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16 Días de activismo: Acceso a la justicia

El acceso a la justicia supone la posibilidad de reclamar la vigencia efectiva de un derecho a través de los mecanismos institucionales existentes, administrativos y/o judiciales. Para que las personas que han visto vulnerado o amenazado el ejercicio de un derecho puedan acceder a la justicia deben darse ciertas condiciones como, por ejemplo, la persona debe saber que tiene un derecho, debe percibir que existe un problema jurídico, debe conocer cuáles son los mecanismos disponibles para reclamar y debe poder sostener el proceso.

En los casos de violencias machistas, muchas veces las mujeres encuentran otros obstáculos para acceder a la justicia. En investigaciones lideradas por ELA, se han podido identificar obstáculos materiales y subjetivos en el acceso a la justicia por parte de mujeres víctimas de violencia. Como obstáculos materiales pueden mencionarse las barreras geográficas (distancia, transporte, movilidad), barreras institucionales (horarios de atención) y limitaciones económicas (costos asociados al proceso como traslado, pérdida de tiempo laboral, cuidado de hijos/as, transporte, abogado/a). Como obstáculos subjetivos pueden mencionarse las barreras culturales (la formalidad del proceso, el lenguaje utilizado), la dependencia emocional con el agresor, las dificultades para procesar el “fracaso” de la pareja y el temor (a la venganza, a perder a lxs hijxs).

Este año, ELA junto a otras organizaciones lideradas por ACIJ, se sumó al Acuerdo por el Acceso a la Justicia. Una agenda de reformas para la efectividad de los derechos. El acuerdo es una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, académicas y referentes de grupos desaventajados, que tiene por objetivo promover una agenda integral de reformas para garantizar un acceso igualitario a la justicia y hacer efectivos los derechos de la población, especialmente de aquellos grupos y/o colectivos en situación de vulnerabilidad o sobre los que debe existir un fuerte interés estatal en su protección, en virtud de las particulares características de los sectores afectados.

Este documento busca ser un aporte concreto para que estos debates puedan traducirse en propuestas concretas e integrales de política pública, que puedan ser implementadas por las/os decisores/as de los diversos poderes del Estado -tanto a nivel nacional como subnacional-, y desencadenar procesos de reformas que tiendan a revertir los principales déficit en el acceso a la justicia en materia civil en nuestro país

Puede descargar el Acuerdo en el siguiente link: 

 


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