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Consideraciones acerca del proyecto de reforma del Código Penal desde una perspectiva feminista
El Poder Ejecutivo envió al Congreso este lunes un proyecto de reforma del Código Penal que genera muchas preocupaciones, en especial por la deficiente redacción en relación con el derecho al aborto que ignora la marea verde que arrasó desde el Cono Sur, todo el continente.

(Buenos Aires, 29 de marzo de 2019)- El texto del proyecto de reforma del Código Penal enviado esta semana por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional marca un retroceso en materia de derechos por varios motivos. El proyecto ignora las demandas de los movimientos feministas y de derechos humanos relacionadas con problemáticas de violencia de género y de derechos (no) reproductivos de mujeres y otras personas gestantes, proponiendo una reforma regresiva y punitivista.

Un primer aspecto problemático es que el proyecto confunde la necesidad de legislar con perspectiva de género, con la incorporación de una mirada punitivista que aumenta las penas para determinados delitos y crea nuevas figuras penales que en muchos casos obturan la posibilidad de abrir un debate profundo sobre la protección de los derechos de las mujeres. A su vez, desconociendo la amplitud y profundidad de los debates en torno a los derechos sexuales y (no) reproductivos de las mujeres, el proyecto propone modificaciones que implican un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres.

En relación con el aumento de las penas, el proyecto exige que se parta del tercio superior de la escala penal prevista para un delito cuando el hecho haya sido cometido por motivos discriminatorios o con violencia de género. Las escalas penales previstas en el Código vigente ya suelen ser altas para los delitos en que medie violencia de género. El problema en su aplicación, en general, es por la deficiente conducción de los procesos investigativos, los prejuicios y estereotipos con que se analizan las pruebas y se aplica el derecho, antes que por la definición de las penas. Frente a una problemática de carácter estructural como es la violencia machista ¿realmente buscamos una respuesta exclusivamente punitivista del derecho penal? ¿O reclamamos la aplicación efectiva de un abordaje integral desde otros ámbitos que ponga el foco en las medidas de protección, el seguimiento de los procesos judiciales, la transformación de las condiciones que permiten sostener la impunidad, la reparación de las víctimas? Estas son preguntas relevantes, en particular, considerando el estado de emergencia en el que se encuentran los complejos penitenciarios de nuestro país. Quienes deben cumplir una pena en estos lugares son personas que cumplirán su condena y luego deberán continuar su vida en sociedad, sin que su tránsito por estos complejos haya siquiera intentado abordarlos para evitar la comisión de nuevos hechos de violencia.

En la misma línea de recrudecer la respuesta penal, el proyecto incorpora un nuevo instituto para los delitos graves y aquellos que hayan sido cometidos con violencia de género. El denominado “Seguimiento socio judicial” permite que, con posterioridad al cumplimiento de la pena impuesta, se impongan determinadas medidas de vigilancia y asistencia que la persona liberada deberá respetar durante un plazo máximo de 10 años. La implementación de esas medidas en relación con las personas condenadas por delitos vinculados con la violencia de género es incierta y genera preocupaciones en torno al control judicial de la conducta de las personas, que generalmente se aplica de maneras sesgadas respecto de algunos agresores, y no de otros. Además, esto no resuelve qué sucederá con la persona condenada durante el cumplimiento de la pena, el cual se mantiene sin ninguna respuesta especializada.

En cuanto a la incorporación de nuevas figuras penales, el texto incluye algunos temas que se encuentran en la agenda pública de las mujeres, como la violencia obstétrica, la porno venganza, el acoso laboral/mobbing, entre otros. Sin embargo, nuevamente, no parece que haya existido una evaluación profunda acerca de si el derecho penal es la vía adecuada para intervenir en estas problemáticas. Por ejemplo, las conductas que constituyen violencia obstétrica (que no es definida en el proyecto de Código Penal por lo que corresponde aplicar la definición de la Ley 26.485 y sus normas reglamentarias), demandan mucho más un proceso pedagógico y acompañamiento para la transformación de las barreras actitudinales e institucionales que atentan contra la correcta atención de las mujeres y otras personas gestantes en situación de embarazo, parto, puerperio o luego de haber tenido un aborto, antes que una política criminal de persecución a partir de la definición de un delito de violencia obstétrica.

Algo similar sucede con la regulación de la violencia y el acoso laboral, cuya incorporación en el Código Penal no da respuesta a la necesidad de crear marcos regulatorios que aseguren la igualdad en los espacios de trabajo y promover políticas públicas que resuelvan la discriminación y el acoso. Este es un problema de gran magnitud que, de acuerdo con los datos disponibles, afecta en una mayor proporción a las mujeres, pero que requiere promover políticas para la transformación de culturas organizacionales fundadas en la subvaloración de las mujeres y las diversidades, antes que recurrir exclusivamente a la herramienta del derecho penal.

Paradójicamente, mientras el proyecto crea nuevos tipos penales de dudosa necesidad, de otro lado recorta figuras delictivas orientadas a la protección de la integridad de las mujeres. Este es el caso del delito de femicidio, donde el texto propuesto no mejora la redacción vigente del Código. En la actualidad, el femicidio se regula a partir del agravante del delito del homicidio (artículo 80 del Código) por lo cual se aplicará la pena de prisión perpetua al que matare “a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género” (inciso 11). Las indagaciones sobre las investigaciones y condenas por femicidio realizadas en los últimos años dejan al descubierto su escasa aplicación, que se reemplaza por la utilización del inciso 1 que establece la pena de prisión perpetua para el que matare “a su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia”. El texto de la reforma, sin embargo, restringe los casos del inciso 1 (limitando el agravante a cónyuges, convivientes o a quienes lo hubieran sido) y tampoco avanza en la clarificación del inciso 11, como para mejorar su aplicación.

Por último, pero no por ello menos importante, la regulación propuesta para el aborto representa un gran retroceso en relación con las prácticas vigentes, al tiempo que no recepta las modificaciones del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el año pasado. En este sentido, este proyecto desaprovecha la oportunidad de introducir la despenalización de las mujeres para los casos de aborto, una postura que manifestaron compartir la gran mayoría de las y los legisladores que intervinieron en el debate parlamentario, aun cuando eran contrarios al proyecto que impulsaba la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Pese a ello, por un lado, se mejora la redacción del artículo 86 en la medida en que se reconoce explícitamente el derecho de todas las víctimas de abuso sexual a la interrupción legal del embarazo, aspecto que antes se encontraba discutido por la redacción del actual Código, que establece como causal de no punibilidad la “violación o atentado al pudor de mujer idiota o demente”. El fallo “F.,A.L.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había interpretado esta causal en términos amplios, incluyendo a todas las mujeres víctimas de violación de modo que la única novedad del proyecto en este punto es receptar el estándar que ya había sido establecido por la Corte Suprema.

Pero por otro lado el texto propuesto limita las causales en las cuales se reconoce el derecho al aborto al restringir el concepto de "salud" al aspecto físico y mental, en tanto la redacción actual del Código hace referencia al concepto de “salud” y, por lo tanto, permite una interpretación más amplia conforme con la Organización Mundial de la Salud (OMS) que la define como el estado completo de bienestar físico, mental y social. El cambio resulta regresivo en tanto la limitación al concepto de salud puede generar mayores obstáculos a la hora de acceder a la interrupción legal del embarazo por esta causal, tal como hoy está prevista.

En relación con la cuantía de la pena prevista para el delito de aborto cometido por la persona gestante, se establece una escala penal de 1 a 3 años, reduciéndose por lo tanto el máximo en un año. Ello puede significar mayores posibilidades de que la pena de prisión no sea de cumplimiento efectivo, aunque dependerá del criterio judicial. Además, en el proyecto se incorpora la posibilidad de que el juez decida suspender o dejar la pena sin efecto para la mujer, aunque también quedará supeditado al criterio judicial. El mismo criterio judicial que en innumerables situaciones ha mostrado ejercer su función de manera discriminatoria, prejuiciosa, basada en estereotipos de género acerca de cómo debe ser una “buena mujer” y una “buena madre”, de modo tal que esta propuesta de reforma no nos permite alentar esperanzas en cuanto a su aplicación.

Asimismo, se incorporan las figuras del aborto culposo y las lesiones a la persona por nacer, en su modalidad dolosa y culposa. Si bien la aplicación de estos delitos no se restringe a profesionales de la salud, tiene un impacto directo en ellos/as: la amenaza de sanción penal en caso de que el tratamiento de una persona gestante pueda eventualmente generar lesiones al feto o provocar un aborto no deseado, puede atentar contra su adecuada atención médica. Ello pese a la existencia de otras figuras penales que se les aplicarán ante la comisión de hechos dañosos por mala praxis, que ya se encuentran contempladas en nuestra legislación. Por otra parte, a pesar de que el proyecto establece que las mujeres no serán pasibles de recibir sanciones por estos hechos, la obligación que recae sobre los profesionales de la salud permite avizorar que sobre los cuerpos de las mujeres podrían recaer medidas restrictivas de su libertad en pos de los que se considere en resguardo del feto.

El proyecto profundiza un camino regresivo en materia de derechos, creando más figuras penales vinculadas directamente con el aborto que perjudican a las personas gestantes y a quienes buscan garantizarles la atención médica necesaria para interrumpir sus embarazos.

Nuestra preocupación ante la presentación de este proyecto no solo se funda en los artículos vinculados con la regulación del aborto, sino porque de una manera más amplia importa una regresión en materia de derechos que esquiva el abordaje integral de múltiples problemáticas sociales con una perspectiva exclusivamente punitivista.


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