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La salud sexual y no reproductiva en peligro

 

En las últimas semanas, los medios se hicieron eco tanto del rumor del cierre del Programa Nacional de Salus Sexual y Procreación responsable, como de la reacción ante esa noticia de organizaciones y personas que trabajan desde una perspectiva de género y diversidad sexual.

(Buenos Aires, 28 de enero de 2016) - El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR), que fue creado en 2003 con el objetivo de garantizar derechos de niñas, adolescentes y mujeres, trabajó con distintas intensidades a lo largo de los años. Solamente en 2015, el programa que depende del Ministerio de Salud de la Nación repartió más de 24 millones de anticonceptivos (entre pastillas, DIU, inyecciones, preservativos y demás). Pero este año, como consecuencia de los cambios que se están realizando en el organigrama del Ministerio, el PSSyPR parecer estar en riesgo. A pesar de que el Ministerio aseguró su continuidad, aún se desconoce quién será la persona responsable de su coordinación y eso enciende una luz de alarma para las organizaciones y activistas que trabajan en el tema. 

De los cuatro medios monitoreados por este observatorio, solo uno (Página12) advirtió sobre el peligro del futuro del Programa, incluso entrevistó a Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA y parte del Comité Asesor del programa. En la nota Un derecho fuera de organigrama publicada el 14 de enero, aseguraron que a través de un comunicado de prensa varias organizaciones habían denunciado que las “’funciones se encuentran formalmente suspendidas’ desde el 4 de enero, y que ‘se está desmantelando su unidad funcional en áreas fragmentadas, generándose un quiebre en la ejecución de las política públicas integradas que es necesario llevar adelante para lograr el efectivo acceso a los derechos’”.

El PNSSyPR cuenta con “presupuesto propio, venía comprando métodos anticonceptivos para distribuirlos luego a través del Plan Remediar en hospitales y centros de salud de todo el país, donde se entregan de forma gratuita”. El 15 de enero, Página12 publicó una nota titulada Con una promesa de continuidad donde explican que “En el nuevo organigrama del Ministerio de Salud, el Programa pasará a depender de la Dirección de Salud Comunitaria, que estará a cargo de Cristina Echegoyen”.

En entrevista con Página12 (La palabra empeñada), Estela Díaz comentó que desde el gobierno “dijeron que va a seguir cien por ciento y que garantizaron la total continuidad. Las decisiones que está tomando el gobierno nos pueden hacer dudar. Nosotras dijimos que le tomamos la palabra. Vamos a darle un voto de confianza. Pero no vamos a bajar la guardia”.

Además de encargarse del reparto  de métodos anticonceptivos, del PNSSyPR también “depende la aplicación efectiva de la ley que garantiza ligadura de trompas y la vasectomía, la ley de identidad de género y el acceso a los abortos legales contemplados por el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. El 14 de enero , Clarín publicó una nota titulada En una década, el embarazo en menores de 20 años creció 15,7% donde explicaron que según un documento publicado por CIPPEC “en el país la tasa de fecundidad adolescente aumentó de 30,5 por cada mil mujeres de entre 10 y 19 años en 2001, al 35,3 en 2011: un aumento del 15,7% en 10 años. En 2012, el 12,3% de las mujeres de entre 15 y 19 años tenían un hijo o estaban embarazadas”.

                En una nota firmada por más de 70 personas y organizaciones (entre ellas ELA), presentada ante el Ministerio de Salud de la Nación, se exigió “la urgente designación al frente del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR)  de una persona idónea que garantice la continuidad de las políticas públicas establecidas por la Ley de su creación”. Si este programa deja de existir, la salud y la elección reproductiva de miles de mujeres se verán en riesgo.

 

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