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No creer en la palabra de las mujeres se paga en años de cárcel… para ellas
 

Belén es el nombre ficticio de una joven de la provincia de Tucumán, que se encuentra presa desde hace dos años luego de que en un proceso lleno de irregularidades se la condenara por provocarse un aborto. Los fundamentos de la sentencia se conocerán en unos días, pero el prejuicio que la inspira ya es más que evidente.

(Buenos Aires, 29 de abril de 2016) - El Salvador es uno de los pocos países del mundo en los que la regulación prohíbe el aborto en todas las circunstancias, aún cuando la interrupción del embarazo fuera indispensable para salvar la vida de la mujer. Esta prohibición absoluta no solo ha costado la vida de muchas mujeres en ese país centroamericano, sino que sus consecuencias se han extendido para restringir la libertad de muchas otras.  Cuando las mujeres sufren un aborto espontáneo, se las acusa de haberse provocado la interrupción el embarazo y se les imponen condenas de más de 30 años de cárcel, tal como documenta un estudio reciente de Amnistía Internacional.  

En Argentina, la regulación vigente autoriza la interrupción legal del embarazo en los casos en que corre peligro la vida o la salud de la mujer, y en todos los casos de violación. Sin embargo, la condena moral y el estigma que pesa sobre el aborto, sumado a la mirada prejuiciosa respecto de las mujeres (en particular las mujeres jóvenes, pobres) genera una gran brecha entre el derecho y su ejercicio efectivo. Ni el estado nacional ni los estados provinciales impulsan con firmeza las normas y procedimientos necesarios para que la práctica del aborto sea accesible en los casos permitidos por la ley. Por lo tanto, las adolescentes, jóvenes y mujeres se enfrentan a numerosos obstáculos para el acceso a la práctica aún cuando la Corte Suprema de Justicia sostuvo en marzo de 2012 que el aborto es un derecho en los casos previstos por el artículo 86 del Código Penal.

Sin embargo, el impacto de este estigma no se detiene en la obstaculización del acceso al aborto, sino que extiende a la condena anticipada sobre las mujeres (en particular cuando son jóvenes o cuando viven en condiciones de vulnerabilidad) que son sometidas a reiteradas formas de violencia institucional y violencia obstétrica por parte de los equipos de salud.  Este fue el caso de Belén, difundido en los medios de comunicación por estos días, a quien la justicia de Tucumán condenó sin pruebas por “homicidio agravado por alevosía” ya que consideran que se provocó la interrupción del embarazo, dando muerte al feto en el baño de un hospital.

Belén llegó a un hospital provincial, tal como se consignó en la historia clínica, con un aborto en curso. Luego de ser atendida, concurrió al baño del establecimiento donde dijo que había “expulsado un coágulo”. Uno de los médicos, ordenó entonces a una enfermera que registrara los baños, aun sin saber a cuál había acudido la joven y en un ámbito en el que los baños públicos son usados por decenas de personas. La trabajadora recuperó entonces un feto de unas 32 semanas de gestación, que se atribuyó (sin prueba alguna) a Belén.

Esta condena social, moral y prejuiciosa de quienes integraron los equipos de salud del hospital se extendió a las fuerzas policiales y luego a la justicia. Sin pruebas físicas sobre el vínculo genético entre Belén y el feto, sin cadena de custodia sobre la supuesta “prueba” y pasando por alto las medidas más obvias de secreto profesional a cargo de los equipos de salud, todos los derechos de esta joven fueron repetidamente vulnerados.

Los fundamentos de la sentencia se conocerán en unos días y será apelada por la abogada Soledad Deza, quien ha asumido muy recientemente la representación jurídica de Belén.  Pero los prejuicios discriminatorios que inspiraron el accionar médico, el proceso judicial y la decisión de la justicia, ya son más que evidentes.

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