presencia de una víctima mujer vulnerable, siendo este el elemento del mayor contenido de injusto del hecho típico…”.

La sentencia llega a su punto más alto en la evidente ausencia de una perspectiva de género cuando se pregunta ¿fue esta relación realmente asimétrica, desigual, como lo exige la ley? Y se responde:

“La respuesta negativa surge evidente ni bien se repasan las características de la personalidad de Paola Acosta puestas de manifiesto en la propia acusación: se trataba de una mujer que “no fue dócil” a la postura que asumió Lizarralde (sobre su paternidad), “sino que decidió empoderarse en defensa de sus derechos y los de su hija”.

Y continúa afirmando que incluso “logró lo que pretendía: que Lizarralde reconociera su paternidad formalmente y asumiera el compromiso de cumplir con las responsabilidades que surgen de ese estado.”

Para el tribunal, esto descalifica a Paola Acosta como “buena víctima”. Una mujer que no se resigna a la situación de vulnerabilidad, que reconoce y lucha por la exigiblidad de sus derechos, en definitiva, una mujer que toma la decisión de vencer los obstáculos para el acceso a la justicia, la hace perder el derecho a la protección para la situación paradigmática que atraviesa.

La interpretación referida parece seguir los pasos del Tribunal Oral en lo Criminal 26 en el caso de Guijuza. Otro  terrible precedente respecto de la forma de interpretar la aplicación de las reformas introducidas por la ley 26.791. Pero si algún aprendizaje nos dejan estas sentencias, es que uno de los mayores problemas que enfrentamos hoy es la forma en que se está construyendo un ideal de víctima de violencia, en este caso desde el Estado y en particular desde el Poder Judicial.

Los peligros de esta lectura de lo que implica la violencia de género nos deja en una posición de sumisión y pasividad alarmante. Nos quita la capacidad de agencia y de resistencia contra la violencia. Nos dice que tenemos que ser buenas víctimas si queremos justicia.

La sentencia completa en el Observatorio de Sentencias Judiciales.

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