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Con derechos nos queremos
 

En una nueva conmemoración del 8 marzo es necesario profundizar el camino hacia la erradicación de las violencias contra las mujeres, que deben comprenderse en el contexto de los déficits respecto de tantos otros derechos.

(Buenos Aires, 8 de marzo 2016) - El 8 de marzo se conmemora la lucha de las mujeres por su participación plena en la vida social, política y económica, por las posibilidades efectivas de desarrollar su plan de vida como personas íntegras, autónomas e iguales. La fecha interpela sobre la desigualdad de las mujeres y las brechas en el cumplimiento efectivo de sus derechos: a la educación, la salud, la libertad para decidir sobre sus propios cuerpos, el empleo, el cuidado, la justicia.  Se trata de vivir plenamente derechos fundamentales de toda democracia, que incluye el derecho a una vida libre de violencia pero también va mucho más allá.  

Como nunca, hoy la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres, la forma más visible de la desigualdad, ha cobrado amplia relevancia social.  Pero no será posible avanzar en esa dirección si no se abordan los déficits respecto de tantos otros derechos.

Las mujeres siguen siendo las principales responsables del cuidado de niños y niñas; su inserción laboral es más precaria, peor remunerada y su desarrollo profesional más limitado de modo que cuentan con menores posibilidades de llegar a ejercer puestos de decisión; el embarazo adolescente y la imposibilidad de decidir libremente sobre sus propios cuerpos tienen un impacto determinante en sus oportunidades para completar su educación; son ellas quienes se empobrecen en mayor medida como consecuencia de un divorcio: y la vejez las encuentra en situación de dependencia económica con otras mujeres a cargo de su cuidado.

Comprender la violencia contra las mujeres como un continuo de la discriminación en todos los ámbitos de la vida social y política es un paso indispensable para comenzar a diseñar políticas públicas integrales para su abordaje. Ese abordaje integral requiere, además, contar con un información indispensable basada en investigaciones empíricas que puedan aportar una mejor comprensión de los problemas. En la iniciativa Cerrando brechas para erradicar la violencia contra las mujeres hemos desarrollado investigaciones que se presentarán próximamente en las distintas ciudades de Argentina donde estamos trabajando junto con gobiernos locales y organizaciones sociales para llevar adelante el proyecto.

Así, sabemos que más del 90% de las mujeres tiene muy en claro que las formas abiertas de discriminación y violencia no son aceptables bajo ningún punto de vista. Sin embargo,  3 de cada 10 mujeres considera la violencia contra las mujeres como un asunto privado en el que no deben involucrarse otras personas, lo que da cuenta de las dificultades al momento de identificar la dimensión pública del problema. Por eso, aunque 1 de cada 2 mujeres sufren violencia psicológica a lo largo de su vida; 1 de cada 3 mujeres sufren violencia física y 2 de cada 10 sufren violencia sexual, solo 1 de cada 10 mujeres que vivieron esas formas de violencia han hecho la denuncia a una institución pública.

La desarticulación entre distintas instancias institucionales, tanto dentro del sistema judicial como entre las áreas de género municipales y la justicia es un lamentable hallazgo de las investigaciones que llevamos adelante. La falta de una política coordinada entre municipio, provincia y nación, sumada a la superposición de recursos existentes en diversas áreas, dificulta la consolidación de estrategias comunes para dar seguimiento a los casos.

Al mismo tiempo que se repiten los diagnósticos, la falta de comprensión de la heterogeneidad de situaciones diversas por parte de las instituciones que deben dar respuesta a estos casos es notable. Una referente de una organización barrial de mujeres explica: “Trabajamos la violencia de género en todos sus aspectos y con todos los ejes que la atraviesan: ser migrante, ser pobre, ser analfabeta. El tema de tener que cumplir con el rol de ama de casa, tener que seguir al marido a pesar de todo, y el tema de los lazos también, estar solas las hace más vulnerables”.  


La superación de la situación de violencia requiere espacios de acción colectiva, favorecidos por la participación en espacios comunitarios, en especial en actividades gestadas por grupos de mujeres. En las experiencias analizadas, esto aparece como un punto de inflexión que condiciona el nivel de conocimiento y apropiación de los derechos por parte de las mujeres en diversas situaciones personales, de clase, de lugar de residencia, de origen. En la entrevista personal que se le realizó, la misma referente de define a las medidas judiciales como lentas y contradictorias y como violencia institucional al hecho de que las mujeres tengan que esperar todo un día en el juzgado para poder realizar la denuncia. “Además, en algunos casos el juez dictamina que la mujer se vaya y el hombre permanezca en el hogar. Por ejemplo, un juez dictó una exclusión del hogar en la que la mujer podía ir a la casa a cocinar y se tenía que ir cuando llegaba el hombre”, recuerda y agrega: “Es importante que el proceso judicial esté acompañado por la independencia económica de la mujer”.

Los prejuicios culturales y el trato discriminatorio (donde se intersectan el género, la nacionalidad y la pertenencia de clase) persisten en las prácticas institucionales a lo largo de las distintas instancias que deben atravesar las mujeres migrantes víctimas de violencia. En el caso de las mujeres migrantes, esto no sólo implica una vulneración de derechos que impacta en su calidad de vida, sino que también opera como un factor expulsivo y disuasivo en relación a su acceso a la justicia. “El discurso político es uno y la realidad de las mujeres es otra. Dicen que las mujeres avanzamos pero si no podemos trabajar y ganar nuestro dinero, así no se puede salir. Las mujeres seguimos dependiendo de nuestros maridos, no los dejamos por eso”, afirmó en un taller barrial otra referente, esta vez de una organización barrial de mujeres migrantes. En las actividades tanto con mujeres migrantes como indígenas, las participantes coincidieron en la importancia de encontrarse con otras mujeres para informarse y compartir las experiencias, de reunirse “por una lucha que es común por el solo hecho de ser mujer”.

A pesar de estas particularidades, el problema de fondo es similar. Las declaraciones citadas confirman -una vez más- que la vivencia de la violencia y la falta de respuesta de las instituciones afectan a todas las mujeres, más allá de su nacionalidad, su edad o su estrato social.

En esta fecha, creada en conmemoración de la lucha de un grupo de mujeres trabajadoras que murieron defendiendo sus derechos, reclamamos: con derechos para todas nos queremos. 

 
 

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