Políticas para las familias en el trabajo del futuro: por qué la sociedad civil es un actor clave
La directora ejecutiva de ELA, Natalia Gherardi, participó de una reunión organizada en la sede de UNICEF en Nueva York para debatir sobre la construcción de políticas para las familias en el trabajo del futuro.

(Buenos Aires, 25 de julio de 2019) - UNICEF organizó una reunión de alto nivel con diversos actores el día 19 de julio en la que participaron líderes de todo el mundo de áreas de gobierno, empresas, las Naciones Unidas, la academia y la sociedad civil. El objetivo de la reunión fue pensar en las formas que debería rediseñarse el lugar de trabajo del futuro con políticas para las familias. A lo largo de diversos paneles, se compartieron ejemplos de buenas prácticas, se escuchó la última evidencia sobre los desafíos del cuidado desde un enfoque de derechos, y se conocieron los estudios desarrollados en distintas empresas para mostrar cómo las políticas de cuidado para las familias responden también a los intereses de empleadores.

Como organización de la sociedad civil comprometida con la promoción de políticas de cuidado desde los lugares de empleo, en el marco del debate más amplio por la implementación de un sistema integral de cuidados que involucre a todos los actores fundamentales, Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, fue invitada a participar del panel inicial llamado “Rediseñando el lugar de trabajo”.

“La sociedad civil se encuentra en un lugar estratégico para trabajar junto a los diferentes actores del diamante de cuidado: el Estado, el mercado, la comunidad y las familias. Con acciones diversas la sociedad civil puede contribuir a promover cambios positivos”, sostuvo Gherardi en su presentación.

La intervención de la Directora de ELA recorrió las diversas estrategias y acciones que se pueden desarrollar desde las organizaciones no gubernamentales en relación con una agenda por el derecho al cuidado. En primer lugar, considerando que el Estado no solo brinda servicios (de educación, salud, servicios sociales, transporte) sino que además es regulador de acciones públicas y privadas, a través de la legislación, desde la sociedad civil se puede trabajar para hacer visibles las implicancias de tales políticas y regulaciones (o su ausencia, o sus limitaciones) en términos del derecho al cuidado y desde una perspectiva de género. La experiencia de ELA en Argentina ha mostrado cómo se puede actuar para incidir en cambios normativos, en el monitoreo de la implementación y ejecución de las políticas públicas, y abogando por mayores asignaciones presupuestarias y una mejor ejecución del presupuesto nacional.


Foto: Unicef

Por su parte, las organizaciones empresariales y empleadores en general se limitan a cumplir las normas vigentes. Sin embargo, la experiencia enseña que en muchas ocasiones se establecen políticas de cuidado y de conciliación de las responsabilidades laborales y familiares más allá de lo que ordena la regulación. Desde la sociedad civil podemos contribuir a generar espacios para compartir esas buenas prácticas y generar intercambios que favorezcan la implementación de políticas similares en la cadena de valor de las empresas a través de diversos incentivos.

La comunidad es un actor de suma relevancia, en particular para cubrir las demandas insatisfechas de cuidado en contextos de vulnerabilidad. Un actor al que no se le da suficiente voz en este debate es el sector sindical Algunos sindicatos están impulsando la temática en sus agendas, aunque el cuidado no está instalado aún como una demanda generalizada en el sector gremial. Los sindicatos pueden entonces tener un rol más activo, especialmente en los sectores más masculinizados. Para ello probablemente sea necesario garantizar la presencia de más mujeres en espacios de decisión dentro de las organizaciones sindicales.

Entre los roles más relevantes que puede desempeñar la sociedad civil en esta agenda es trabajar en conjunto con otros actores para impulsar el cambio cultural imprescindible para que el cuidado sea comprendido como una responsabilidad social compartida. Creemos en el poder de la reforma legal, pero un cambio en la normativa o en la implementación de ciertas políticas no será suficiente para lograr los objetivos buscados. A través de campañas en el espacio público y otras intervenciones culturales, ELA ha impulsado acciones para generar conciencia sobre el cuidado como responsabilidad social donde diversos actores tenemos roles importantes que cumplir.


Foto: Unicef

Ofrecer una variedad de políticas que puedan responder a las necesidades de las diversas familias debe ser una prioridad y presenta una serie de desafíos.

En primer lugar, es fundamental reconocer la diversidad de conformaciones familiares en nuestra sociedad pero también sus distintas circunstancias de vida: familias de un solo ingreso; familias integradas por parejas del mismo sexo; adoptivas; monoparentales… En muchas ocasiones las regulaciones siguen modeladas sobre la idea abstracta de una “familia” que ya no existe. Además, la combinación de políticas disponibles debe atender a las distintas circunstancias de vida: ¿Dónde viven? ¿Cuántas personas de la familia tienen empleo? ¿Cuáles son las instituciones educativas disponibles? ¿Cómo se articulan todas estas necesidades con el sistema de transporte? ¿En qué medida se han tomado en consideración otras circunstancias como la discapacidad de alguna de las personas que reciben o brindan cuidado en las familias?

En segundo lugar, los gobiernos tienden a concentrar sus esfuerzos en la reforma legal para establecer períodos más extendidos de licencias de maternidad, de paternidad o (menos habitualmente) parentales. Aun cuando este es un aspecto relevante, no es el único que merece atención urgente. El tiempo para cuidar (es decir, las licencias) deben ir más allá del momento del nacimiento o adopción, considerando las responsabilidades de cuidado que se extienden mucho más allá de la primera infancia. Los recursos financieros para el cuidado también son fundamentales, no solo en la forma de transferencias de ingresos sino también considerando el impacto que tienen los impuestos y las asignaciones familiares. Contar con servicios de cuidado de calidad y universalmente disponibles, son cruciales para las diversas conformaciones familiares (no solo para la primera infancia, sino también para otras personas dentro de las familias). Finalmente, es importante que todas estas políticas sean pensadas en términos de sistema, y no como políticas sectoriales; y que las medidas atiendan no sólo a quienes reciben, sino también a las personas que brindan cuidados, a través de instancias de formación y profesionalización.

Como representante de una organización de la sociedad civil de América Latina, la participación de Natalia Gherardi concluyó llamando la atención sobre la necesidad de que las políticas públicas no sean dependientes de la condición de empleo de las madres y padres en las familias. En una región donde el 50% de la economía se desarrolla en la informalidad, donde trabajadores y trabajadoras no cuentan con protección social ni derechos laborales, es obligación del Estado garantizar la implementación de políticas públicas universales, accesibles y de calidad en la provisión de servicios, tiempo y recursos financieros para el cuidado.

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