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En Rafaela pretenden negar el derecho al aborto legal
El Consejo Municipal de la localidad santafesina aprobó un proyecto de ordenanza que, bajo la excusa de “proteger a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y al niño por nacer”, busca impedir el acceso a los abortos legales.

(Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018) – Anoche en la ciudad de Rafaela, ubicada en la provincia de Santa Fe, el Consejo Municipal aprobó un “Proyecto de ordenanza de protección integral de la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y del niño por nacer” presentado por el grupo de oposición autodenominado Rafaelinos por la vida.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil feministas y que trabajan en defensa de los derechos humanos, difundimos un comunicado donde repudiamos el proyecto de ordenanza y enviamos cartas dirigidas a quienes integran el Concejo Municipal de Rafaela para hacerles llegar nuestra opinión.

"El proyecto desconoce nuestro ordenamiento jurídico de manera flagrante. Desde 1921, el aborto está parcialmente despenalizado en Argentina en casos de peligro para la vida o la salud de la mujer y en casos de embarazo producto de violación. En el fallo “F., A. L.”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que las mujeres tienen derecho a interrumpir un embarazo en estos casos y que el Estado (a nivel Nacional, Provincial y Municipal) tiene la obligación de garantizarlo. Así, afirmó no solo que garantizar el acceso al aborto en los casos previstos en el Código Penal es respetuoso de nuestro ordenamiento jurídico sino que, por el contrario, el Estado (y sus funcionarios/as) incurren en responsabilidad si no se garantizan los mecanismos para hacerlo", dice el comunicado que lleva las firmas del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Mujeres X Mujeres, Amnistía Internacional Argentina, la Fundación para el desarrollo de políticas sustentables (FUNDEPS) y el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR)

Consultada sobre la utilidad de la ordenanza para una nota en el diario Clarín, Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, explicó: "La intención es generar confusión e incertidumbre en la población y los equipos médicos. Como no conocen la pirámide jurídica, unos pueden creer que no tienen derecho a garantizar un aborto y otras que no tienen derecho a reclamar. Así la gente empieza a dudar. Pero nadie puede negarse a hacer un aborto legal porque lo que rige es el Código Penal para todo el país".

En su comunicado, las ONG afirmaron: “Todo el proceso de discusión legislativa sobre la modificación de la regulación del aborto de este año expuso el marco legal vigente cuya aplicación defenderemos de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales. Sobre eso no habrá retrocesos”.

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