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16 días de activismos: La erradicación de la violencia desde los espacios laborales

En los últimos años, la sensibilidad social que creció al amparo del reclamo movilizado bajo el lema “Ni Una Menos”, aludiendo a la necesidad de detener la cantidad apabullante de femicidios, permitió comenzar a tratar el tema de la violencia contra las mujeres en su verdadera dimensión: como un problema social urgente que involucra a todas las personas y todos los sectores.



Por eso, es imprescindible comprometer a nuevos actores en el trabajo por la prevención y superación de la violencia contra las mujeres. Se trata de llamar a la participación de la comunidad en el sentido más amplio, para que todas las personas estén en mejores condiciones para responder a situaciones de violencia con la escucha adecuada, la información precisa sobre cómo actuar y el conocimiento de las instituciones a las que se puede recurrir.

Las empresas y espacios laborales deben aprovechar el potencial de su lugar en la comunidad para contribuir en el trabajo hacia la erradicación de la violencia de género, desarrollando acciones de sensibilización, capacitación y medidas concretas para la mejor protección tanto de las mujeres que se desempeñan entre su ámbito laboral, como de las mujeres y varones que integran la comunidad sobre la cual pueden influir.

La violencia contra las mujeres es una problemática social compleja que atraviesa clases sociales y los distintos niveles socioeducativos, aunque solo se haga visible en determinados contextos. Existen diversas alertas que se van dando a lo largo de las relaciones violentas que, cuando pueden ser escuchadas y encausadas adecuadamente, es posible que contribuyan a prevenir situaciones más graves.

La publicación La violencia no es negocio es una guía para prevenir y erradicar la violencia doméstica desde los lugares de empleo, constituye una herramienta para empresas y empleadores. La misma fue realizada en el marco del proyecto Cerrando Brechas para erradicar la violencia contra las mujeres, que ELA inició en 2015 junto con Mujeres en Igualdad (MEI), la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF), Fundación Siglo 21 y los municipios de Fontana (Chaco) y San Pedro de Jujuy (Jujuy) gracias al apoyo financiero de la Unión Europea.


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