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ONG enviaron carta al intendente de Rafaela para que no obstaculice los abortos legales
ELA, CEDES y REDAAS enviaron una carta al Intendente de Rafaela donde señalan que promulgar una Ordenanza como la que se ha aprobado en el Concejo Municipal, que busca obstaculizar los abortos legales, sería avanzar en el avasallamiento de los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes.

(Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018) - Las organizaciones de la sociedad civil ELA, CEDES y REDAAS, enviaron una carta al intendente de la ciudad santafesina de Rafaela, Luis Alberto Castellano, donde señalan que promulgar una Ordenanza como la que se ha aprobado en el Concejo Municipal, que busca obstaculizar los abortos legales, sería avanzar en el avasallamiento de los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes.

A continuaciñon reproducimos la carta firmada por Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA y Mariana Romero, directora ejecutiva de CEDES, ambas integrantes del Grupo Coordinador de REDAAS. 

 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018

 

Sr.

Luis Alberto Castellano

Intendente de Rafaela

Provincia de Santa Fe

 

 

Enviado por Correo Electrónico: intendencia@rafaela.gov.ar / lcastellano@rafaela.gob.ar

 

 

Estimado Intendente Castellano,

 

Le escribimos como organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de los derechos humanos de las mujeres así como la promoción y acceso a sus derechos sexuales y reproductivos en relación con la Ordenanza recientemente aprobada por el Concejo de la Municipalidad de Rafaela con el objetivo declarado de garantizar la protección integral de los “derechos de las mujeres embarazadas en estado de vulnerabilidad y a los niños por nacer que se encuentren en jurisdicción del Municipio” (artículo 1).

 

La obligación del Estado Municipal es garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y establecer las condiciones para el goce de todos los derechos. Esto no solo incluye el derecho de las mujeres embarazadas a tener acceso a la seguridad social, como bien señala el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional (Corresponde al Congreso ... " Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental, y la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia") sino también garantizar el acceso a la salud integral, a las prestaciones para su salud sexual y reproductiva y el acceso a la interrupción del embarazo cuando se dan las circunstancias actualmente previstas por el ordenamiento vigente. Esto es, las mujeres, adolescentes, niñas y personas gestantes tienen derecho a la interrupción de un embarazo  en caso de peligro para su vida; en caso de peligro para su salud; y en los casos en los que el embarazo sea producto de violencia sexual. Esos son los términos del artículo 86 del Código Penal, tal como fuera correctamente interpretado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “FAL s/ Medida Autosatisfactiva”, de 13 de marzo de 2012.[1] 

 

La Ordenanza aprobada por el Concejo Municipal sostiene que no modifica la regulación nacional aplicable para los casos de aborto legal (es decir, el artículo 86 del Código Penal) como de todos modos no podría hacer. Pero la Ordenanza ignora por completo las obligaciones de implementación de las políticas activas de salud para procurar a las mujeres el derecho a una atención integral de la salud, respetuosa de su dignidad y libertad, que incluya el derecho a decidir interrumpir un embarazo cuando se dan las causales previstas en la ley nacional y los protocolos de atención sanitarios vigentes.

 

Los tratados internacionales de derechos humanos y leyes nacionales (como la Ley de Protección Integral contra todas las formas de violencia, No. 26.485) que cita la Ordenanza no son un mandato para proteger "la vida desde la concepción". Muy por el contrario, son un mandato para que el Estado (nacional, provincial y municipal) garantice la libertad y dignidad de las mujeres, protegiendo su autonomía y facilitando su derecho a decidir -eventualmente- la interrupción de un embarazo cuando es producto de violación, cuando pone el riesgo su vida o pone en riesgo su salud. En todos los casos, cualquiera fuera su decisión, tiene derecho a acceder a todas las políticas públicas que apoyen la determinación tomada.

 

Para que Rafaela como estado municipal asegure políticas equilibradas y no discriminatorias para todas las personas que allí residen, debiera poder demostrar que ha adoptado los mismos esfuerzos y dedicado los mismos recursos para proteger todos los planes de vida en relación con los derechos sexuales y reproductivos, y que ha implementado políticas activas y adecuadamente financiadas para prevenir y atender las consecuencias de la violencia sexual. De lo contrario, estaría ilegítimamente interfiriendo en la zona reservada por la Constitución Nacional a la esfera de libertad personal.

 

Desde la declaración de Rafaela como "ciudad Pro Vida" y a partir de los casos de público conocimiento en los que se ha negado la atención a mujeres con derecho a la interrupción legal del embarazo[2], ha quedado claro que Rafaela no trata a las mujeres con derecho a una interrupción legal del embarazo con igualdad y dignidad. No protege sus derechos, no garantiza el acceso a la práctica médica requerida, no brinda una atención integral de su salud.

 

Por eso, consideramos que promulgar una Ordenanza como la que se ha aprobado en el Concejo Municipal sería avanzar en el avasallamiento de los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes que verán aún más limitados su derecho a decidir libre y responsablemente la posibilidad de interrumpir un embarazo en las condiciones que establece la legislación nacional, que debe aplicarse también en la ciudad de Rafaela.  Esa situación de discriminación es inconstitucional y consideramos que es su obligación como Intendente, evitarla.

 

Saludamos a Usted atentamente,

 

Natalia Gherardi                                                                                            Mariana Romero

Directora Ejecutiva de ELA                                                                         Directora Ejecutiva de CEDES

Grupo Coordinador REDAAS                                                                     Grupo Coordinador REDAAS

 

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