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ELA manifiesta su preocupación por la continuidad del Programa Nacional de Educación Sexual Integral

 

La educación sexual integral debe garantizar la educación para la igualdad y el respeto por la diversidad sexual, además de brindar información sobre derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.  Sin ese compromiso del Estado federal y de las provincias, la violencia de género y los embarazos adolescentes seguirán en aumento, profundizando las desigualdades y vulnerando los derechos de niñas, niños y adolescentes. El Comité de Derechos Humanos de ONU acaba de formular una recomendación en ese sentido al Estado argentino.

(Buenos Aires, 15 de julio de 2016) – Ante la advertencia por parte de trabajadoras y trabajadores de irregularidades en el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), desde ELA manifestamos nuestra extrema preocupación y exigimos que se garantice su continuidad.

El Programa Nacional de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la Nación fue creado en el año 2008 con el fin de coordinar e implementar distintas acciones sobre la cuestión en todo el territorio del país. Surgió tras la sanción de la Ley Nacional N° 26.150, que establece la responsabilidad del Estado en hacer cumplir el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir ESI en todos los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada, desde los niveles de educación inicial hasta la formación docente.

En 2010 el Programa asumió además un compromiso de género y derechos humanos establecido en los Lineamientos Curriculares aprobados por el Consejo Federal de Educación y avalados por distintos acuerdos internacionales. Esta iniciativa se articuló con una de las líneas estratégicas de trabajo del Programa que promueve la equidad de género, la educación contra la discriminación, contra la violencia, la desnaturalización de los estereotipos de género, y para pensar las estrategias de inclusión educativa teniendo en cuenta la situación de las niñas, las jóvenes y las mujeres y sus derechos.

La evaluación de la implementación del Programa Nacional de ESI (2008-2015) da cuenta de las dificultades y desafios que enfrentó en los últimos años. La evaluación llevó a recomendar algunos aspectos centrales para mejorar y profundizar el trabajo:  (i) consolidar la institucionalidad y la transversalidad de la ESI en los proyectos educativos; (ii) extender y profundizar el proceso de capacitacio?n conceptual y metodolo?gica; (iii) profundizar la formacio?n docente en aquellas tema?ticas de mayor complejidad como ge?nero y diversidad sexual; violencia y abuso sexual, y embarazo y maternidad/paternidad en la adolescencia; (iv) maximizar el acompan?amiento por parte de los equipos provinciales; y  (v) desarrollar campan?as para la promocio?n de la Educacio?n Sexual Integral como derecho.

Claramente, el compromiso del Estado iniciado con la sanción de una Ley de ESI necesita profundizarse y ser acompañado de capacitación, compromisos políticos en todos los niveles de gobierno y campañas de difusión. Esto requiere de más recursos por parte del Estado, no menos.

Según datos de UNFPA en la Argentina nacen por día 300 bebés de madres adolescentes; al menos el 53% de esos embarazos no fueron buscados y más de la mitad de esas adolescentes abandonan el colegio. La educación en salud sexual es un derecho adquirido que, a través del Programa Nacional de ESI y su aplicación integral y federal, debería garantizar mayor prevención en la anticoncepción, mayor prevención en la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, menos embarazos no deseados, y menos abortos en un marco de ilegalidad que conlleva precariedad, cárcel y muerte.

En ese sentido se pronunció hace pocos días el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que señaló que el Estado argentino “debe multiplicar y asegurar la aplicación de programas de educación y sensibilización a nivel formal (escuelas y colegios públicos y privados) e informal (medios de comunicación y otros) sobre la importancia del uso de anticonceptivos y los derechos a la salud sexual y reproductiva” (párrafo 12 de las Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de la Argentina).

Desde ELA, por lo tanto, demandamos que se ratifique la continuidad de esta política pública fundamental.

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