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Ahora vienen por la ESI
Tras el rechazo del proyecto de ley que propone la despenalización y legalización del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, los grupos anti derechos buscan impedir la correcta aplicación de la ley de educación sexual integral.

(Buenos Aires, 28 de septiembre de 2018) – Este fue el año de la marea verde y la lucha por la legalización del aborto. La discusión no solo llegó al Congreso Nacional, sino también a los medios de comunicación, las escuelas, los lugares de trabajo y, especialmente, la calle. Las posturas a favor y en contra se hacían oír cada una remarcando su posición. Durante el debate, uno de los argumentos más defendidos por quienes estaban en contra era aquel que aseguraba que en realidad el foco tenía que ser puesto en la prevención y la educación, para evitar el aborto. Sin embargo esta forma de pensar les duró poco y tras el rechazo del Senado, el ataque fue derecho a la Educación Sexual Integral (ESI).

La ley 26.150 de creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral establece el “derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal”. Fue promulgada en octubre de 2006, pero hasta el día de hoy no se cumple de igual forma en todas las jurisdicciones.

En este contexto, se presentó a principios de septiembre una propuesta para modificar esta ley y adaptarla para su mejor aplicación. Entre los cambios se propuso declarar la ley como de orden público, eliminar la posibilidad de que los establecimientos educativos puedan adaptar los contenidos a su ideario institucional, actualizar el marco normativo vigente para incluir nuevas normativas tales como la ley de identidad de género, de derechos de personas con discapacidad, de trata de personas, entre otras, y asegurar la igualdad de trato y oportunidades para el acceso a la ESI. Este nuevo debate se vio tan polarizado como el de aborto.

En la nota publicada por Clarín el 4 de septiembre, titulada Fuerte debate en Diputados por la reforma de la ley de educación sexual integral se hizo foco en como “la grieta entre ‘verdes’ y ‘celeste’ volvió a quedar en evidencia”. En una nota del 6 de septiembre, titulada “No autorizo”, la campaña que busca frenar la nueva ley de Educación Sexual Integral, la periodista Mariana Iglesias escribió sobre las estrategias de los sectores opositores a la ESI: “La Red Federal de Familias lanzó la campaña "No autorizo". Y elaboraron una "carta modelo" para que los padres envíen a las autoridades de los colegios donde estudian sus hijos para prohibirles tener ESI”.

Pero los diarios no solamente transmiten noticias. La Nación publicó una editorial el día 11 de septiembre titulado Legislar para una educación sexual integral. Uno de los argumentos fundamentales de esta editorial recae en que la ley de ESI y muchos de los proyectos que buscan modificarla “no respetan el deber y el derecho de los padres de educar a sus hijos según las propias convicciones y el espíritu de los colegios que eligen”. Esta frase se alinea con la idea de “con mis hijos no te metas”, el concepto del hije como objeto de sus padres (y madres, aunque nunca las mencionan) y cuya educación solo puede ser aquella que sus progenitores decidan. “Una vez más, pareciera que ciertos grupos intentan imponer ideologías disfrazadas de progresismo, amparándose en una pseudodefensa de la diversidad y, al hacerlo, precisamente vulneran la diversidad de pensamientos”, se lee en la editorial.

Al mismo tiempo, el texto critica la formación de un organismo de aplicación de la ley, formado por la Dirección General de Cultura y Educación a quienes se sumarían “’centros de estudiantes, sindicatos docentes, representantes de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual y de género’, lo cual resulta irrazonable”, según el diario. El texto reitera que son “padres y maestros, considerados los más idóneos para decidir sobre la educación sexual de los chicos en edad escolar” y suma: “contando con el asesoramiento de médicos, psicólogos, psicopedagogos, guías espirituales de los cultos que correspondan o profesores de ética que contribuyan a las mejores decisiones en la materia, sin que por ello deba tildárselas de caer en actitudes discriminatorias, aun cuando no debieran limitarse a instituciones con claro sesgo en cuestiones de ideología de género y reproducción”.

La Nación propone una educación sexual solo como potestad de los padres (de nuevo, la nota ignora a las madres, tutores, abuelas, abuelos o cualquier otra persona a cargo del cuidado de les niñes o a quien elles recurran como fuente de información) y además cuestiona la inclusión de los centros de estudiantes dentro de un grupo que supervise la aplicación de la ley.

El 21 de septiembre, Página12 publicó una nota escrita por la escritora, investigadora y docente universitaria Gabriela Larralde (autora de Diversidad y género en la escuela. 150 libros y recursos TIC para abordar la Educación Sexual Integral, de Editorial Paidós),  titulada Permitir que la ESI sea monopolio de las familias es continuar encubriendo abusadores donde explica: “Les hijes no son una propiedad. Son sujetos de derecho y la Ley ESI enmarca que el Estado tiene la obligación de brindarles una educación sexual integral” y aclara: “la ESI incorpora la diversidad en un sentido amplio, sin dejar afuera a personas con discapacidades”. Esta nota también destaca la importancia de sacar la discusión sobre educación sexual solamente existente en el ámbito privado familiar y llevarlo a un espacio público. “Permitir que la educación sexual sea monopolio de las familias es continuar encubriendo a abusadores, es permitir que el abuso sexual se meta debajo de la alfombra del living de casa”, explica la nota.

En la nota de Página12 titulada La nueva cruzada, por Mariana Carbajal, explicó “Entre quienes estaban a favor y en contra de la despenalización y legalización del aborto, hubo acuerdo –al menos verbal–de la necesidad de que el Estado nacional y los gobiernos provinciales garanticen el cumplimiento de la ESI en todo el país, como política federal para prevenir los embarazos no intencionales en la adolescencia”. Pero estos grupos tampoco quieren la ESI, peligrando de esta forma la educación de toda una nueva generación. “Demonizan la perspectiva de género y la llaman ‘ideología de género’”, explica la nota.

La ESI ya es un derecho de niñas, niños y adolescentes. El carácter de no regresividad de los derechos humanos y el contexto actual en Argentina deberían ser motivo suficiente para que los grupos antiderechos no logren su cometido de avasallar derechos ya conquistados y reconocidos en la legislación vigente.

 

 

 

 


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