Subscribite a nuestro newslatter
 

Una sentencia con garantía de no repetición: crear un Protocolo para juzgar con perspectiva de género

 

En una decisión del 4 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dictó sentencia en un caso que involucra situaciones de violencia doméstica y abuso sexual cometidos contra una mujer con discapacidad intelectual y sus hijas e hijo. La decisión analiza los hechos en conjunto y resuelve que para que no se repita la revictimización a la que fueron sometidas, la Provincia debe elaborar un Protocolo para juzgar con perspectiva de género.

(Buenos Aires, 29 de diciembre de 2015) – En el caso “G., A. M. s/ insanía y curatela”, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires adoptó una decisión que se destaca por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque toma la decisión de acumular esta causa con otras dos iniciadas por la situación de desprotección en la que se encontraban las hijas de la Sra. G., con el objetivo de analizar la situación global y compleja en la que se encontraba el grupo familiar, en lugar de mantener la mirada compartimentalizada que venían llevando los diversos tribunales intervinientes.

En segundo lugar, porque la decisión de la Suprema Corte identifica la dificultad de la justicia para analizar los casos que involucran situaciones de violencia desde una perspectiva interseccional y con un prisma que permita introducir una perspectiva de género.

La Sra. G. es una mujer joven que tiene un retraso mental y epilepsia, que vive en la parte posterior del terreno de sus padres. Su padre la somete a violencia física y sexual, con la participación de su madre también en hechos de violencia. La Sra. G. tiene dos hijas de una pareja anterior (que falleció hace unos años), respecto de quienes también se investiga el presunto abuso sexual por parte del Sr. G. Además, la Sra. G. tiene un niño pequeño que fue producto de la violencia sexual que su padre ejerce contra ella. En ese complejo marco de situación, la justicia no protegió adecuadamente a ninguna de las personas de este grupo familiar, sino que se dispuso: emitir una orden de restricción para que el Sr. G no se acerque a  su hija, sin disponer medidas similares respecto de las hijas de ésta; el juez de garantías no ordenó la exclusión del hogar del Sr. G. aún cuando de ese modo se tornaba imposible la restricción de acercamiento (ya que conviven en el mismo terreno); se ordenó la declaración de la Sra. G. como insana, y se dictaminó que no puede ejercer la patria potestad respecto de sus hijas e hijo, de modo que los tres fueron institucionalizados y más tarde se declaró su situación de adaptabilidad.

El caso llega a la Suprema Corte provincial debido a la apelación que plantea la Sra. G. respecto de la declaración de situación de abandono de sus hijas e hijo, pidiendo la restitución de los tres. Es entonces que la Corte comienza, por primera vez, a analizar los diversos expedientes en trámite de un modo conjunto:

Pero además de identificar el riesgo de género derivado de sufrir abuso sexuales y violencia familiar, cabe incluir en la plataforma fáctica a juzgar otros hechos que trascienden aquéllos que los originaron y nos sitúan en un proceso histórico y social generador de desventajas y de subordinación de ciertos grupos por ser mujer, con una discapacidad aumentada por la condición de víctima de violencia sexual y familiar, enclavada en una situación de vulnerabilidad que se desprende de su dependencia económica y emocional al agresor, encerrada en una vivienda que la expone a situaciones de violencia, con riesgo de perder los vínculos con sus hijos si denuncia el abuso, que demuestran una serie encadenada de factores estructurales que provocan discriminación (del voto del Dr. Lázzari, el destacado está en el original).

Por esos factores, señala la Suprema Corte, corresponde modificar el prisma de análisis:

De ahí que exhibida la posición desfavorable de la señora G sea necesario aplicar en este proceso y en esta instancia un enfoque interseccional o contextual de discriminación (artículos 3, 6 inc. a y 9 de la Convención de Belém do Pará) por la situación de discriminación como violencia en la que se encuentra inmersa (del voto del Dr. Lázzari).

El Tribunal sostiene a lo largo de los diversos votos que se trata de un caso complejo donde corresponde analizar las particulares situaciones de cada una de las niñas y del niño, así como la situación de la Sra. G, en el marco de los derechos que reconoce la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En ese sentido, se clarifica que “la decisión que se toma (de confirmar la situación de adaptabilidad del niño y las niñas) no parte de ninguna consideración discriminatoria por motivo de discapacidad ni mucho menos de una actitud abandónica en el rol materno” de la Sra. G.

Lo destacable de la resolución es la comprensión de que

 

… frente al deber de garantía y desde la aplicación del método de perspectiva de género para juzgar y una noción más robusta de igualdad –estructural o material-, una vez detectada la presencia de relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad, como sucede en este caso, se identifica el problema en su real dimensión (del voto del Dr. Lázzari, el destacado está en el original).

Así, cuestionan que los operadores jurídicos no hubieran advertido el riesgo sostenido al que se expone a la Sra. G al seguir viviendo en el mismo terreno que su agresor, la decisión del Juez de Garantías de no hacer lugar al requerimiento del Fiscal para que se dicte la exclusión del hogar del agresor, y así como la falta de avances en las causas de abuso sexual contra las dos hijas de la Sra. G por parte del mismo agresor de ésta.  La ineficacia de las medidas dispuestas, desconoce el interés del Estado de que a través de la actuación diligente de la justicia “se controvierta el mensaje de tolerancia propio de una sociedad patriarcal hacia violaciones a los derechos humanos que ofenden a la dignidad de la mujer”.

Finalmente, la Suprema Corte se propone dictaminar ciertas medidas “en pos de la recuperación y protección de los derechos gravemente vulnerados de la Sra. G (y de su hija adolescente, R – que continúa institucionalizada-): (i) instruir medidas concretas para que se resuelva el problema habitacional de la Sra. G. a fines de que se impida con efectividad el contacto con el agresor y se la posicione mediante ayuda psicosocial; (ii) con respecto a (la hija adolescente) R., se debe realizar un seguimiento para que en el supuesto de no concretarse la adopción se provean medidas de sostén especial para posicionarla de un mejor modo para enfrentar la adultez – becas de educación y otros planes- con una atención presupuestaria prioritaria; (iii) solicitar explicaciones al Juez de Garantías interviniente sobre las actuaciones llevadas a cabo en torno a la investigación penal derivada de la causa de abuso sexual; y (iv) encomendar a la responsable del Registro de violencia Familiar junto al Consejo Consultivo de Violencia Familiar y de Género la elaboración de un protocolo para juzgar con perspectiva de género para ser elevado ante este Suprema Corte.

Se trata, en este último caso, de una medida sumamente interesante ya que reconoce la necesidad de dotar al Poder Judicial de la provincia de herramientas concretas que permitan mejorar el servicio de administración de justicia, incorporando la perspectiva de género en el análisis de los casos sobre los cuales deben decidir.  En esa medida, un Protocolo para juzgar con perspectiva de género, impulsado desde la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y acompañado de un proceso de capacitación para su mejor aplicación, será una interesante medida tendiente a brindar una garantía de no repetición sobre las violaciones de derechos comprobadas.

Enlaces:

 
 

Volver