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La justicia (no) consentida

 

En una sentencia cargada de prejuicios, el Tribunal Oral Nro. 3 de Capital Federal considera que una adolescente de 15 años dio su consentimiento a violaciones repetidas ya que la víctima terminó consintiendo el acto “aunque pueda haber comenzado con la apariencia de fuerza”.

(Buenos Aires, 27 de abril de 2016) - El Tribunal Oral Nro.3 de Capital Federal dictó una sentencia donde se discute el abuso sexual de dos adolescentes de 13 y 15 años por parte de un hombre que se encargaba de trasladarlas a sus actividades escolares. En relación al abuso sexual de la adolescente de 13 años, el Tribunal afirma que está probado que no hubo consentimiento. Sin embargo, al analizar la existencia del delito de violación de la de 15 años, entiende que no hay certeza suficiente que permita concluir que hubo violación. 

Al momento de valorar la palabra de las mujeres, niñas y adolescentes en los procesos judiciales se tocan las  fibras más íntimas del orden social androcéntrico. La falta de credibilidad con la que se carga a la palabra aún hoy permea en las instituciones a través de múltiples manifestaciones. Así, la respuesta que da el Estado ante el reclamo por la vulneración de un derecho se traduce muchas veces en violencia institucional. Una de las manifestaciones de esta violencia institucional es el descreimiento en la palabra de las mujeres cuando denuncian violencia sexual.

La falta de credibilidad intenta ser disimulada en el procedimiento judicial a través del escrutinio de la propia víctima. Esta forma de la investigación judicial se centra, entonces, en estudiar a la víctima de acuerdo a parámetros que responden a estereotipos. En el caso de J.R., el Tribunal se pregunta si ella actuó de la manera en que una víctima “debe actuar” frente a una violación: ¿Por qué no se lo contó a otras personas? ¿Por qué no hizo la denuncia ni bien ocurrió el primer hecho? ¿Por qué permitió que esto siguiera sucediendo? ¿Por qué no luchó con suficiente fuerza para resistirse?  

La sentencia cristaliza la forma en que operan los estereotipos en detrimento de los derechos de las mujeres.

Ahora bien, acertadamente el Tribunal comienza sosteniendo:

“Es sabido y así lo demuestra la experiencia judicial, que la prueba directa en estos delitos es habitualmente escasa, en razón de la naturaleza misma de las conductas, generalmente ocurridas en ámbitos privados y que suelen producirse a partir de una relación de confianza –muchas veces familiar, como en nuestro caso- en la que las víctimas son sorprendidas y luego presionadas para que no den a conocer lo sucedido.”

Sin embargo, este razonamiento se detiene cuando se comienzan a hacer inferencias que, bajo una argumentación que apela a la razonabilidad, esconde los más arraigados estereotipos de género. En el caso se puede ver especialmente cómo se borra la línea entre consentimiento y violencia sexual, es decir, de qué manera se interpreta el consentimiento para determinar la existencia o no de violencia sexual.

Luego de remarcar las dificultades que se presentan ante la escasa prueba en hechos de violencia, el magistrado agrega “ello conspira contra la acreditación de los hechos, introduciendo dudas sobre si el abuso existió o no.” Su respuesta ante ello es, según sus propias palabras, “que el centro del debate debe ser [entonces] si el relato de la víctima es o no creíble”.

Para el Tribunal, J.R. no superó la prueba de credibilidad. La adolescente, de 15 años, no actuó de la manera en que “debía actuar”, ni durante, ni luego de los hechos. Por ello el Tribunal considera que no existe una duda insalvable respecto de si dio su consentimiento para el abuso sexual. Y es que el consentimiento, para los jueces y la jueza que integran el tribunal, puede ocurrir luego de que el hombre logra vencer la resistencia de sus víctimas al abuso sexual. Con la “indiscultible elegancia” de las palabras del penalista Ernesto Ure, el juez Anzoategui afirma que:

“no hay delito cuando el acto acaece merced a los esfuerzos del hombre, dirigidos a despertar el instinto y a vencer la oscilante resistencia, pues más que devastar una plaza sitiada, es apoderarse de una plaza rendida...”. El concepto se refiere a aquellos casos en que la mujer por un acto voluntario, termina por consentir los deseos del sujeto activo, aunque haya sido este el que provocó ese consentimiento por una conducta que pudo haber comenzado con la apariencia de fuerza, pero en el que la fuerza deja de ser el factor decisivo, y es reemplazada por el instinto sexual (conf. Ernesto Ure, “Los delitos de violación y estupro”, Edit.Idea, Buenos).

Para concluir, el juez Anzoategui afirma:

es probable que originariamente haya existido, en mayor o menor grado, la violencia que la menor describe, pero esta situación obstaculiza seriamente la posibilidad de graduar con un  mínimo de rigor la gravedad e incidencia que dicha presunta violencia pudo tener en la concreción del acto sexual cumplido.” (el resaltado es propio)

El derecho internacional de los derechos humanos es claro al señalar que los Estados están obligados a eliminar las prácticas que se encuentran enquistadas en las instituciones y se basan en estereotipos de género. Podemos ilustrar esto a través del caso Karen Vertido contra Filipinas. Allí, el Comité de la CEDAW sostuvo que

la aplicación de estereotipos afecta el derecho de la mujer a un juicio imparcial y justo, y que el poder judicial debe ejercer cautela para no crear normas inflexibles sobre lo que las mujeres y las niñas deberían ser o lo que deberían haber hecho al encontrarse en una situación de violación basándose únicamente en nociones preconcebidas de lo que define a una víctima de violación o de violencia basada en el género en general.

En contra de lo que indican los estándares de derechos humanos, el magistrado infiere el consentimiento. Sostiene que es difícil admitir, entonces, que J.R. no haya tenido oportunidad de ejercer una resistencia más eficaz, o que no lo haya comentado con nadie, o que incluso, nadie haya sospechado nada, ni escuchado nada, ni visto nada.

La sentencia nos lleva a exigir nuevamente la responsabilidad del Estado por las acciones de todos sus poderes. Es un hecho que el poder judicial sigue dando contundentes muestras de la falta de perspectiva de género en sus prácticas.

La sentencia completa en nuestro Observatorio de Sentencias Judiciales

 

 
 

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