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Un fallo que niega la autonomía reproductiva de las mujeres con discapacidad
La justicia de Corrientes autorizó la realización de una cesárea con ligadura de trompas de Falopio a una niña con una discapacidad intelectual sin su consentimiento.

(30 de abril de 2019).- El pasado 26 de marzo el Juzgado Civil, Comercial de Menores y Familia competente en lo Contencioso Administrativo Provincial de Corrientes a cargo de la jueza María Dionicia Zovak, decidió en la causa de la niña “A.M.R.” autorizando la realización de una ligadura de trompas de Falopio pese a no contar con el consentimiento de la misma.

A.M.R. es una niña de 13 años con discapacidad intelectual que llevaba adelante un embarazo no deseado producto de un abuso sexual. En este contexto, su madre solicitó al Hospital donde fue atendida que se interrumpa legalmente la gestación. La primera irregularidad que se presentó en el caso fue la obstaculización del pedido efectuada por el Hospital, sometiendo a la niña y a su madre a solicitar autorización judicial para llevar adelante la práctica. Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había advertido en el caso “F., A. L.” que las/os médicas/os deben abstenerse de judicializar estos casos ya que suponen barreras en el acceso a una práctica que constituye un derecho de las mujeres.

La autorización para llevar adelante la interrupción legal del embarazo fue solicitada a la justicia penal donde tramitaba la denuncia por el abuso sexual del cuál la niña había sido víctima. En respuesta a esta solicitud, tanto el fiscal como la jueza intervinientes en la causa sostuvieron lo dictaminado por la Corte en el caso “F., A. L.”. Sin embargo, no se abstuvieron de intervenir y concedieron la aprobación para la práctica. 

A pesar de no contar con la declaración de la niña, ya que la Psicóloga Forense determinó que “no poseía las condiciones mínimas para efectuar la declaración en Cámara Gesell”, la Junta Interdisciplinaria Forense sugirió “el arbitrio de medidas preventivas para la anticoncepción de A.M.R. y de situaciones de abuso”, debido al contexto de vulnerabilidad en que se encontraba inmersa. Por lo tanto, desde el Cuerpo Médico Forense se recomendó la práctica de una cesárea con ligadura de trompas de Falopio. En este marco, intervino la jueza María Dionicia Zovak, quien resolvió la realización de una esterilización quirúrgica a la niña A.M.R.

Para así decidir, tuvo en cuenta las manifestaciones efectuadas por la madre de la niña, quien accedió a que se realizara la esterilización luego de que la jueza la pusiera en conocimiento de la recomendación del Cuerpo Médico Forense. Asimismo, fundamentó su decisión “valorando las condiciones personales, familiares, económicas, sociales  y de salud de la adolescente A. M., y desde esta perspectiva, el retraso madurativo severo, potencia a las limitaciones que a la adolescente le provoca su enfermedad mental, relacionado a ejercer una maternidad responsable y satisfactoria para ella y para los hijos por venir”.

Consecuentemente, y citando normas como la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Juzgado decidió autorizar la esterilización quirúrgica.

Sin embargo, tanto de las mismas normas como de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se desprende el derecho a ser oída que tenía A.M.R. y el derecho a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones con las demás niñas. Si bien es cierto que, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación, una niña de 13 años no podría prestar un consentimiento válido para una práctica de salud como la ligadura de trompas de Falopio, no se encuentra probada en la causa la urgencia u emergencia de decidir sobre su futuro reproductivo de manera irreversible a esta edad. A.M.R. no solamente fue desoída sino también se la esterilizó de manera forzada sin siquiera hacerla partícipe de la decisión involucrando a profesionales capacitados/as para asistirla y violentando los estándares nacionales e internacionales en materia de consentimiento para estas prácticas.

En Argentina ni siquiera la Ley 26.130 que reconoce el derecho a acceder a la realización de las prácticas denominadas "ligadura de trompas de Falopio" y "ligadura de conductos deferentes o vasectomía" contempla la situación de las personas menores de edad dado lo reconoce como un derecho para personas mayores de edad.

Este caso muestra los estereotipos que existen contra la maternidad de mujeres con discapacidad dado que en ningún caso de similares características se procedería de la misma manera si la niña no tuviera una discapacidad. La justicia tomó una decisión sobre la vida de la niña que la afectará también en su adultez, alegando la protección de su interés superior, vulnerando sus derechos sexuales y reproductivos y negando su autonomía reproductiva.

 

El fallo completo se puede descargar a continuación:

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