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La aparición del cuerpo sin vida de la argentina Micaela García, de 21 años, militante del movimiento Ni Una Menos, abrió el debate sobre la liberación anticipada de condenados por violación.

El cuerpo de la joven fue encontrado el sábado en estado de descomposición, luego de una semana de su desaparición, con signos de estrangulamiento y violación. El acusado, Sebastián Wagner, había sido condenado a nueve años de cárcel por dos violaciones, pero estaba en libertad condicional. El juez Carlos Rossi ignoró el informe negativo del Servicio Penitenciario que recomendaba no liberarlo.

Esto generó indignación y propició el debate sobre la libertad anticipada en casos de delitos graves. El presidente Mauricio Macri solicitó la renuncia del magistrado que liberó a Wagner y dijo que de lo contrario se iniciaría un juicio político en su contra.

Para Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género de Argentina, si bien el Derecho Penal en general no resuelve los conflictos ni es la solución para prevenir delitos, "sí es una herramienta importante para asegurar la responsabilidad de los autores de delitos. Es una herramienta imperfecta, pero está allí y hay que usarla".

En diálogo con Sputnik, Gherardi consideró que si bien los casos de violencia sexual que se denuncian y se persiguen y en los que se logra llegar a una sentencia son muy pocos, en esos pocos casos "es importante que el Estado de un mensaje contundente de cumplimiento de la ley. Si esto es un delito y tiene una consecuencia con una pena privativa de la libertad que se aplica con toda la garantía del debido proceso, esa pena tiene que cumplirse íntegramente", señaló.

De acuerdo con la legislación vigente, un juez tiene la potestad de otorgar una libertad condicional, pero no tiene la obligación de hacerlo. En el caso de Micaela, el resultado fue el peor de todos: "un condenado que lo pidió, un servicio penitenciario y especialistas que recomendaron en contra y el juez que eligió desoír esas opiniones para liberarlo de todas maneras".

Para Gherardi, más allá de la terrible consecuencia en este caso concreto, "esto manda un mensaje muy equivocado a la sociedad, como si la valoración de la conducta no tuviera ninguna consecuencia".

Si bien se pueden requerir cambios legales, para la experta es fundamental "profundizar la capacitación del Poder Judicial, monitorear su actuación y garantizar que la actuación buena o mala de los jueces y juezas tenga sus consecuencias, que los buenos jueces sean promovidos, evaluando su compromiso activo con la igualdad de género pero también tienen que tener consecuencias negativas, cuando toman malas decisiones e ignoran la perspectiva de género y resuelve en contra de los derechos de las mujeres".

La experta destacó además el problema de una justicia dotada de pocos recursos, con jueces que tienen responsabilidad sobre una enorme cantidad de detenidos, para lo cual se requieren mejoras estructurales.

"Mirando el horror de este caso, es fácil decir que el juez tiene la responsabilidad por haber tomado esta decisión y no creo que haya que escapar a esa atribución de responsabilidad, pero si queremos prevenir otras Micaelas y otras situaciones atroces como esta, hay que mirar el problema más estructuralmente", concluyó.

Enlace: https://mundo.sputniknews.com/sociedad/201704111068299619-asesinato-micaela-violadores-argentina/


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