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Aprueban la licencia por violencia de género para empleadas públicas nacionales
El Poder Ejecutivo Nacional aprobó por resolución una licencia por violencia de género para todo el ámbito de la Administración Pública Nacional, así como también un protocolo de actuación e implementación.

(Buenos Aires, 22 de enero de 2019) - El Poder Ejecutivo Nacional implementó por resolución una licencia por violencia de género para todo el ámbito de la Administración Pública Nacional. Se trata de la resolución 24/2019[1], emitida por la Secretaría de Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros hace unos días atrás, acompañada de un Anexo que incluye un Protocolo de Actuación e Implementación de la Licencia por Violencia de Género. El protocolo recoge antecedentes previos remitidos y propuestos por la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato (CIOT) para modificar el Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional. Con esta medida, las trabajadoras de la Administración Pública Nacional se suman a las de las provincias de Chubut, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, que ya contaban con este tipo de licencias.

La licencia prevé que “el agente que lo requiera” podrá disponer de hasta 15 días corridos de licencia con haberes, prorrogable por igual período por una única vez en caso de persistir la situación de violencia que le dio lugar. Para hacerla efectiva, quien solicita la licencia deberá presentar una “constancia de denuncia policial y/o judicial y cualquier otra documentación respaldatoria que estime corresponder”. La licencia también prevé la posibilidad de modificar la sede y el horario de prestación de servicio por parte de quien solicita la licencia con el fin de resguardar su integridad física y la de su familia. Por último, el protocolo establece que al solicitarse la licencia, el área de Recursos Humanos dispondrá medidas de acompañamiento, seguimiento y abordaje integral de la persona a través de los organismos competentes.

Desde ELA, saludamos que el Poder Ejecutivo haya implementado esta licencia por violencia de género, reconociendo que el Estado como empleador debe contar con herramientas para identificar y acompañar a las mujeres en situación de violencia, incluyendo el impacto que ésta tiene sobre el ámbito laboral. Las organizaciones empleadoras pueden contribuir a la erradicación de la violencia de género y su impacto en el empleo, en particular a través de una adecuada intervención y acompañamiento a aquellas mujeres que se encuentren en una situación de violencia doméstica o laboral.

Sin embargo, existen algunos aspectos a revisar. En relación con el plazo, sería recomendable que la licencia implementada no establezca una cantidad fija y de días corridos, sino que se prevea un esquema flexible. La ruta crítica que transitan las mujeres en su acceso a la justicia suele ser un proceso largo en el que intervienen múltiples instituciones. Adicionalmente, para algunas el lugar de trabajo puede ser un espacio que les brinda seguridad, por lo cual prefieren no ausentarse. En este sentido, sería más adecuado que la norma estableciera la posiibilidad de acceder a días según las necesidades concretas del caso. Además, no es aconsejable que la solicitante deba obligatoriamente presentar una denuncia policial o judicial, dado que no siempre es la voluntad de la mujer realizar una denuncia y en determindas ocasiones la realización de la denuncia puede resultar contraproducente. Alternativamente, la norma podría requerir una constancia de un centro de referencia especializado en la atención de casos de violencia de género o centros de salud adecuados. Por otro lado, el Estado (u otras organizaciones empleadoras) podría disponer de otras medidas u acciones para acompañar a sus trabajadoras transitando situaciones de violencia de género, por ejemplo a través de la reducción de la jornada laboral, un régimen especial de inasistencias o permisos horarios para realizar trámites y gestiones que se requieran, entre otras opciones.

Por último, cabe mencionar que el lenguaje empleado en la medida da cuenta de la ausencia de perspectiva de género a la hora de redactar las normas. Remitirse en el protocolo a “el agente” en referencia a quiénes serían las personas beneficiadas no solo invisibiliza que se trata de una violencia específica que afecta a mujeres, lesbianas, travestis y trans, sino que también constituye una oportunidad perdida de avanzar hacia el uso de un lenguaje inclusivo que reconozca simbólicamente a las trabajadoras y sus derechos, y a la eliminación del enfoque androcéntrico en las normas del empleo.

La Guía para la prevención e intervención de situaciones de violencia contra las mujeres en las organizaciones publicada en noviembre del 2018 por el Instituto Nacional de las Mujeres prevé estas y otras recomendaciones relevantes. Sería deseable que la licencia que implemente el Poder Ejecutivo, así como las que se encuentran en debate actualmente -tanto en el Poder Legislativo y otras instancias -se alineen a las recomendaciones incluidas en esa guía de manera de acompañar de la mejor manera posible a aquellas mujeres que se enfrentan a situaciones de violencia. Finalmente, es fundamental que las licencias por violencia de género no sean concebidas como la única solución por parte de las instituciones empleadoras, sino que sean una herramienta más dentro de un abordaje integral de igualdad de género y la prevención de las violencias.

Foto: Tiempo Sur

 

Enlaces:

RESOL-2019-24-APN-SECEP#JGM en pdf:

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