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La decisión de la Corte Suprema de aplicar la derogada Ley del “2x1” a un condenado por delitos de lesa humanidad, generó un fuerte rechazo social. La justicia, como uno de los pilares fundamentales de la democracia, no debe consentir ni perpetuar situaciones de impunidad. Mientras la sociedad reclama justicia para los casos de violencia de género, no es posible sostener reductos de impunidad. Nunca.

(Buenos Aires, 12 de mayo de 2017).  La recuperación de las instituciones democráticas iniciada en 1983 fue la oportunidad para reafirmar las bases de nuestra sociedad sobre los principios fundamentales de la igualdad, la libertad y la justicia, plasmados en nuestra Constitución Nacional y en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. 

A partir de entonces, y sobre estos cimientos, se sucedieron importantes avances en los derechos de las mujeres y para la igualdad de género: la aprobación de normas que consagran la igualdad dentro de las parejas (eliminando, por ejemplo, la subordinación jurídica de la mujer dentro del matrimonio y confiriendo igualdad a sus hijos); la protección contra la violencia (intrafamiliar primero y más adelante todas sus manifestaciones); los derechos sexuales y reproductivos; la participación política; y más recientemente el matrimonio igualitario y la identidad de género. Todas estas normas fueron conquistas de la democracia para avanzar en el camino hacia una sociedad más inclusiva, ubicando muchas veces a nuestro país a la vanguardia en la protección de derechos humanos dentro de la comunidad internacional. Un camino no exento de complejidades, desafíos y retrocesos.

Durante muchos años se impartió justicia lentamente sobre estos pilares, retrasándose la respuesta a las demandas constantes de la sociedad exigiendo memoria, verdad y justicia.  Debieron pasar muchos más años para que estas demandas llegaran también a la especificidad de los crímenes de género cometidos durante la última dictadura militar. Fueron las denuncias de mujeres y el trabajo de sus organizaciones y referentes los que lograron poner nombre y exigieron castigo a los crímenes de violencia sexual, a la apropiación del cuerpo de las mujeres como una forma particular de tortura con la que buscaron someter a muchísimas mujeres y también a varones durante ese período. La violencia dirigida a las mujeres secuestradas fue parte de un plan sistemático que incluyó la violencia sexual, la violencia ejercida durante los embarazos, los partos en condiciones extremas, el puerperio, la separación y apropiación de los hijos e hijas. Todas formas de violencia dirigidas a las mujeres, que fueron parte del sistema represivo del terrorismo de Estado, durante años invisibilizado por la falta de una perspectiva de género en los operadores de justicia.

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de aplicar la derogada Ley 24.390 conocida como “2x1” favoreciendo a un condenado por delitos de lesa humanidad (delitos que incluyeron vejaciones que hoy podemos nombrar como crímenes de género) lesiona el principio básico de justicia.  Se trata de una decisión que transmite un mensaje de impunidad, que no solo degrada el proceso de memoria, verdad y justicia en el que trabajosamente avanzó nuestro país, sino que además emite un mensaje que lo trasciende.

Todas las violaciones a los derechos humanos han quedado afectadas con esta decisión. Preocupa particularmente el mensaje de impunidad para los perpetradores de delitos que consituyen violaciones a los derechos de las mujeres, que en números obcenos dan cuenta de las carencias de la justicia al momento de hacer efectiva su obligación de protección, investigación y sanción. 

Cuando la sociedad reclama transparencia y rendición de cuentas del Poder Judicial para responder a las demandas de justicia por los incontables casos de violencia contra las mujeres, el mensaje de justicia debe construirse de manera indubitable, contundente y uniforme, para todos los casos, desde todas las esferas del poder.

La masiva reacción de la sociedad frente a esta sentencia de la Corte Suprema reafirma la vocación de la ciudadanía por el valor de la justicia. Siempre. Que no se olvide.

 


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