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La discusión sobre el aborto legal sigue en la agenda
En las últimas semanas el debate sobre el derecho al aborto cobró fuerza nuevamente en la agenda pública a partir de varios casos judicializados y la revisión crítica del proyecto de reforma del Código Penal.

(Buenos Aires, 24 de octubre de 2018) – A dos meses de que el Senado rechazara el proyecto de modificación de la regulación del aborto en Argentina, el debate continúa con la participación del Poder Judicial. En las últimas semanas el tema recobró fuerza en la agenda pública a partir de la intervención de la Justicia en varios casos ocurridos en distintas localidades del país. Además, el proyecto de reforma del Código Penal que presentará una comisión impulsada por el Poder Ejecutivo fue revisado críticamente por organizaciones y referentes de derechos humanos y de defensa de los derechos de las mujeres.

A continuación, un breve repaso de las noticias de las últimas semanas que muestran que el debate sobre el aborto y la necesidad de reforma legal sigue muy presente en la agenda.

Un Protocolo restrictivo en Ciudad de Buenos Aires

El Tribunal Superior de Justicia porteño rechazó una acción de amparo presentada por ELA junto a la ADC, CELS y REDI contra el protocolo de aborto no punible dictado por el entonces secretario de Salud porteño, Dr. Lemus, en 2012. El protocolo agregaba requisitos ilegales a los establecidos en el Código Penal para acceder al aborto legal. Ese Protocolo fue suspendido en su aplicación por una setencia de Primera Instancia. Sin embargo, a partir de allí, tanto la Cámara de Apelaciones como ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) se concentraron en argumentos formales y de procedimiento, antes que considerar el fondo del asunto que es el riesgo que la aplicación de ese protocolo implica para las vidas y la salud de niñas, adolescentes y mujeres.

En caso de quedar firme, la decisión del TSJ representaría un retroceso para las políticas públicas de salud de la ciudad, afectando a niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar. La decisión del TSJ será apelada por las organizaciones ante la Corte Suprema de Justicia.

 

Obstáculos para acceder al aborto legal en el Hospital Rivadavia

El sábado 6 de octubre, tomó estado público una intervención de referentes del movimiento antiderechos que se oponen a la implementación del aborto legal, violando los derechos de las personas con capacidad de gestar. Este grupo se apostó en la puerta del Hospital Rivadavia, intimidó a los equipos de salud y hasta inició acciones legales para impedir que una mujer pudiera acceder a un aborto previsto dentro de las causales establecidas en el Código Penal de la Nación (art. 86): peligro para la vida o salud de la mujer y en casos de embarazo producto de violación. Siguiendo una contundente opinión del Fiscal Daniel Pablovsky, la Jueza Patricia Guichandut señaló que en los casos de aborto legal no hay ninguna explicación ni información que ventilar publicamente, y que la intervención de la justicia es absolutamente innecesaria por tratarse de un derecho contemplado en normas nacionales. Finalmente, y a pesar de los graves obstáculos, la práctica se realizó.

Las organizaciones Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), la Fundación Huésped, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Poder Ciudadano, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) enviaron una carta dirigida al director del hospital para manifestar su profunda preocupación ante los obstáculos que se intentaron imponer para que se realizara la práctica.

 

Juicio a un médico que obstaculizó un aborto legal en Río Negro

En Cipolletti, Río Negro, el juez Julio Sueldo decidió elevar a juicio oral una causa contra el médico Leandro Javier Rodriguez Lastra por incumplimiento de deberes de funcionario público al haber obstaculizado el acceso de una mujer a un aborto legal.

Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentamos un escrito de amicus curiae en la causa apoyando su elevación a juicio y la posterior condena del profesional.

Las organizaciones firmantes celebramos la decisión del juez Sueldo de elevar a juicio oral la causa en el entendimiento de que la intervención de Rodríguez Lastra para impedir el ejercicio del derecho de la víctima y para revertir un proceso de aborto en curso constituyó un acto de tortura al forzar a la mujer a continuar con un embarazo que no deseaba y que tenía derecho a interrumpir.

 

Proponen al fiscal del caso Belén para el Ministerio de la Defensa en Tucumán

Las organizaciones Abogados y Abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Amnistía Internacional Argentina, Asociación Pensamiento Penal (APP), Asociación de Profesional en Lucha (APEL), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comité de América Latina y El Caribe por la Defensa de las Mujeres (CLADEM), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Innocence Project Argentina y el Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero enviaron una carta al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, a fin de manifestarle su rechazo a la designación del fiscal Washington Navarro Dávila como Ministro de la Defensa.

El candidato Navarro Dávila fue el fiscal a cargo de la investigación en el caso de Belén, quien pasara dos años presa por un aborto espontáneo. El fiscal primero acusó a Belén de aborto seguido de homicidio, que es una figura penal inexistente, y luego modificó la acusación por la de homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía, calificación que la legislación penal reprime con una pena de prisión perpetua.

En la nota las organizaciones firmantes señalaron que siguieron de cerca el juicio por Belén (en el que participaron en calidad de amicus curiae) y que la candidatura de Navarro Dávila les genera “honda preocupación, ya que ha demostrado un profundo desconocimiento del derecho, así como una falta de enfoque de derechos humanos y de perspectiva de género que evidencian que se trata de un candidato no adecuado para el cargo de Ministro de la Defensa”.

Consideraciones sobre el anteproyecto de Código Penal

A raíz del anteproyecto de Código Penal 2018, un conjunto de profesionales y organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta al ministro de Justicia Dr. Germán Garavano solicitando que suprima los artículos 95 y 96 del anteproyecto porque resultan regresivos para los derechos de las personas gestantes. Los artículos en cuestión regulan el delito de aborto y el de “lesiones a la persona por nacer” de modo incompatible con estándares nacionales e internacionales en la materia.

Quienes firmaron la nota afirmaron que el texto propuesto en el Anteproyecto de Código Penal 2018 “no varía sustancialmente las condiciones y lineamientos consignados en los arts. 85 y siguientes del actual Código Penal vigente desde 1921” aun cuando utilice expresiones diferentes. Más aún, la incorporación de un delito sobre lesiones al feto podría resultar sumamente regresivo en materia de reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

 

Más allá del resultado durante el debate legislativo, nos parece importante recordar que el aborto en Argentina es legal desde 1921 en casos de peligro para la vida o la salud de las mujeres y en casos de embarazos producto de violación. Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las mujeres tienen derecho a acceder a un aborto en estos casos y que el Estado tiene el deber de garantizar ese derecho.

Desde ELA, repudiamos todas las acciones tendientes a obstaculizar el ejercicio de este derecho a la vez que celebramos las decisiones que desde distintos espacios de poder refuerzan el marco normativo vigente en el país.

 

Foto: Los Andes


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