Subscribite a nuestro newslatter
 

Igualdad de género e independencia judicial en alerta: vacantes en la Corte Suprema de Justicia

 

Con la incorporación de dos mujeres en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2003, Carmen Argibay y Elena Highton, llegaron tiempos de cambio para la justicia en Argentina. Se impulsaron políticas para promover un mejor acceso a la justicia en casos de violencia doméstica y para mejorar la igualdad de género y la capacitación hacia el interior del Poder Judicial. Estos avances se encuentran en peligro.

(Buenos Aires, 23 de diciembre de 2015) - La reciente decisión del Poder Ejecutivo de la Nación de designar a dos abogados como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de un decreto, por medio de nombramientos “en comisión”, representa un grave retroceso en el procedimiento de selección de magistrados y pone en juego el necesario compromiso de la Corte Suprema con las políticas para promover la igualdad de género.

La Corte Suprema tiene dos vacantes desde que renunciaron los Dres. Zaffaroni y Fayt, ya que los lugares que dejaran la Dra. Carmen Argibay (a cargo de la Oficina de la Mujer y férrea defensora de la igualdad de género) y el Dr. Enrique Petracchi (recordado, entre muchos grandes votos, por su defensa del derecho de las mujeres a la educación), tras su fallecimiento de producido en 2014, no debían ocuparse debido a la reducción en la cantidad de titulares de la Corte dispuesta por una ley aprobada en 2006.

Durante 2015, fueron tres los nombres propuestos por la entonces presidenta Fernández de Kirchner para ocupar esos lugares. En todos los casos, se trataba de candidatos varones. El primero de ellos no logró sortear el proceso de impugnaciones y la audiencia pública celebrada en el Senado de la Nación. Los últimos dos candidatos, no llegaron a pasar por el proceso previsto en la Constitución ya que sus pliegos habían sido presentados poco antes de la finalización del mandato presidencial y fueron retirados por el nuevo presidente.

Pero las nuevas propuestas presentadas por el presidente Macri no resultan más auspiciosas para el necesario compromiso de la Corte Suprema con la igualdad de género. Se trata de dos candidatos varones, a quienes no se les conoce una preocupación explícita por la igualdad de género, desperdiciando de este modo la posibilidad de recuperar un cierto equilibro entre quienes ocupan la máxima jerarquía del Poder Judicial del país.

La decisión del nombramiento “en comisión” y por decreto de necesidad y urgencia despertó fuertes críticas desde varios sectores, incluyendo ELA, ya que implicaba desconocer la aplicación del procedimiento de participación ciudadana previsto en el Decreto 222/03. Este decreto estableció un mecanismo que fijó criterios objetivos para determinar la idoneidad moral y técnica de los candidatos y consagró el principio de equilibrio de género como un objetivo a alcanzar en la composición del sistema judicial.

Frente a las críticas, el Poder Ejecutivo resolvió abrir las candidaturas a la posibilidad de recibir opiniones por parte de la ciudadanía, que deberán presentarse ante el Ministerio de Justicia de la Nación en los plazos y formas previstas por el Decreto 222/2003. Sin embargo, al no haberse derogado el decreto de necesidad y urgencia que los nombra “en comisión” no es clara todavía la forma en que habrá de finalizar el procedimiento. De acuerdo a lo que marca la constitución, correspondería llamar a sesiones extraordinarias (o esperar al inicio de las sesiones ordinarias el 1 de marzo) para que el Senado pueda celebrar las audiencias públicas que permitirán plantear preguntas a los candidatos, para conocer así sus modos de pensar e interpretar el derecho.

ELA participará de esta instancia de participación ciudadana presentando sendas observaciones ante el Ministerio de Justicia de la Nación, respecto de ambos candidatos. 

Como hemos señalado con anterioridad, preocupa especialmente que los nombramientos desconozcan el deber de asegurar la igualdad y no discriminación en el acceso a las funciones públicas y procurar una representación equilibrada de género. Por el contrario, la composición mayoritariamente masculina de la Corte perpetúa una larga historia de privilegio en el acceso de varones a las máximas instituciones del país. Las vacantes producidas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación brindaban la oportunidad de evitar un retroceso en un tribunal que ha demostrado un particular liderazgo en los avances necesarios en el camino hacia la igualdad de las mujeres a través de políticas activas tanto para mejorar el acceso a la justicia, como el trabajo que se hace desde la Oficina de Violencia Doméstica, como el trabajo de investigación, sensibilización y formación que se promueve desde la Oficina de la Mujer.

Contar con un Poder Judicial comprometido con la igualdad de género no puede ser un objetivo deseable, es una obligación del Estado.

 
 

Volver