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Estrategias insólitas para defender abusadores
La justicia dictó la prisión preventiva de nueve acusados en un caso de abuso sexual en manada a una adolescente de 17 años. Ante esta resolución, la estrategia defensiva de algunos imputados fue recusar al Juez por “feminista”.

(Buenos Aires, 24 de mayo de 2019). - El pasado 8 de mayo el Juzgado de Garantías N° 6 de Florencio Varela, a cargo de Diego Agüero, resolvió ordenar la prisión preventiva de nueve imputados en una causa por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas y por haber sido gravemente ultrajante para la víctima, una adolescente de 17 años.

Para así decidir, el Juez Agüero, citando a la filósofa feminista Diana Maffía, partió de reconocer la necesidad de analizar el caso atendiendo a los “roles diferenciales de género y las desigualdades frente a las Políticas Judiciales Ginopes, que son (…) ciegas al género”. De esta manera, inicia su análisis poniendo de manifiesto que la joven había sido víctima de violencia contra las mujeres, en los términos de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ya que los abusos fueron conductas llevadas a cabo por “varios hombres, que las desarrollaron basándose en una desigualdad de poder basada en el género, provocando sufrimientos físicos, sexuales y psicológicos en la mujer, menor de edad”.

El fallo destacó que pese a que la existencia de violencia de género en el caso no modificaba la responsabilidad penal prevista, ya que los agravantes se encuentran enumerados en el artículo 119 del Código Penal, reconocer esa circunstancia implicaba visibilizar la necesidad de utilizar una perspectiva sensible a los derechos de las mujeres en su decisión para una correcta administración de justicia. En este sentido, refirió que el caso también se debía resolver teniendo en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de Belém do Pará. Especialmente, resaltó que esta última obliga al Estado a efectuar una investigación eficaz en casos de violencia contra las mujeres.

Posteriormente, el Juez se refirió a la “credibilidad” del relato de la víctima considerando que no encontraba indicios para suponer que no dijera la verdad, ya que su declaración se condecía con las pruebas y con las manifestaciones de testigos a quienes la joven había contado lo sucedido. En este punto, resaltó que “la comparecencia ante la justicia para exponer un ataque a la libertad sexual, supone por parte de la víctima una situación traumática que, en principio, puede ser vencida a partir del impulso que se haga justicia”, por lo que aclaró que, en principio, “para todas las decisiones que debo tomar, tengo presente la máxima “que las personas dicen la verdad” y no encuentro indicios para suponer que [la víctima] miente”. En el caso, la adolescente relató los hechos en reiteradas ocasiones en los mismos términos, publicó su testimonio en redes sociales, dio entrevistas y encabezó marchas pidiendo justicia. Por ello, el Juez entendió que no había pruebas “para pensar que la mujer menor de edad víctima, tenga un motivo tan grave que ocultar, para enfrentar todo lo antes expuesto”.

Asimismo, la resolución destacó la visibilización que este tipo de casos ha obtenido en los últimos tiempos como consecuencia del auge de los movimientos feministas, así como las críticas que se han realizado desde estos hacia la justicia que históricamente ha utilizado una lógica machista en el abordaje de denuncias de violencia sexual. De esta manera, citó diversas expresiones artísticas y periodísticas para referirse al tema, mencionando el libro “Estoy acá. Mujeres sobrevivientes” de Zuleika Esnal, la canción “Ni una menos” del grupo argentino de reggaetón lésbico y feminista “Chocolate remix” y la nota periodística “Un fallo contra la justicia machista” de Sofía Caravelos. Además, se refirió al caso de Thelma Fardín debido al que se viralizaron las frases “Yo te creo” y “Mirá cómo nos ponemos”.

Finalmente, el Juez Agüero decidió dictar la prisión preventiva para los acusados sosteniendo que existía peligro de entorpecimiento de la investigación, ya que la víctima se encontraba en un estado de vulnerabilidad extrema. De esta manera, la libertad de los imputados podría permitir que intenten influir en ella para que modifique su relato, lo que pondría en riesgo el proceso penal. Al mismo tiempo, consideró que se encontraba pendiente de producción la prueba de ADN, así como el hecho de que la pena en expectativa era elevada y sería de cumplimiento efectivo. Sumado a estas circunstancias, el Juez interpretó que los imputados no tenían motivos de arraigo al lugar de su residencia. Es decir, que no tenían razones para permanecer allí, a disposición de la justicia que los investiga, por lo cual entendió que ante la posible sanción penal que obtendrían al finalizar el proceso podrían intentar evadir a la justicia mediante un intento de fuga.

Este tipo de sentencias responden a los estándares internacionales en la materia, que exigen que la actuación del Estado en la investigación y sanción de casos de violencia contra las mujeres sea acorde al deber de debida diligencia reforzado derivado de la Convención de Belém do Pará. Se trata de decisiones judiciales basadas en argumentos constitucionales, convencionales y respetuosos de los derechos humanos de las mujeres, que reconocen las prácticas violentas contra ellas y que intentan receptar los reclamos impulsados desde los movimientos feministas acerca de la actuación de la justicia en los casos que denuncian las mujeres.

Pese a ello, aún quedan operadores jurídicos que persisten en utilizar argumentos machistas que desconocen la normativa aplicable en estos casos. Ante esta resolución, el Juez fue recusado por la defensa de algunos imputados que consideró que la utilización de una perspectiva sensible a los derechos de las mujeres en su sentencia era un atentado al deber de imparcialidad. De esta manera, solicitó que se lo aparte de la causa cesando su intervención. En su presentación, la defensa refirió que el análisis efectuado incorporando la normativa con relación a la violencia contra las mujeres convertía al Juez en “feminista” y, por lo tanto, en un Juez “parcial” que favorecía la postura de la víctima. En este sentido, también reprochó la utilización de citas de artistas y autoras feministas en la sentencia atacada. Finalmente, este pedido fue rechazado por la Cámara interviniente, quien resolvió que el Juzgado de Garantías N° 6 debía continuar entendiendo en la causa.

Resta decir que, pese al robusto marco normativo vigente en la materia, aún queda un largo camino por recorrer en el reconocimiento y visibilización de las violencias contra las mujeres. Este tipo de acciones, que califican la aplicación de normas referidas a violencia contra las mujeres y la utilización de citas de artistas y autoras feministas como un acto de parcialidad manifiesto, resultan actitudes propias de aquellos que pretenden seguir utilizando lógicas patriarcales para justificar la aplicación sesgada del derecho. Al mismo tiempo, suponen el desconocimiento de la desigualdad estructural que enfrentan las mujeres en nuestras sociedades.

Por ello, los argumentos machistas invocados para cuestionar la incorporación de una perspectiva de género en las sentencias judiciales no encuentran sustento jurídico alguno sino que importan una resistencia patriarcal que aún promueve el desconocimiento de los derechos de las mujeres, pese a estar expresamente reconocidos en la normativa vigente en nuestro país. De esta manera, se cuestiona la existencia de una problemática tan arraigada en nuestra sociedad como es la violencia de género, desconociendo sus causas y consecuencias, las que fundamentan la misma existencia de las normas que se atacan.


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