El protocolo que no fue
En menos de 24 horas se aprobó y derogó una actualización al protocolo de acceso a ILE. Como consecuencia dos funcionarios públicos, Adolfo Rubinstein y Silvia Oizerovich, presentaron sus renuncias.

(Buenos Aires – 25 de noviembre de 2019) - En solo una semana se aprobó una actualización del protocolo de acceso a ILE, se derogó (en medio de múltiples rumores), y renunció el Secretario de Salud de la Nación a 17 días del cambio de gobierno. Entre mucha confusión e información cruzada, Argentina quedó sin esta actualización que buscaba adecuar el protocolo a la nueva evidencia científica.

Con fecha de 20 de noviembre, la Secretaría de Salud aprobó mediante la resolución secretarial 3158/2019 una nueva actualización del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. La medida se anunció en el Boletín Oficial de ese día y se recibió con festejos por parte del movimiento a favor de la legalización del aborto. Esta actualización era solamente una más en la historia del protocolo desde su creación en 2007 (antes Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles): la primera fue en el 2010, la siguiente en 2015 y ahora en 2019. El único condimento nuevo fue que esta actualización contaba con una resolución de la Secretaría de Salud, que depende del Ministerio de Desarrollo Social.

La Resolución adecuaba el protocolo a la nueva evidencia científica y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) e incorporaba aspectos relativos al consentimiento informado de niñas, adolescentes y personas con discapacidad de acuerdo a la reforma del Código Civil y Comercial aprobada en 2015. Esta actualización no buscaba generar nuevos derechos, sino aclarar y dar pautas de actuación claras y sencillas para los equipos de salud.

Sin embargo, la alegría duró poco ya que esa misma tarde comenzaron a circular los rumores de que Mauricio Macri derogaría esta medida, lo que se confirmó el 21 de noviembre, mediante el Decreto 785/2019. En el decreto se argumentaba que la Secretaría de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social había actuado “sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos”, refirieendose a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Consejo Federal de Niñez, Adolescente y Familia, a la Agencia Nacional de Discapacidad, y al Instituto Nacional de las Mujeres.

Organizaciones feministas respaldaron la actualización del protocolo y repudiaron su derogación. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, junto con la Red de Profesionales comunicó: “El gobierno nacional, burlándose del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans, en una actitud bochornosa decide retroceder su decisión. Pero lo decimos claro, no permitiremos retrocesos”. ELA, Redaas y CEDES también emitieron un comunicado en el cual aseguraron que “desconocer la relevancia de las necesarias actualizaciones de los protocolos sanitarios por parte del órgano rector de las políticas sanitarias parece un sinsentido” y concluyó: “El daño que esta falta de coherencia en la política sanitaria puede generar en la salud y el bienestar de niñas, adolescentes y mujeres, no parece ser dimensionada por los actores políticos que la han promovido”.

A estos repudios se sumaron comunicados por parte de Jefes/a de Servicios de Salud Sexual y Reproductivos de diferentes provincias del país, trabajadorxs del Programa Nacional de Salud Sexual Integral en la Adolescencia, entre otros. También un grupo conformado por diputadas/os nacionales, liderados por la UCR, elaboró un comunicado expresando su repudio.

Finalmente el 22 de noviembre, Adolfo Rubinstein, Secretario de Salud, presentó su renuncia. “La derogación del protocolo en el día de la fecha me obliga a renunciar indeclinablemente, ya que durante toda mi gestión tuve como una de mis máximas prioridades tanto la protección como la ampliación de los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes, las personas con capacidad de gestar y la comunidad LGBTTIQ+”, explicó en su carta. El ahora ex Secretario argumentó que “dado que se trata de un protocolo de actuación médica de competencia de la autoridad sanitaria, no correspondía dar intervención a otros organismos gubernamentales”.

Más tarde lo siguió Silvia Oizerovich, directora de Salud Sexual y Reproductiva: “Con tristeza y sosteniendo el profundo compromiso con la salud pública, presento hoy (domingo 24 de noviembre) mi renuncia, a ser efectiva el lunes 25 de noviembre del corriente año” y continuó: “Era absolutamente claro para todos la necesidad de los profesionales de la salud de un protocolo actualizado para garantizar la atención de las personas en situación de tener que interrumpir un embarazo, de acuerdo con nuestro Código Penal, y Civil y Comercial, y también con los Tratados Internacionales que nuestra Constitución ha incorporado”.

La resolución secretarial se trataba de una actualización necesaria para adecuar el protocolo a la evidencia clínica más reciente y a los estándares de consentimiento de niñas y adolescentes, y personas según lo que estableció el Código Civil y Comercial en el 2015. Con el decreto, lo que se derogó fue la actualización propuesta, pero el protocolo del 2015 sigue vigente en todo el país. Aunque es lamentable esta derogación, no quita derechos ni exime al sistema de salud de sus responsabilidades.

 

Foto: Santiago Saferstein - Infobae

 

 

 

 


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