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Organizaciones exigen se respeten los derechos sexuales y reproductivos en la Provincia de Buenos Aires
ELA junto a Amnistía Internacional Argentina, el CELS, Católicas por el Derecho a Decidir y Mujeres x Mujeres enviamos una carta dirigida a María Eugenia Vidal, gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y Andrés Scarsi, ministro de Salud provincial, manifestando nuestra preocupación por la reciente publicación del Director de Salud de Magdalena, que promovía la contratación de “personal médico pro-vida” (anti-derechos) que se opone al acceso al aborto legal.

(Buenos Aires, 7 de enero de 2018) – La semana pasada tomó estado público una convocatoria realizada por el Director de Salud del distrito de Magdalena, en la Provincia de Buenos Aires, para la contratación de médicos/as que se identifiquen como “pro vida” (antiderechos), que se oponen al aborto legal.

Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y Mujeres x Mujeres enviamos una carta dirigida a María Eugenia Vidal, gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y Andrés Scarsi, ministro de Salud provincial, manifestando nuestra preocupación por la mencionada publicación. Las organizaciones de mujeres y derechos humanos firmantes instamos “a que se adopten las medidas necesarias para que evitar que se incurra en violaciones a los derechos de las pacientes, que impida a las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar a acceder a sus derechos sexuales y reproductivos en la Provincia”.

 

A continuación reproducimos la carta firmada por las organizaciones:

 

Buenos Aires, 7 de enero de 2019

Sra. María Eugenia Vidal
Gobernadora Provincia de Buenos Aires
S / D C.C.

Dr. Andrés Scarsi
Ministro de Salud Provincia de Buenos Aires
S / D

De nuestra mayor consideración,

Las organizaciones de mujeres y derechos humanos firmantes nos dirigimos respetuosamente a Ud., a fin de manifestarle nuestra preocupación por la reciente publicación del Director de Salud del Distrito de Magdalena, Provincia de Buenos Aires, promoviendo la contratación de “personal médico provida” (anti-derechos) que se opone al acceso al aborto legal.

Como no escapa a su conocimiento, tomó estado público una convocatoria realizada por el Director de Salud, Julio César Romero, a través de su cuenta personal de la red social Facebook, para la contratación de médicos/as que se identifiquen como médico “pro vida”, entendiendo con ello que se opongan, entre otras cosas, a garantizar el acceso al aborto previsto dentro de las causales establecidas en el Código Penal de la Nación (art. 86): peligro para la vida o salud y en caso de violación.

Preocupa especialmente que un funcionario público, cuya función debe ser la de garantizar el acceso sin discriminación de todas las personas a sus derechos sexuales y reproductivos promueva la contratación de profesionales de la salud objetores de conciencia que pudieran oponerse a la práctica del aborto legal.

Si bien el instituto de la objeción de conciencia –conforme el cual se permite excepcionalmente a algunos prestadores de salud a excusarse de cumplir con una obligación legal por razones morales o religiosas, está reconocido en Argentina–, en tanto se trata una figura jurídica de carácter excepcional, debe garantizarse que la misma no se convierta en un mecanismo obstructivo para el acceso al derecho a la ILE.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación así lo entendió en el caso “F.A.L s/ medida autosatisfactiva”, de marzo de 2012: la objeción de conciencia utilizada de manera abusiva y arbitraria constituye una barrera ilegítima para el acceso a las prestaciones legales de aborto. Y estableció que las/los profesionales de la salud podrán ser responsables penal, civil y/o administrativamente por el incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de su profesión cuando realicen maniobras dilatorias durante el proceso, suministren información falsa o cuando prevalezca en ellos una negativa injustificada a practicar el aborto.

Consecuentemente los establecimientos de salud deben contar con profesionales que garanticen el acceso al aborto legal y en caso de no existir alguien encuadrado en esa categoría, debe garantizarse de todos modos la interrupción legal del embarazo; es decir que no puede invocar su objeción para eludir el deber de participar de un procedimiento de ILE.[1]

Por lo demás, tal como surge del art. 14 del Decreto N°4790/1972 que reglamenta el Nuevo régimen para la Carrera Profesional Hospitalaria (Ley N°10.471): “Son deberes y atribuciones del Director: a) Dirigir el establecimiento de acuerdo con -las normas del presente Reglamento y las complementarias que se dicten en el futuro. b) Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Reglamentos y Disposiciones vigentes. (…) h) Formular y ser responsable de la ejecución -de los distintos programas que realiza el Hospital para su área programática.” Sin embargo, la conducta del Director, lejos está de enmarcarse en sus deberes profesionales.

En este contexto, aprovechamos la oportunidad para reforzar la responsabilidad que tiene la Provincia y el Ministerio de Salud de garantizar que las mujeres y personas con capacidad de gestar que soliciten o requieran que se les realice una ILE se les garantice una atención ágil e inmediata. Las instituciones en las cuales se practique deberán prestar toda la colaboración necesaria para que el proceso de atención integral sea llevado a cabo. [2]

En virtud de lo expuesto, instamos a que se adopten las medidas necesarias para que evitar que se incurra en violaciones a los derechos de las pacientes, que impida a las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar a acceder a sus derechos sexuales y reproductivos en la Provincia. Sin otro particular, lo saludamos cordialmente,

 

Mariela Belski
Directora Ejecutiva
Amnistía Internacional Argentina

Gastón Chiller
Director Ejecutivo
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Natalia Gherardi
Directora Ejecutiva
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)

Silvia Juliá
Directora Ejecutiva
Católicas por el Derecho a Decidir (CDD)

Soledad Deza
Presidenta
Mujeres por Mujeres

 

[1] Ministerio de Salud de la Nación, Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la

interrupción legal del embarazo, 2016, p. 20.

[2] Ibidem.


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