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Una interrupción legal del embarazo en el contexto de violencia de género

 

Una jueza de un Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción reafirmó el derecho a la interrupción legal del embarazo en los casos de violencia de género, y resolvió el sobreseimiento de  dos profesionales de la salud y a una paciente denunciadas por la entonces pareja de la mujer de haber facilitado y provocado un aborto.

(Buenos Aires, 30 de agosto de 2016) - Una mujer embarazada concurrió, a instancias de su madre y acompañada por su pareja, a un centro de salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, fue atendida por un equipo de profesionales de la salud, y manifestó ante ellas su intención de interrumpir el embarazo. La mujer había intentado abortar de manera insegura, con una droga que había comprado en internet. Se encontraba en un estado de angustia y ansiedad muy fuerte, y las interacciones entre la pareja y el comportamiento de ambos indicaban que el hombre ejercía violencia física, psicológica y económica sobre su pareja (controles de llamadas, de su espacio de trabajo, zamarreo, descalificaciones verbales permanentes, y aislamiento provocado respecto de su familia y amistades); además de mostrar una actitud violenta verbal y físicamente durante la consulta.

El relato de la mujer fue evaluado por el equipo interviniente, que entendió que se encontraba en una situación que ponía en peligro su vida y su salud. Le informaron que la interrupción del embarazo que cursaba estaba amparada por las normas vigentes, que podía encuadrarse en las causales de inimputabilidad del inciso 2º del artículo 86 del Código Penal[1], y le facilitaron un medicamento para la interrupción: Oxaprost. 

Luego de la visita al Centro de Salud,  cuando la mujer explicó a su entonces pareja para qué servía el medicamento, él se lo sacó violentamente y en contra de su voluntad. La mujer pudo comunicarse nuevamente con las profesionales que la habían atendido y les explicó lo ocurrido. Fue convocada nuevamente al centro de salud, donde manifestó no haber podido utilizar la medicación debido a que su pareja había ejercido violencia contra ella y le había quitado los medicamentos, pero que su intención de interrumpir el embarazo no había cambiado. El equipo de salud volvió a entregarle la misma medicación, y la convocó para un control médico cuando ella llamó para informar que había logrado interrumpir el embarazo. 

Cuando su entonces pareja supo que se había concretado la interrupción del embarazo, denunció penalmente a la mujer y a las dos médicas que la habían asististido.  El fiscal del caso decidió proseguir con la investigación y llamó a indagatoria a las tres mujeres denunciadas. 

La jueza entendió que la acción llevada a cabo se encontraba justificada por el ordenamiento jurídico argentino, en particular, el artículo 86 del Código Penal, y decidió sobreseer a las mujeres imputadas en la causa. Para ello, la jueza aplicó la doctrina del caso F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, e hizo un análisis contextualizado del hecho  teniendo en cuenta la situación de violencia y opresión en la que vivía y quedó embarazada la mujer.

La jueza entendió que cuando el inciso 2º del artículo 86 del Código Penal establece que un aborto no es punible cuando se provoca para evitar un peligro para la vida y la salud de la madre, el término “salud” debe entenderse en forma integral. De esta forma, una mujer a la que un embarazo no deseado afecta psicológicamente no se encuentra en una situación diferente de una cuyo embarazo le genera peligros a su salud física cuando se trata del acceso a un aborto legal y seguro: “Las profesionales juzgaron la situación desde sus propias perspectivas, y decidieron ayudar a [la mujer], en la propia convicción que en el caso de no hacerlo, peligraría [su] salud mental y física …”.

La jueza analizó la denuncia e investigación del aborto como un acto de discriminación, parte de un proceso sostenido de violencia. De esta forma, la jueza consideró probado que el denunciante había ejercido violencia sobre la mujer, y que era en ese contexto en que el embarazo le provocaba una especial situación de ansiedad y angustia a la víctima. En ese sentido, consideró que el hecho de que la mujer no hubiese denunciado a su ex pareja por ejercer violencia de género en su contra no era un obstáculo. Haciendo referencia al caso “F.A.L. s/ medida autosatisfactiva”, la jueza entendió que las causas que justifican la interrupción de un embarazo deben interpretarse de manera amplia (pro persona o pro mujer) y que, “… a la luz del principio de reserva constitucional … ha de concluirse en que la realización del aborto no punible … no está supeditada a la cumplimentación de ningún trámite judicial”. Por lo tanto, el personal médico no debe ni puede requerir la autorización judicial para realizar abortos no punibles, y debe practicarlos requiriendo sólo la declaración jurada de la víctima de que el embarazo es la consecuencia de una violación.

Conforme al artículo 72 del Código Penal la violación es un delito de acción privada, es decir, que no es investigado por el Estado a menos que así lo elija la persona que lo sufrió. En ese sentido, la jueza entendió que no se puede exigir a una mujer que denuncie lo que no quiere para justificar el aborto que quiere concretar o que llevó a cabo como consecuencia de la acción de su agresor. Los y las operadoras judiciales que intervienen en un caso como este deberían introducir a la investigación los contextos de violencia, discriminación y exclusión que rodean el hecho investigado, aunque no hayan sido traducidos al lenguaje judicial -que no haya habido una denuncia de violación o de violencia no quiere decir que no haya existido-.

Las y los operadores judiciales tienen que cumplir con su obligación de garantizar los derechos de las mujeres. Su intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos y, como afirmó la Corte Suprema en F.A.L., deben contribuir a la eliminación de las barreras y obstáculos institucionales y judiciales que han impedido a las mujeres acceder a un derecho reconocido por la ley. Casos como estos reclaman operadores de la justicia – juezas y funcionarios judiciales, fiscales, abogadas defensoras – que estén comprometidos políticamente con la autonomía y la realización de los derechos de las mujeres, y que estén dispuestos a hacer análisis interseccionales y situados de los hechos que se investigan como delitos. Reclaman, también, que el Estado intervenga en las situaciones de violencia y los procesos de exclusión y opresión de las mujeres, en lugar de convertirlas en objeto de sospecha e investigación.

La sentencia completa en nuestro Observatorio de Sentencias

[1] ARTICULO 86. – (…) El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.”

 
 

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