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Un año de trabajo con más trabajo por delante

 

El 2016 fue un año marcado por las movilizaciones de mujeres marchando por la reivindicación de sus derechos. De alguna manera, fue el año en que todo el trabajo de décadas de feminismo y de las mujeres organizadas quedó a flor de piel, saliendo a la superficie en las marchas y las consignas: “Vivas nos queremos” quiere decir no solo libres de violencias, sino también vivas en el ejercicio de nuestra libertad, en la concreción de nuestros deseos.  Para eso trabajamos.

(Buenos Aires, 2 de diciembre de 2016).  Si empezamos por el lado positivo de todo balance casi ineludible de fin año, el 2016 se destaca por los efectos positivos de las grandes movilizaciones sociales contra la violencia machista, que se iniciaron con la marcha de junio de 2015 y que se repitieron en los multitudinarios Encuentros Nacionales de Mujeres, y las nuevas movilizaciones del 3 de junio, el 19 de octubre y el 25 de noviembre de 2016.

Esas movilizaciones generaron que el tema de la violencia contra las mujeres entrara en la agenda pública, volviéndose un tema presente de las campañas electorales de 2015, luego exigible en el primer año de gestión de los nuevos gobiernos.  Durante 2016, esa demanda social para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, también marcó un ritmo para las políticas públicas. Luego de años de demora, se presentó en julio de este año el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación contra la Violencia para hacer operativa la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, que recoge en gran medida los lineamientos que habíamos formulado colectivamente desde un grupo de organizaciones y activistas, en noviembre de 2015.

Además, contar con un Plan, nos permitió pelear por su incorporación expresa en el presupuesto nacional, que gracias a las gestiones de la sociedad civil no sólo aumenta el presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres sino que también incorpora una línea presupuestaria para que, por primera vez, su monitoreo sea posible

Por otra parte, la demanda de las organizaciones de mujeres y de derechos humanos junto con la organización transversal de legisladoras a nivel nacional y en muchas provincias, logró instalar en la agenda de discusión pública la necesidad de receptar el principio de paridad en la participación política. Un proyecto de reforma electoral que no había incluido ninguna de las demandas por la igualdad de género, fue el vehículo para incluir una cláusula paritaria para las elecciones nacionales. Así, luego de trasladar el debate también a las provincias (como Buenos Aires, Salta, Chubut y Neuquén, que aprobaron la paridad para las elecciones provinciales en los últimos meses), llegamos al mes de noviembre con dos proyectos sobre paridad aprobados por sendas cámaras del Congreso Nacional.  La Campaña #MujeresALaPolítica impulsada por ELA y Amnistía Internacional Argentina promueve esta reforma, que será realidad más temprano que tarde.

Alarman las dificultades para garantizar el acceso al aborto en los casos en que es legal, la persecución judicial de las jóvenes y mujeres en situación de aborto (que generalmente son mujeres pobres), las limitaciones para la interpretación de ley vigente aún cuando el Comité de la CEDAW destaca como uno de los aspectos destacables del país la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso FAL (resuelto en 2012) y promueve el debate para considerar el proyecto de reforma del Código Penal que se propone modificar la regulación actual del aborto, pasando de un sistema de causales (hoy vigente) a un sistema que incluya la despenalización dentro de cierto plazo de tiempo. 

Además, es sumamente preocupante el efecto de la crisis económica y las políticas de ajuste en las mujeres, particularmente en  un contexto de escasas políticas públicas de cuidado, que dificultan la situación de empleo de las mujeres. Actualmente en el Congreso Nacional hay más de 40 proyectos que proponen modificar el régimen de licencias previsto en la Ley de Contrato de Trabajo y, por su parte, el Poder Ejecutivo trabaja en una propuesta propia.  Desde el ámbito empresarial se presentan resistencias a la ampliación de licencias (de maternidad, paternidad y otras) argumentando que generarían mayores costos laborales y resultarían en una menor productividad del trabajo. Sin embargo la realidad es a la inversa:  ampliar las licencias mejora la productividad y el rendimiento porque disminuyen las tensiones, y fomenta también un mayor compromiso de las personas con su empleo. Es indispensable ampliar el régimen de licencias en Argentina para adecuarlo a los estándares internacionales en materia de derechos, adoptando las recomendaciones de las convenciones laborales y de la infancia. Además, un mejor sistema de licencias (que tienda a la universalidad dentro de una política de cuidados) es importante para reducir la inequidad de género en el mercado laboral,  avanzando hacia un desarrollo humano justo y democrático.

El próximo año presentará importantes desafíos: conquistar la paridad en las Legislaturas y en todos los ámbitos de participación política; garantizar la implementación del Plan Nacional de Acción contra la Violencia incluyendo sus diversas formas y manifestaciones (como la violencia obstétrica, simbólica, mediática); garantizar el acceso al aborto legal y seguro en todo el país; establecer las bases para un sistema integral de cuidados que permita a las mujeres superar la doble y triple jornada de trabajo con la que hoy conviven, que tiene impactos tan determinantes en el ejercicio de sus derechos y libertades. Vivimos en un país marcado por enormes desigualdades, donde el lugar de residencia, la condición socioeconómica, el origen étnico o nacionalidad tienen un inaceptable impacto en el ejercicio de los derechos.

Que el 2017 nos encuentre nuevamente movilizadas, alertas, ocupadas, trabajando en una agenda feminista comprometida siempre con la igualdad y la libertad.

 

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