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Una indemnización justa para trabajadoras de servicio doméstico
El Máximo Tribunal reconoció a una trabajadora de servicio doméstico su derecho a una retribución justa y a un salario mínimo

(Buenos Aires, 30 de septiembre de 2018).- El pasado 23 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en el marco de la causa “Ortiz, Graciela c/ Serpa de Torres, Nidia y/o Torres, Carlos y/o quien resulte responsable s/ despido".

El caso versaba sobre el despido de una trabajadora de servicio doméstico en la Provincia de Corrientes. En su sentencia, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia había establecido que, para el cálculo de las diferencias y de los rubros derivados del despido, se debía regir por lo acordado entre las partes tomando en cuenta “la costumbre imperante en cada ciudad o localidad”. Esto así dado que no existía una reglamentación local específica sobre el tema y que la provincia no había adherido a la reglamentación nacional.

Cabe resaltar que la relación laboral que vinculó a las partes del caso fue anterior a la aprobación de Ley nacional N° 26.844 sobre el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Por este motivo, la relación laboral resultó alcanzada por el Decreto-Ley 326/1956 (derogado por la Ley 26.844).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió dejar sin efecto la sentencia apelada en lo que respecta al cálculo de las diferencias y los rubros derivados del despido. Para así decidir, remitió al dictamen de la Procuradora Fiscal.

Así, sostuvo que el derogado Decreto-Ley 326/1956 regía “en todo el territorio de la Nación las relaciones de trabajo que los empleados de ambos sexos presten dentro de la vida doméstica" y ponía en cabeza del Poder Ejecutivo reglamentar “la fijación de los salarios mínimos de los empleados comprendidos en este decreto ley, la que se hará por zonas, de acuerdo a la importancia“. En este sentido, señaló que conforme a la derogada norma resultaba “imperativo el establecimiento de salarios mínimos para los trabajadores comprendidos en esta actividad, restando sólo determinar, en el plano local, si se acudía a la reglamentación plasmada por la autoridad nacional o se establecía una propia”.

Por otro lado, resaltó que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional “pone de manifiesto que el objeto y el sujeto principales sobre los que operó la reforma del año 1957 fueron el universo del trabajo y el trabajador (...) De tal modo, bajo la luz del principio protectorio (…) asentaron su plaza en la cima del orden jurídico positivo diversos derechos inviolables del trabajador y deberes inexcusables por parte del Congreso de asegurarlos (…) Entre ellos cabe señalar el derecho a la retribución justa y al salario mínimo”. Esta disposición resulta comprensiva del trabajo que se desarrolla tanto en la actividad pública como en la privada y, dentro de esta última, del que se realiza en casas particulares.

Nuestro Máximo Tribunal reiteró que “la justicia del salario se determina por dos factores: en primer lugar, la estimación económica, consistente, en definitiva, en un juicio de valoración del trabajo y de su resultado (…) En segundo lugar, es primordial en nuestro orden jurídico, la exigencia de que el salario proporcione el sustento de una vida digna del trabajador y de su familia (…) Esta garantía se encuentra estrechamente vinculada con la base remuneratoria que integra el derecho, también constitucional, a la protección contra el despido arbitrario”.

Por los motivos expuestos, se exige que “la autonomía de las partes para determinar ese estipendio se encuentre limitada por el orden público laboral, compuesto, entre otras normas, por las disposiciones que emanan de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales”.

Por otro lado, la Corte Suprema señaló que “no resulta admisible la invocación de cuestiones relativas a la organización federal ni a supuestos vacíos normativos, para frustrar el efectivo goce de derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales”.

Por último, concluyó que la trabajadora era “sujeto de ´preferente tutela constitucional´ (…), y que con arreglo al principio in dubio pro justitia socialis, la preceptiva debe ser interpretada a favor de quienes al serle aplicada con este sentido tienden a alcanzar el ´bienestar´, esto es, las condiciones de vida a través de las cuales es posible a la persona humana desarrollarse según su dignidad”.

 

A continuación dejamos en pdf ORTIZ GRACIELA C/ SERPA DE TORRES, NIDIA V/O TORRES CARLOS V/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/ DESPIDO:

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