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Reflexiones sobre el caso Belén
 

En medio de la satisfacción por la libertad de la joven tucumana detenida por sufrir un aborto espontáneo que el Poder Judicial persiguió como un delito de homicidio agravado, y a la espera de que la Corte provincial resuelva sobre el problema de fondo, desde ELA queremos llamar a la reflexión sobre la preocupante vigencia de la cultura machista en el ámbito de la salud y la justicia. 

(Buenos Aires, 22 de agosto de 2016) -  Con Belén en libertad por decisión de la Suprema Corte de la Provincia de Tucumán gracias al trabajo de su abogada, Soledad Deza, junto a la Mesa Provincial por la Libertad de Belén, desde ELA queremos manifestar nuestra preocupación por lo que ocurre tanto en el ámbito de la salud pública como en la justicia. Allí continúa vigente una cultura que condona las violencias sobre los cuerpos y las decisiones de las mujeres, territorio ocupado por las inequidades de género que hacen peligrar la vida y desarrollo de mujeres, niñas y adolescentes. Al ignorar reiteradamente la palabra de las víctimas de violencia el Estado nacional, los estados provinciales y sus agentes  son cómplice y motor de que se instalen tales inequidades provocando más violencia, más injusticia, más pérdida de valores fundamentales como el derecho a la salud, a la vida libre de violencias, a la libertad.  Todo esto está todavía en juego en el caso “Belén”, donde se condenó  a una joven, quien llegó en marzo de 2014 a un hospital público a buscar ayuda para proteger su salud, y terminó presa hasta el 20 de agosto de 2016, condenada a 8 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. 

El caso de Belén no es único. Cientos de mujeres han estado en situaciones similares, a merced de aquellos que ejercen un poder incuestionable que se muestra sin enmascaramientos cuando buscan atender su salud sexual o reproductiva en un hospital público. Belén entró al hospital en compañía de su madre, una madrugada de marzo, en busca de ayuda para paliar un fuerte dolor abdominal. En la guardia se le informó que estaba padeciendo un aborto espontáneo. Sin embargo, poco después se la acusó de haber dado a luz en el baño del hospital y de haber dado muerte al feto. Los médicos, enfermeras y enfermeros, el equipo de psicología del hospital y la propia policía, ignoraron su palabra sistemáticamente.  Avanzaron por encima y en contra de la ley que protege su derecho a la salud y su privacidad, violaron las leyes que la protegen contra todo tipo de violencia y la confidencialidad de la relación con los profesionales de la salud a quienes fue a pedir asistencia médica.  Los funcionarios del área de salud y luego en el ámbito judicial actuaron en base a sus prejuicios de género y de clase, agravando la vulnerabilidad de esta mujer que, por su condición socioeconómica, no tenía otra alternativa más que la de recurrir al hospital público. 

El pasado 28 de julio, Leticia Kabusacki, abogada y socia fundadora de ELA, viajó a Tucumán para participar de una conferencia de prensa convocada por las organizaciones de la sociedad civil que acercamos escritos de amicus curiae al Tribunal de Tucumán para apoyar el pedido de anulación de la condena de Belén y su inmediata liberación.. Luego, junto con Soledad Deza, abogada defensora de Belén, la agrupación ANDHES, CELS, Innocence Project, Amnistía Internacional y la abogada Nelly Minyersky por la Asociación de Abogados, nos reunimos con el Secretario de Derechos Humanos y Promoción Cultural de la Nación, Claudio Avruj y la Secretaria de Estado de Derechos Humanos de la Provincia,  Erika Brunotto, quienes se encontraban en la provincia en ocasión de la reunión del Consejo Federal.  Nuestro objetivo era afianzar las razones por las que la privación de libertad de la joven tucumana debía cesar de inmediato, y anularse su condena a 8 años de prisión, en un juicio plagado de violaciones a sus derechos humanos.  

El esfuerzo de Soledad Deza junto a la Mesa Provincial y el apoyo incesante de las organizaciones que, como ELA, velamos por el cumplimiento y la protección de los derechos humanos de las mujeres, lograron que la joven esté en este momento en libertad, luego de pasar más de 900 días en prisión en virtud de un proceso penal plagado de irregularidades.  A pesar de la decisión de la Corte tucumana de ordenar su lugar su inmediata liberación, las resistencias obligaron a la defensora de Belén a presentar un habeas corpus para detener las dilaciones que perversamente hacían que la joven no lograra abandonar el penal.  Ahora continuaremos esperando atentamente la resolución de la Corte Suprema de la Provincia de Tucumán en la cuestión de fondo, es decir por qué la condena impuesta no fue ajustada a derecho, o si solo se atendieron las cuestiones de forma que hicieron que la condena cayera por su evidente nulidad en el manejo del proceso y de la prueba. 

La conducta del Estado con Belén le ha generado a la Argentina un llamado de atención reciente por parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.  Si la Corte tucumana no se expide en cuanto al fondo y resuelve de conformidad con los tratados de derechos humanos (en particular, la CEDAW y Belén do Pará), junto con el propio derecho interno que salvaguarda el derecho a la salud y al secreto profesional en el supuesto en que una mujer recurra a los profesionales de la salud en una situación de aborto (ya sea espontáneo o inducido, es irrelevante), es probable que el Estado Argentino reciba nuevamente un apercibimiento por parte del Comité de la CEDAW, en su próxima revisión de noviembre 2016.

Además de las cuestiones señaladas por las organizaciones que acompañamos a la defensa de Belén en los amucis curiae, los apoyos informados, y los propios argumentos señalados en el fallo de Casación ordenando la liberación de Belén, nos preocupa el fuerte silenciamiento de las mujeres en acciones de este tipo y en otras situaciones de violencia. El patrón sigue siendo ignorar la palabra de las mujeres, que no se escuche su denuncia o su narrativa de los hechos, y se las juzgue por cómo calzan en los esteretipos sexistas fuertemente enraizados en el sistema de salud y de justicia de nuestro país. En este y casi todo otro proceso de juzgamiento a las mujeres, los estragos de este modo de impartir una justicia o una atención médica que criminaliza a las  más vulnerables, se ve facilitado y amplificado por los medios que repiten los estereotipos, no informan los hechos de manera veraz destacando lo que conviene al resultado de condena esperado, y en general tratan el tema sin ninguna empatía por la particular situación de las mujeres y sus familias.  En el caso de Belén, aún después de haberse dispuesto su libertad, importantes medios nacionales, incluyendo el informativo de Radio Nacional que se repite en todo el país, se refirieron al hecho como la “liberación de la joven que asesinó a su bebé”. No se informó que no hubo bebé ni asesinato, que ingresó al hospital por dolores abdominales y que se le detectó un aborto espontáneo, que se le mostró un feto que se le presentó como suyo a una mujer que decía no saber que estaba embarazada, que nunca se le practicó un ADN al feto para determinar si había salido de su cuerpo, y que aún si se hubiera presentado al hospital con un aborto espontáneo o inducido, la ley de Derechos del Paciente  y la jurispridencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (y de la Cámara Penal en Pleno, desde el año 1966), protege el secreto profesional, que fue violado en este caso.  El Poder Judicial y el sistema de salud, tal como todos los organismos del Poder Ejecutivo nacional, provinciales y municpales, al igual que los medios de comunicación deben asumir su responsabilidad en perpetrar los estereotipos sexistas que generan distintas formas de violencia contra las mujeres.

 
 

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