Subscribite a nuestro newslatter


Entremujeres. Género. 06.10.2016

Más mujeres en la política: el desafío de la nueva ley de paridad

 

Aprobada en Buenos Aires, la norma redobla la apuesta del cupo establecido en los 90 y establece una representación política femenina del 50 por ciento. Te contamos cómo es el panorama en distintos ámbitos y la importancia de este avance. 

Por Agustina Grigera

La ley de paridad aprobada recientemente en la provincia de Buenos Aires da cuenta de un desafío importante para la representación política: las mujeres no tenemos las mismas chances que los varones para acceder y sostenernos en los espacios de decisión política.

Es cierto que estamos mejor que hace 25 años, cuando Argentina se transformó en el primer país del mundo en exigirle a sus partidos una cuota mínima (30 por ciento) de mujeres en las listas para cargos electivos nacionales. Gracias a esta normativa las mujeres pasaron de ocupar el 4,3 por ciento de las bancas en la Cámara de Diputados de la Nación en 1987 al 36 por ciento de nuestros días. Sin embargo, esta ley que en aquel entonces fue eficaz para crear un piso hoy se ha transformado en un techo.

Como señalan varios estudios –del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Oficina de la Mujer de la CSJN y Directorio Legislativo- las mujeres ocupan hasta el 30% de las bancas de las legislaturas provinciales, como en el caso de la provincia de Buenos Aires donde alcanzan el 26% a pesar de conformar el 52% del padrón electoral.

La situación en el Poder Ejecutivo es peor y sin cambios desde hace varios años, puesto que las mujeres representan el 50% de la fuerza de trabajo de la Administración Pública Nacional (sin contar fuerzas de seguridad y defensa) y apenas el 22% de los altos cargos políticos (ministerios, secretarías y subsecretarías). Finalmente, en el Poder Judicial el 60% del personal administrativo y el 34% de los jueces en la Justicia Nacional y Federal son mujeres.

Existe, además, otro aspecto que amerita avanzar en la paridad: las mujeres tienen mayores dificultades para ocupar la presidencia de las Cámaras Legislativas o de las Comisiones relacionadas con la distribución de poder político (como las de Asuntos Constitucionales o Presupuesto). Su participación se concentra en las comisiones asociadas tradicionalmente a lo femenino como las de políticas sociales, salud, educación, niñez, vivienda, donde ocupan el 42% de las bancas contra el 18% de las comisiones relacionadas con temáticas económicas y presupuestarias. Este fenómeno se replica también en el Poder Ejecutivo.

Finalmente vale repensar el prejuicio más común asociado a la paridad: el que sostiene que el mayor ingreso de mujeres a los cargos políticos supone un aluvión de amigas y parientes cuyo único mérito es la relación con un hombre de la política.

Los datos muestran, más allá de los casos puntuales, que las legisladoras nacionales y provinciales tienen las mismas o mayores credenciales educativas: en el congreso nacional el 76% de las diputadas cuentan con título universitario contra 72% varones y el 90% de las senadoras frente al 69% de los varones. Y este dato se refuerza con otro: durante el 2013 las mujeres impulsaron el 63% de los proyectos del congreso nacional y en 2014 el 52%, es decir que su productividad estuvo siempre por encima al 50%.

La ley de paridad, aprobada por hombres y mujeres en un parlamento, es un avance importante como lo fue el cupo en la década del 90, porque muestra un abordaje conjunto. Y es auspicioso que el sistema político tome la iniciativa porque es el ámbito en el que se crean las reglas de juego para la convivencia democrática: si somos capaces de debatir y sostener la paridad en el acceso a poder político, podremos trabajar como sociedad en otras inequidades (ocupacionales, salariales, etcétera) que afectan a las mujeres.

 
 

Volver