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De las denuncias públicas a las respuestas de Estado

Natalia Gherardi es abogada y directora ejecutiva de ELA Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.


Foto de Maxi Failla

Desde afuera de los grupos de mujeres y amigas, lejos de las organizaciones feministas y de los oídos atentos al malestar cotidiano que generan las actitudes de desprecio silencioso o las agresiones explícitas hacia las mujeres, puede ser fácil pensar que algo cambió en forma repentina. Como si de golpe se hubiera echado luz sobre una marea de violencia machista.

Pero no hubo tal movimiento repentino. Este es el resultado de años de construcción colectiva de lazos de confianza, redes de acompañamiento y espacios seguros donde la voz de las oprimidas no se pone en duda como primera medida, sino que la reacción inicial es la contención y asistencia para decidir cuál es el camino que se desea tomar.

El camino muchas veces puede ser la denuncia de las situaciones de violencia que genera una pareja; puede ser el pedido de intervención de autoridades en el ámbito educativo o laboral; puede ser la búsqueda de ayuda en instituciones de salud, la justicia o las fuerzas de seguridad. La experiencia de innumerables niñas, adolescentes y mujeres nos indica que esas intervenciones muchas vecesno han sabido o no han podido estar a la altura de la demanda que ese camino implica.

La denuncia y la búsqueda de una respuesta institucional nunca es un punto de llegada para quien la plantea. Por el contrario, es un punto de partida de un camino complejo y solitario, que se enfrenta al escrutinio de la experiencia relatada por quien atraviesa la violencia, antes que el cuestionamiento de la conducta que se denuncia.

A pesar de los esfuerzos que desde hace varios años impulsan algunas instituciones y el mismo Poder Judicial, no puede sorprendernos que la estigmatización de las mujeres, adolescentes y personas de identidad de género diversa siga siendo generalizada, en particular si no conforman la idea preconcebida de cómo debe ser una “buena víctima”. El proyecto de ley conocido como “Ley Micaela”, concebido en el dolor por el femicidio de una joven, busca profundizar esas políticas promoviendo espacios de sensibilización y capacitación obligatoria para todas las personas que se desempeñan en el Estado, como un paso imprescindible en el camino de brindar mejores respuestas.

Lo que hoy sorprende a la opinión pública no debe ser la dimensión que tienen las experiencias de violencias presentes en los recorridos de nuestras vidas. Lo que debe alarmarnos es esta necesidad de hacer público un reclamo que no ha encontrado todavía cauce en respuestas institucionales, en políticas de Estado.

La decisión de hablar públicamente o no hacerlo es, como todas estas decisiones, personal e íntima y siempre respetable. La obligación del Estado y de las instituciones es garantizar la aplicación de políticas que brinden respuestas institucionales con enfoque de género y derechos humanos. Como sociedad, el desafío es acompañar este cambio de época que estamos transitando multiplicando los oídos atentos capaces de percibir las formas de opresión que impactan de modos muy distintos en las personas en sus diversas circunstancias, y atrevernos a ser parte y protagonistas de una transformación cultural que nos interpela colectiva e individualmente.

Clarín. Opinión. 17/12/2018

 


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