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DIARIO Z. POLÍTICA 15.04.2010

¿Algo está cambiando?

 
Natalia Gherardi
Abogada. Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)

El proyecto de reglamentación del artículo 86 del Código Penal que se proponen discutir la Legislatura es indicativo de otras iniciativas que anteriormente se discutieron en el mismo ámbito, y en otros, tanto a nivel nacional como provincial.

Por un lado, la existencia de estos debates es auspiciosa: un tema fundamental de la agenda de las mujeres llega a los cuerpos deliberativos y se discute sobre la base de argumentos sustantivos las mejores estrategias para asegurar la correcta interpretación del artículo del Código que desde hace más de 80 años establece en qué condiciones no es punible el aborto.

Pero ¿por qué es necesario que una norma local regule un procedimiento médico autorizado que en la mayoría de los casos se resuelve en la intimidad de la relación entre médico y paciente? La respuesta se encuentra en las intervenciones judiciales que con preocupante periodicidad resuelven casos de "pedidos de autorización para la realización de abortos no punibles". Baste mencionar los casos resueltos recientemente en la provincia de Chubut, donde por primera vez una Corte Suprema local reconoció que la correcta interpretación del artículo 86 inciso 2 -la única compatible con un estado liberal que no puede imponer obligaciones heroicas a sus habitantes- indica que las mujeres violadas cualquiera sea su estado de salud mental pueden interrumpir el embarazo producto de ese acto de violencia.

Lo destacable del fallo viene de la mano de la mayor desazón: sólo las personas que han logrado flanquear las barreras de acceso a la justicia, aun con las enormes limitaciones, frustraciones y dificultades que enfrentan, tienen la posibilidad (y nunca la certeza) de llegar a esta decisión favorable. Cuántas mujeres y cuántas niñas, continúan embarazos producto de una violación o pierden la vida en el intento por interrumpirlos. La justicia y la protección de sus derechos no llegan nunca para ellas.

En qué medida la aprobación de este proyecto contribuirá a modificar las prácticas médicas, la actitud de los profesionales de la salud y los operadores de justicia respecto de estos casos, está por verse. Pero las discusiones abiertas, informadas y honestas contribuyen a la construcción de un consenso acerca de los derechos, sus múltiples violaciones y las obligaciones que tenemos como sociedad para repararlos.

 

 
 

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