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Un fallo establece la responsabilidad civil del Estado Nacional por femicidio
 

La jueza del Juzgado Nº 12 del Fuero Contencioso Administrativo Federal, decidió hacer lugar a una demanda por daños y perjuicios presentada en nombre de dos niñas menores de edad y condenó Estado Nacional por la prestación negligente del servicio de la policía que resultó en el femicidio de la madre de las demandantes.
 

El 19 de octubre pasado en la causa “A. R. H. y otro c/ EN-M Seduridad-PFA Y otros s/daños y prejuicios”, la Dra. Macarena Marra Giméne, titular del Juzgado Nº 12 del Fuero Contencioso Administrativo Federal, decidió hacer lugar a una demanda por daños y perjuicios presentada en nombre de dos niñas menores de edad en contra del Estado Nacional – Ministerio del Interior-Policía Federal Argentina, por la prestación negligente del servicio de la policía que resultó en el femicidio de su madre, Mirta Schossler, por su marido y padre de las demandantes, Daniel Aguirre, que luego de ataque cometió suicidio. La jueza condenó al Estado Nacional y uno de los policías que intervinieron en el procedimiento en el que Aguirre asesinó a la Sra. Schossler, el suboficial Leiva, al pago de una indemnización. 

Durante el matrimonio de la Sra. Schossler y el Sr. Aguirre, el Sr. Aguirre ejerció violencia psicológica y física contra su esposa y sus dos hijas. Como consecuencia del abuso, el 15 de febrero de 2010 la Sra. Schossler decidió abandonar el hogar en común con sus hijas y, al día siguiente, promovió una acción civil por violencia familiar en un juzgado civil contra su marido. Como consecuencia de la denuncia, el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 9 dictó en contra de Daniel Aguirre una prohibición de acercamiento y una autorización para que la Sra. Schossler pasase a retirar sus efectos personales del domicilio que compartía con el Sr. Aguirre acompañada con personal de la Comisaría no. 17. El magistrado ordenó al Comisario a cargo de la Seccional 17 de la Policía Federal Argentina, Sr. José Pedro Potocar, que notifique personalmente al Sr. Aguirre las medidas adoptadas en dicho expediente.

El 22 de febrero de 2010 Mirta Schossler fue asesinada por su esposo Daniel Aguirre. Esa mañana, la Sra. Schossler, en cumplimiento de lo dispuesto por el juez civil, se dirigió al domicilio para proceder al retiro de sus pertenencias y las de sus hijas. Fue acompañada por dos suboficiales de la Policía Federal Argentina, Leiva y Corvalán que tenían la función de impedir el contacto entre el Sr Aguirre y la Sra. Schossler. Como consecuencia de la actitud pasiva, la omisión y negligencia de los suboficiales –Corvalán permaneció fuera del recinto, y Leiva no procuró evitar el contacto entre las partes-, Aguirre atacó a Mirta Schossler, y luego se suicidó.

Con el objetivo de determinar si correspondía o no atribuir responsabilidad al Estado Nacional, a la Policía Federal y a sus agentes por la muerte de la pareja, la jueza hizo un análisis de las normas que, en Argentina, reconocen el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y sin discriminaciones, y todos los derechos que ello conlleva – el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, a la integridad física, psicológica, sexual, económica, a gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad -, y ponen en cabeza del Estado obligaciones que tienden a garantizar aquellos derechos. Así, nuestra legislación regula las medidas cautelares que un juez o jueza puede ordenar en casos de violencia; la obligación del estado de formar un Cuerpo Policial Especializado debidamente capacitado para, entre otras cuestiones, prestar servicios a los particulares en situaciones de violencia familiar; el deber de garantizar la asistencia en forma integral y oportuna a las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, y asegurarles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz a servicios; de garantizar a las mujeres a recibir protección judicial urgente y preventiva en situaciones de violencia.

En particular, la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, establece que un magistrado puede, entre otras medidas preventivas, (…) ordenar a la Fuerza Pública al acompañamiento de la mujer que padece violencia, a su domicilio para retirar sus efectos personales (art. 26, b.4), y la resolución nro. 505/2013 del Ministerio de Seguridad aprobó las “Pautas para la Intervención Policial en casos de violencia en relaciones familiares”, con el objetivo de adecuar las intervenciones de los Cuerpos Policiales y de las Fuerzas de Seguridad a la normativa internacional y nacional vigente en materia de violencia.

Luego de analizar la normativa vigente en materia de violencia de género, de responsabilidad del Estado, las medidas tomadas por el juez civil y los hechos que considera acreditados, la jueza concluyó que, respecto de la muerte de la Sra. Schossler, encontró acreditada la falta de servicio en el obrar estatal. En efecto, la jueza sostuvo que, por tratarse la mujer de una víctima de violencia doméstica, pesa sobre el personal policial un deber de seguridad personal, que consideró, se había cumplido de una manera irregular.

Entendió que se encuentra probado que el descuido del agente policial en la custodia de la Sra. Schossler -reconocido por el propio oficial Leiva (…).Máxime cuando, el propio agente interviniente en la diligencia advirtió el cambio en el aspecto y rostro del Sr. Aguirre – según sus propias afirmaciones, sin que tomara ninguna precaución al respecto, volcándose a labrar las constancias administrativas. Nótese en este sentido, que la medida de prevención del Juez Civil, dictada en el marco de una causa por violencia doméstica, no sólo incluyó la orden al personal policial para acompañar a la Sra. Schossler a retirar sus pertenencias al hogar común, sino también la prohibición de acercamiento del Sr. Aguirre a la Sra. Schossler ´en cualquier lugar donde estas se encuentren´, de conformidad con lo dispuesto en el art. 4° ap. b) de la ley 24.417.

Como en otros tantos casos, vemos cómo la sanción de leyes y la aprobación de instrumentos internacionales que tienden a la protección de los derechos de las mujeres -y otras minorías- es insuficiente. Para que las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis y transexuales puedan vivir en una sociedad sin violencia de género necesitamos la modificación de patrones socioculturales que nos siguen relegando a posiciones de inferioridad – cambios institucionales, en las capacitaciones que reciben lxs funcionarixs y agentes públicxs, en la forma en que aquellx perciben la discriminación y la violencia de género y, a través de actitudes pasivas o activas, la habilitan. Esperemos que la atribución de responsabilidad al Estado por las negligencias e incumplimientos en materia de violencia de género implique un empuje para el cambio.  

 
 

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